| Reunión con el ministro Aranguren |
| Defensores del Pueblo de todo el país reclamaron por las tarifas de energía | | |
 El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay, participó de una reunión con el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, junto a representantes de instituciones del país nucleadas en la Asociación de Defensores de la República Argentina (Adpra). El tema central fue el “significativo impacto” de los aumentos de las tarifas de servicios públicos (gas natural, electricidad, agua), en los usuarios residenciales como también en clubes de barrio, entidades de bien público y pequeñas empresas y comercios. |
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Fecha:27/06/2016 9:57:00 
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Los Defensores expresaron una “profunda preocupación” por las subas y su efecto en la ciudadanía, de acuerdo a lo percibido por cada uno en su lugar de origen. Al respecto, el Defensor Luis Garay planteó a Aranguren la difícil situación por las que están pasando los clubes chicos, así como también entidades de bien público y ciudadanos imposibilitados de afrontar los montos de servicios esenciales como la electricidad y el gas natural.
Ante la situación que coloca en una delicada posición a una franja importante de la población, los Defensores solicitaron al ministro que se revisen los cuadros tarifarios y se readecue la tarifa social al tiempo que expusieron en detalle la inquietud que generan en cada zona del país las consecuencias medidas en mayor recesión y desocupación. En ese sentido, se detalló el panorama de pequeñas empresas, comercios y entidades de bien público cuyas economías resultan sobrepasadas por el impacto tarifario.
Asimismo, se reclamó información por parte del Estado Nacional sobre los aumentos, los casos en que quedan exceptuados y regímenes de tarifa social. Entendieron los Defensores que la información es insuficiente y recordaron que la facilitación de datos es un deber del Estado. También se expuso la necesidad de que se consideren los casos especiales como el de las personas que por cuestiones de salud son electro dependientes y discapacitados, entre otros. Se habló seguidamente sobre la presentación de amparos por parte de ongs y la posibilidad de evitar la judicialización mediante una resolución de los casos por la vía administrativa. Además, se propuso la posibilidad de que la regularización del Ente Nacional Regulador del Gas (Energas) incluya un director que represente de las provincias.
A través de un petitorio que entregaron en mano a Aranguren,en la reunión realizada el miércoles en Buenos Aires, los Defensores expresaron la profunda preocupación del sector y subrayaron que “los servicios públicos domiciliarios son servicios esenciales que el Estado está obligado a brindar para atender necesidades sociales básicas y elementales, ya sea por empresas públicas o mediante concesionarias privadas controladas por organismos estatales. Bajo cualquier modalidad, la prestación de estos servicios públicos esenciales procura entonces la satisfacción de derechos estrechamente vinculados con la realización de los derechos humanos: alimentación, salud, eliminación de la pobreza y el desarrollo de una vida digna. Por consiguiente, las tarifas de estos servicios deben ser justas y razonables, tal como lo disponen las leyes respectivas y la jurisprudencia en la materia”.
Ante los requerimientos, Aranguren respondió que los transmitirá a otros miembros del gabiente nacional, pues dijo que en la revisión de las tarifas sociales deberán intervenir el Ministerio de Desarrollo Social junto a Energía. En este punto, afirmó que la energía y el gas en el sistema de tarifa social sufrieron un incremento del 23% y del 27% respectivamente, entre febrero a la fecha. En cuanto a la presentación de amparos, informó que el Estado Nacional ha solicitado en los casos testigo de Mendoza y San Luis que se expida la Corte Suprema de Justicia y anunció que habrá dos audiencias públicas antes de fin de año para efectuar una revisión integral de las tarifas. Respecto a las entidades de bien público y clubes de barrio, el ministro aseguró que trabajan en la reglamentación de la ley 27.218, sancionada en noviembre pasado, por la que se crea una tarifa especial para colegios, universidades, mutuales y asociaciones civiles.
Sobre el gas, especificó que en cuanto al precio de las garrafas se estudia la posibilidad de mejorar el programa de acceso y anunció que se analizará la incorporación de un representante de las provincias en el Energas cuya intervención se terminará antes de fin de año, según afirmó.
Por último, hubo un compromiso de programar una nueva reunión en dos meses para analizar los avances de lo conversado.
Participaron del encuentro el Defensor del Pueblo de CABA y Presidente de ADPRA Alejandro Amor, la Defensora del Pueblo Adjunta de CABA María América González, la Defensora del Pueblo de Escobar Rocío Fernández, la Defensora del Pueblo de la Matanza Silvia Caprino, el Defensor del Pueblo de Tucumán Fernando Said Juriel, el Defensor Corrientes Javier Rodríguez,el Defensor del Pueblo Adjunto de Córdoba Hugo Pozzi, el Defensor del Pueblo de Río Cuarto Guillermo Rivas, el Defensor del Pueblo Ajunto de Santiago del Estero Lionel Enrique Suárez, el Defensor del Pueblo de Paraná Luis Garay, la Defensoría del Pueblo de Santa Fé Luciano Leiva y Analia Colombo, el Defensor del Pueblo de Jujuy Ricardo Pierazzoli, la Defensoría del Pueblo de San Juan Julio Cesar Orihuela y Rodolfo Clavel, la Defensora del Pueblo de Bariloche Andrea Galaverna, la Defensora del Pueblo de Vicente López María Celeste Vouilloud y Secretario General Enrique Picasso, el Defensor del Pueblo de Morón Abraham Gak, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires Director Eloy Gómez Raverta y el Defensor del Pueblo de Pilar Juan Pablo Trovatelli.
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