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La conexión de la video-conferencia, tendió el puente virtual entre dos lugares ubicados a 850 kilómetros de distancia. En La Rioja se reanudaba la audiencia del megajuicio por delitos de lesa humanidad, iniciado el 6 de agosto de 2015. En Paraná, yo me aprestaba a ser testigo, ofrecido por la parte acusadora. La pantalla me mostró a los tres camaristas del fuero federal, a las abogadas querellantes, al fiscal y a los defensores. Vi a alguno de los procesados, igual que yo con marcadas señales del paso del tiempo. Me distraje un momento, para pensar si los encartados reconocen el valor de que su suerte se decida con las normas de la democracia. Salí de la duda indespejable, para prestar juramento de decir la verdad y nada más que la verdad. Comenzó la ronda de preguntas y la memoria rastreó aquella instancia límite, del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Por mi oficio presencié sesiones de juicios orales y públicos, experiencia incrementada con el disfrute de apreciar películas, literatura y obras de teatro ambientadas en tribunales de distintos países, con temáticas de la historia real o de ficción. El 3 de marzo de 2016, me tocaba ser uno del casi centenar de convocados, para testimoniar sobre el terrorismo estatal. Traté de ajustarme a la regla de responder interrogantes sin rodeos, con precisión y concisión. Varias veces me advirtieron que la voz se alejaba del micrófono. Creo que parecía sereno, aunque la procesión iba por dentro.
En unos 150 minutos, se condensó el horror implantado en el Instituto de Rehabilitación Social de La Rioja, paradójica denominación de un campo de concentración de la dictadura, con protocolo nazi. En carne propia, sé que allí se ataba, se vendaba y torturaba que se fraguaban declaraciones que el castigo físico y psicológico eran instrumentos disciplinarios que los intimidantes pasos con botas y el sonido de pesados llaveros generaban desequilibrio emocional que la incomunicación absoluta con el exterior, creaba incertidumbres traumáticas.
Que los traslados aéreos y secretos, sirvieron como plataforma del sadismo, en busca de la humillación de decenas de cautivos, engrillados de pies y manos que familiares de los presos eran acosados sometidos a “paseos” amenazantes, hasta forzar la emigración de La Rioja. Di nombres de verdugos. Quedó implícito que si dejé de residir en La Rioja, fue a consecuencia del cumplido objetivo represivo de excluirme, junto a otros socios, de la cooperativa que editaba el diario El Independiente, usurpado por civiles.
Cumplí la elemental obligación de respaldar la denuncia de compañeros de prisión, motivados por la digna actitud de evitar que la impunidad se salga con la suya. En mi estimación, la insurgencia militar puso en jaque al compromiso social con la democracia, desde el 6 de setiembre de 1930. Los intermitentes golpes de Estado, contaron con apoyo de sectores de la población, de mala y buena fe. La censura, autocensura y complicidad mediática, aportaron a ocultar delitos de lesa humanidad.
La pesada tapa de los hechos, fue corrida con riesgos de represalias, hasta que las garantías colectivas e individuales, se recuperaron con la institucionalidad. El juicio a los comandantes (1985) y el décimo aniversario (1986) de la instalación de la dictadura, animaron la abundante producción cultural, que reveló aspectos inéditos de la siniestra maquinaria represiva. La investigación no está agotada. Es probable que los archivos extraterritoriales, de Estados Unidos y el Vaticano, sean eficaces para despejar conmovedoras incógnitas, como las desapariciones, el robo de criaturas y las sepulturas secretas.
Si las circunstancias y responsabilidades por el asalto al poder, están todavía en debate, no caben las dudas y abundan las pruebas de que la asociación ilícita procedió a: la desaparición de personas, la apropiación de menores, el asesinato, el secuestro, el tormento, la detención ilegal y el exilio. Tales son las atrocidades que se juzgan en diversos tribunales del país. Si alguien está en desacuerdo, que alce el brazo.
Es cierto que en el tiempo transcurrido, hubo bajas de acusadores y acusados. Que hay prisiones domiciliarias y hospitalarias. Cabe mencionar las normas que incidieron en la demora. Ley de punto final (1986) y de obediencia debida (1987). Diez decretos de indultos presidenciales, emitidos en 1989 y 1990, que beneficiaron a 1.200 militares y civiles (José Alfredo Martínez de Hoz y Mario Firmenich, por ejemplo). El parlamento derogó las citadas leyes en 2003 y los decretos fueron declarados inconstitucionales, con sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia en 2010.
El banquillo de los procesados en la megacausa de La Rioja, presenta un muestrario de engranajes del aparato dictatorial. Entre ellos, un ex juez federal, Roberto Catalán, también involucrado en otros expedientes. Miembro de la clase dominante en La Rioja, Catalán fue miembro del gabinete de la intervención liderada por su tío político Guillermo Domingo Iribarren, designado por Juan Carlos Onganía en 1967. De ese provincial gobierno de facto, fue parte Eduardo Menem. Por el tráfico de influencias políticas y familiares, Catalán era fiscal del fuero federal cuando se produjo la insurgencia cívico-militar de 1976. Su ascenso a juez, alineado al Proceso de Reorganización Nacional, sirvió a los designios del Área 314, ejecutora del terrorismo de Estado en la zona. Los lazos con el menemismo y con Germán Kammerath facilitaron que el apellido Catalán figurara en el staff del funcionariado, en los años de la década de los ’90. Germán Kammerath, primo de Roberto Catalán (h), fue espía de los servicios de inteligencia desde el embrión del golpe de Estado se afilió al partido (UCeDé) de Álvaro Alsogaray consiguió que la intervención en el diario El Independiente lo nombrara corresponsal en Buenos Aires. En la presidencia de Carlos Menem lo ubicaron como secretario de Comunicaciones y en la culminación de su metamorfosis oportunista, Germán Kammerath resultó electo intendente de la ciudad de Córdoba (1999-2003). Acaba de ser condenado por corrupción, a dos años y medio de cárcel, sin cumplimiento efectivo. Germán Kammerath reside en la Docta, sin aparecer en lugares públicos, por temor al repudio popular.
En el cuadro del lote de los que aguardan sentencia en la provincia de La Rioja, hay jefes y oficiales del Ejército y la Aeronáutica gendarmes policías federales y provinciales miembros del personal penitenciario y un médico con jinetas. Residen en La Rioja, Córdoba, Buenos Aires y Paraguay. No están todos los que deberían estar, por lo que no se descarta que se promueva la Megacausa II, con la imputación a civiles, como derivación de la que ahora se tramita y de las que juzgaron los asesinatos de los que fueron víctimas el obispo Angelelli y los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. A esa expectativa se suma el caso de la desaparición del conscripto riojano Alberto Ledo, radicado en el juzgado federal de Tucumán, con el general César Milani en carácter de imputado.
He utilizado la licencia de la primera persona del singular, para abordar un tema que me puso en el ojo de la tormenta. Desde ese sitio, formulo a cuatro décadas de la feroz insurgencia, la siguiente reflexión: la defensa y ampliación de los derechos humanos en democracia, prosperarán si son objetivo común de la comunidad internacional y nacional, como política crucial, sin fomentar posiciones coyunturales divergentes, con el excluyente y decente propósito de que la impunidad no se convierta en un elemento de la historia.
*Periodista - Escritor
Publicado el 21 de marzo de 2016
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