| Por Luis Laferriere* y Gustavo Lambruschini** |
| Medios de comunicación, kirchnerismo y macrismo | | |
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I
Los derechos de la comunicación son la parte esencial del conjunto de los derechos humanos, pues son los que permiten denunciar la violación de todos los otros derechos y denunciar las injusticias y opresiones que sufren y padecen los oprimidos. Así pues, la libertad de expresión de todas las opiniones, la pluralidad de todas las voces, la mirada crítica sobre todos los poderosos, el derecho a estar informados adecuadamente, la independencia de los periodistas y de los medios respecto del poder económico y político, la apertura de los medios estatales a todos los movimientos y luchadores sociales, el acceso a la información pública constantemente retaceada y tergiversada, entre otros, constituyen una necesidad para fortalecer la democracia y la república y para que los más oprimidos y humillados puedan defenderse.
Desde mediados de los años ’70 la sociedad argentina vive un serio retroceso en materia de libertades comunicacionales. La censura sistemática del gobierno del General Perón y de su mujer, y la rígida represión a esas libertades y al ejercicio de esos derechos que significó la política de la última dictadura, tuvieron una continuidad ininterrumpida durante la vigencia del gobierno kirchnerista. Éste siguió una estrategia de apoderarse de la mayor cantidad posible de medios usar un sistema de premios y castigos (chequera y látigo) para difundir su "relato" entre falso y fantasioso usar la comunicación (oficial y privada) para ocultar sus políticas de entrega, depredación, corrupción y represión negando la posibilidad de ese conjunto esencial de derechos humanos que constituye la comunicación para la libertad y para la emancipación social y política.
En continuidad con la política ya experimentada en Santa Cruz, esas graves violaciones al ejercicio de esos derechos se llevó a cabo de manera sistemática tanto a nivel nacional como en nuestra provincia, donde la abrumadora mayoría de medios (impresos, radiales, televisivos y digitales) se puso al servicio incondicional del partido gobernante, en especial de las cúpulas dirigentes, lo que condujo a un estado de desinformación y ocultamiento de la realidad, en perjuicio principalmente de muchas organizaciones y sectores de la sociedad que reclamaban de manera legítima ante las injusticias y los males que los afectaban.
La política de comunicación del kirchnerismo, la represión de la libertad expresión y de las otras libertades antes citadas, son inescindibles de la represión de la actividad política (leyes proscriptivas en las elecciones), de la represión de la actividad sindical (negación del reconocimiento de asociaciones de trabajadores), de la represión de los movimientos sociales (pueblos originarios, ecologistas, de mujeres abortistas, etc.), de la represión de la protesta social (Ley Antiterrorista y de "regulación de la protesta").
La sanción de una ley de medios por parte del kirchnerismo buscó condicionar la comunicación y utilizarla en función de su proyecto oficialista faccioso. Para lograrla se pasaron por encima normativas formales, se hizo uso de las mayorías automáticas, y se pretendió a través de numerosas audiencias aparentar una participación que no se reflejó en el texto final de la ley aprobada. Su articulado deja mucho que desear, en especial por el hecho de que los dos organismos claves (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y Directorio de los medios estatales) estaban comandados por el partido gobernante, y las medidas que pretendían evitar el control monopólico u oligopólico de los medios eran más permisivas que la ley de la dictadura militar. Aun así, el propio gobierno kirchnerista que impuso la ley no la cumplió a lo largo de los años que tuvo vigencia, lo que fue en perjuicio de los medios comunitarios, alternativos y populares que siguen reclamando por el efectivo cumplimiento de la misma, además de otras demandas por sus derechos legítimos que no fueron contemplados.
II
El cambio de gobierno sucedido en el mes de diciembre pone otros actores a cargo del Estado nacional, que van a significar el continuismo esencial de las políticas de comunicación que afectan gravemente los derechos y libertades que no fueron reconocidos ni defendidos por los gobiernos anteriores. Pretenden modificar por decreto la legislación vigente, pero no para mejorar sino para agravar la falta de vigencia de libertad y democracia en las comunicaciones, dejando más libertad a los grandes grupos y sin ofrecer ninguna perspectiva que modifique el rumbo cuestionable de los gobiernos anteriores. Creemos que así como debemos repudiar cualquier intento de censura oficial y de control de los medios por parte del poder económico o político a su servicio, en especial cuando se intenta hacerlo vía decretos, no podemos ignorar todo el atropello que se realizó durante el gobierno kirchnerista y la violación del conjunto de los derechos de la comunicación.
Coincidimos y compartimos la reciente declaración de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), que en algunos de sus párrafos expresa: “La RNMA es por definición independiente del Estado, de sus instituciones y de los poderes políticos y económicos. Por eso nuestra posición trasciende la defensa de un funcionario u organismo estatal, para anclarse en la exigencia de que se aplique la Ley y se cumplan los reclamos que desde los medios comunitarios, alternativos y populares venimos planteando desde su debate mismo.”
“El gobierno saliente utilizó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) para montar un aparato comunicacional gubernamental con el afán de disputarle el discurso a los medios opositores y hegemónicos, principalmente al multimedios Clarín. También afirmó que con su aplicación se acabarían los monopolios. Sin embargo a más de 6 años de su sanción esto no ha sucedido y nuestros reclamos sectoriales siguen sin ser resueltos.”
“Ahora, los medios comunitarios, alternativos y populares seguimos presos de una disputa entre dos sectores políticos, el macrismo y el kichnerismo, que manipulan una y otra vez la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no para multiplicar voces y discursos, sino para confrontar entre ellos. Una disputa en la cual nuestros medios siguen sin ser reconocidos en su especificidad, sin tener licencias, sin la elaboración de un plan técnico que garantice nuestro lugar en el 33% destinado a los medios sin fines de lucro. Volvemos así a quedar frágiles frente a posibles y nuevos decomisos, como pasó en los 90, como pasó durante el gobierno anterior con el allanamiento y secuestro de los equipos que sufrieron nuestros compañeros y compañeras de Antena Negra TV.”
Como miembros de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER expresamos nuestra diferencia con la reciente declaración oficial difundida en su sitio web (1) y en otros medios, ya que invoca a toda la institución y supone que no existe pluralismo y diversidad de opiniones en su seno. Por el contrario, consideramos indispensable promover un debate amplio, democrático y participativo entre los integrantes de los distintos estamentos de nuestra Facultad, convencidos de la importancia que la comunicación y la vigencia de sus derechos tiene para lograr una nueva sociedad, humana, equitativa y sustentable.
*Prof. Luis Lafferriere. Economista. Docene de la UNER. Titular de la cátedra Por una Nueva Economía de la FCE
**Prof. Gustavo Lambruschini. Filósofo. docente de la UNER
(1) http://www.fcedu.uner.edu.ar/?p8461
Opiniones, críticas, adhesiones: info@porunanuevaeconomia.com.ar
Paraná, 23 de diciembre de 2015
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