Conocí al juez Garzón en 1997, cuando, con mi esposa Mara La Madrid, le elevamos una denuncia por el asesinato de mi hijo Marcelo Ariel y la desaparición de mi nuera María Claudia, padres de una niña o un niño nacido en cautiverio del cual supe la existencia por la Secretaría de Estado de El Vaticano. Era el único juez ante quien podíamos hacerlo: no había otro en el mundo dispuesto a escuchar el relato de los crímenes cometidos por la dictadura militar argentina. No había otro juez en el mundo que atendiera las heridas de las víctimas de Pinochet y no hubo otro que decidiera procesarlo.brLo volvimos a ver en el 2000, esta vez para querellar a los represores de la dictadura uruguaya que asesinaron a mi nuera, le robaron la hija –era una niña, mi nieta, a la que encontré 23 años después de nacida– y desaparecieron los restos de María Claudia. Nos recibió con la misma deferencia y con un rostro que el sufrimiento ajeno le había escrito. Salimos de su despacho con alguna esperanza de justicia, la que esperaban y aún esperan centenares de miles de castigados por la espada en nuestro continente.brNo voy a fingir una inocencia que no tengo. En la Argentina habemos jueces que violan el derecho de gentes, el derecho humanitario internacional, los derechos de los agredidos, la moral y la ética más corrientes, movidos tal vez por viejas complicidades. El juez Garzón no pertenece a esa tribu y que lo juzguen por hacer justicia no se entiende. No lo entendemos en América latina. Tampoco en otras partes del mundo.brbr*EscritorbrPagina12
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