| Imputó a Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman |
| El fiscal que reemplaza a Nisman impulsó la denuncia contra la Presidente y ordenó varias medidas | | |
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El fiscal Gerardo Pollicita imputó a la presidente Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman por el supuesto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA. Al contrario de lo que sostenía el Gobierno, el representante del Ministerio Público cree que hay elementos para que se abra un expediente como consecuencia de la denuncia del fiscal Alberto Nisman.
En el escrito, el fiscal reclamó una batería de medidas que no incluyen pedidos de indagatoria para los acusados, que sí había pedido Nisman. Según se supo, ordenó el secreto de sumario y la desgrabación de las 5.000 horas de escucha que hizo el titular de la UFI-AMIA en su investigación. Será el juzgado el que determine quién realizará esa tarea.
Pollicita tampoco pidió la detención de Cristina Kirchner, como había evaluado Nisman en el borrador que fue encontrado en su departamento tras su muerte, el 19 de enero pasado. Pero tanto la jefa de Estado como sus funcionarios quedan imputados desde el momento en que sus nombres figuran en la investigación que el fiscal acaba de abrir para averiguar si existió delito en el accionar del Poder Ejecutivo tal cual denunció Nisman el 14 de enero pasado.
Mediante el requerimiento presentado ante el Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas y subrogado en estos días por Sebastián Ramos, el fiscal Pollicita también imputó al diputado nacional por el Frente para la Victoria Andrés "Cuervo" Larroque al piquetero Luis D´Elía al líder de Quebracho Fernando Esteche al ex juez Héctor Yrimia y a Allan Bogado, y a Jorge Khalil, supuesto nexo con los iraníes.
Yrimia y Bogado –según la denuncia de Nisman- eran espías que intervinieron en la maniobra por la cual se intentó desvincular a los iraníes acusados de perpetrar el atentado contra la AMIA.
Nisman había acusado que desde el Ejecutivo se instrumentó y promovió la aprobación del memorándum con Irán como herramienta para desvincular a los iraníes y también se especuló con fabricar falsos acusados.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, calificó esta mañana como "una clara maniobra de desestabilización antidemocrática" que el fiscal Pollicita, quien continuará las investigaciones de su fallecido colega, imputara a la Presidente por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA.
En su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, el funcionario anticipó, no obstante, que "no tiene ningún valor jurídico ser imputado. Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia".
El artículo 72 del Código Procesal Penal define como imputado a "cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso".
El Gobierno presentó pruebas contra la denuncia de Nisman ante el juzgado de Rafecas
El escrito de 68 páginas de la Procuración del Tesoro Nacional asegura que “documentos de carácter técnico” producidos por el Gobierno "desbaratan las afirmaciones" de la denuncia del fallecido fiscal del caso AMIA, cuyas acusaciones no presentan pruebas que demuestren conductas "susceptibles de ser encuadradas en ilícitos penales tipificados" en el Código Penal, por parte de la presidenta Cristina Kirchner o funcionarios del Poder Ejecutivo.
“No existe prueba alguna, ni siquiera de carácter indiciario" que demuestren un delito, puntualiza el escrito que la Procuración del Tesoro de la Nación presentó esta mañana ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas, quien que tiene a su cargo la investigación de la denuncia formulada por el fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación de la causa AMIA.
El escrito sostiene también que “ninguna actuación de las autoridades del Gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol”, en el marco de la investigación del atentado a la mutual judía.
“El objetivo que persiguió el gobierno argentino a través de dicho acuerdo fue el de favorecer el progreso de la causa Amia, cuyo trámite se vio gravemente obstruido por la imposibilidad de someter a declaración indagatoria a varios ciudadanos iraníes imputados en el proceso, debido a la inexistencia de acuerdos bilaterales previos que obligaran a Irán a extraditar a esas personas”, consigna el escrito.
“Ni del texto del Memorándum de Entendimiento ni de lo actuado por las autoridades del Gobierno argentino en forma previa, concomitante o posterior al acuerdo, se infiere la existencia de acuerdo alguno destinado a alcanzar un objetivo distinto al anteriormente señalado”, asevera el documento difundido por la Procuración, que hoy presentará formalmente en sede judicial.
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