Céparo, único imputado en esta causa, es exmiembro de la Policía de Entre Ríos, a quien se acusa de secuestrar y torturar a una mujer en setiembre de 1976, en tiempos de la dictadura. Antes del inicio del debate el tribunal tratará la cuestión del estado de salud del imputado, mediante una videoconferencia con peritos de la Corte Suprema de Justicia.
Según coinciden entre la Fiscalía y la querella, además del hecho en sí por el que Céparo está procesado, hay expectativas en que este juicio oral y público permita exponer y reconstruir cuál fue el rol que cumplió la Policía de Entre Ríos en el terrorismo de Estado, en la capital provincial. Hasta el momento ningún miembro de la fuerza ha sido condenado por su actuación en aquellos años y los efectivos que fueron imputados murieron antes de recibir sentencia o fueron separados del proceso por problemas de salud o fueron absueltos.
Esta previsto que ante el Tribunal Oral Federal de Paraná (Urquiza 872) declaren mañana seis testigos el martes siete y el miércoles otros seis. El inicio del juicio está citado para las 9.30 y para las 10 se espera que los jueces Lilia Carnero (presidenta), Noemí Berros y Roberto López Arango se comuniquen con profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, a fin de que se analice el estado de Céparo, quien pretende que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria debido a una dolencia cardiológica.
Tanto el fiscal José Ignacio Candioti como la querella –los abogados Sofía Uranga, Marcelo Boeykens y Lucía Tejera, en representación de Hijos– se opusieron al beneficio que solicitó el defensor José Esteban Ostolaza, entendiendo que la enfermedad del represor no le impide continuar detenido en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Además, no cuenta con la edad mínima de 70 años que es requisito para permitirle cumplir la prisión –hasta ahora preventiva– en su casa. El TOF ya dispuso la intervención del médico de la jurisdicción, José Luis Kot, quien dictaminó que puede seguir alojado en la cárcel.
Recién luego de ese contacto por videoconferencia se dará inicio al juicio, que será el cuarto por delitos de lesa humanidad en la provincia, el tercero oral y público.
Como es habitual, los organismos de derechos humanos convocaron a las organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles y a la sociedad en general a participar de lo que consideran otro "hecho histórico para Entre Ríos en la lucha por más memoria, verdad y justicia" y para "acompañar a la víctima y a los testigos que con su testimonio harán un aporte clave en esta lucha", expresaron desde la agrupación Hijos en la convocatoria realizada principalmente a través de las redes sociales.
Una fuerza sin condenas
En 2012, Juan Carlos Mondragón y Marcelo Pérez, expolicías de Gualeguaychú, fueron llevados a juicio acusados de haber intervenido el secuestro de los hermanos Emilio y Jaime Martínez Garbino, pero las pruebas no resultaron suficientes para condenarlos, según entendió el mismo Tribunal Oral Federal de Paraná cuando los absolvió en la llamada causa Harguindeguy.
La megacausa Área Paraná, que tramita por escrito y está en instancia de apelación de la sentencia, tuvo policías en el largo listado original de imputados. En el último tiempo fue separado del proceso el subcomisario Luis Francisco Armocida por incapacidad mental sobreviniente, y fallecieron los oficiales Daniel Manuel Rodríguez y, más recientemente, Carlos Horacio Zapata.
En el caso de Zapata, murió el 1º de enero de 2015, a los 69 años, en el Sanatorio Adventista del Plata de Libertador San Martín. Había sido detenido desde el 1º de diciembre de 2009, hasta que en 2013 recibió el beneficio de arresto domiciliario. Era considerado uno de los represores más siniestros de Diamante, donde era jefe Departamental entre 1976 y 1978.
Con el juicio a Céparo, los organismos de derechos humanos esperan avanzar en el esclarecimiento del papel que jugó la fuerza provincial en los secuestros y torturas de militantes políticos, en este caso en Paraná, y demostrar que funcionaron centros clandestinos de detención dentro de dependencias oficiales de la institución, como comisarías y la misma Jefatura Departamental que funcionaba en calle Córdoba, frente a Casa de Gobierno. Está previsto que ese lugar sea inspeccionado por los jueces, con la participación de la víctima, las partes y eventualmente los testigos que se considere necesario.
En este juicio se investiga un solo caso, que ocurrió a partir del 23 de setiembre de 1976, cuando una patota que integraba el oficial ayudante Atilio Céparo detuvo a una mujer dentro del sanatorio La Entrerriana, donde ella trabajaba. Fue llevada a la Jefatura de calle Córdoba, a la comisaría del barrio San Agustín y nuevamente a la Departamental, donde la sometieron a torturas con picana eléctrica. Allí pudo identificar a Céparo como uno de los torturadores y también lo vio en otros momentos de su secuestro.
La querella solicitó al juez de Instrucción Leandro Ríos que acumulara la causa con otras denuncias contra Céparo y otros miembros de la Policía por parte de otras víctimas que fueron detenidas en esos días, en lo que aparenta haber sido parte de un mismo operativo. Sin embargo Ríos lo rechazó.
El acusado
Céparo es oriundo de La Paz. En 1976 era oficial ayudante de la Policía de Entre Ríos, fuerza de la que fue expulsado en democracia. Al momento de su detención, a fines de 2014, se desempeñaba como chofer del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, donde su yerno, Emilio Castrillón, es vocal. Durante la instrucción, la Justicia Federal entendió que desde el entorno del acusado hubo intimidaciones hacia testigos, razón por la cual le fue rechazada la excarcelación.
Lo juzgarán por los delitos de privación ilegal de la libertad, apremios ilegales e imposición de tortura, en perjuicio de una víctima. Hasta el momento cumple prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, aunque está pendiente de resolución su pedido de prisión domiciliaria por razones de salud.Juicios por lesa humanidad en otras provincias
El miércoles 28, en Santa Fe, se conocerá la sentencia en el juicio de la "causa Góngora" por la apropiación ilegal de José Luis Maulin Pratto, que nació en 1977, fue inscripto con la identidad falsa de José Segretín, y se adulteró su acta de nacimiento. La apropiadora, Cecilia Góngora, fue imputada junto con la obstetra Elsa Nasatsky y el exjefe de Inteligencia de la Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli, que murió en 2014 tras ser condenado a 21 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Por otra parte, mañana continuarán en La Plata los alegatos de la Fiscalía y las querellas en el juicio que investiga la responsabilidad de los excoroneles del Regimiento 7 de La Plata, Lucio Carlos Ramírez y Orlando Miguel Ruarte por los asesinatos de Roberto Rufino Pirles, Ángel Giorgadis y Horacio Rapaport, y por la detención ilegal Julio César Urien.
Más debates
También mañana, en Mendoza, continuarán los alegatos de las defensas en el "Juicio a los Jueces", que tiene unos 41 imputados, entre los que se encuentran los exjueces Otilio Romano y Luis Miret, que son juzgados en lo que constituye un megajuicio relevante debido a la cantidad de funcionarios judiciales procesados. También el lunes, en Salta, seguirá el juicio en el que se ventilan seis expedientes con al menos 24 víctimas, mientras que los acusados son expolicías, exmilitares y exgendarmes, entre ellos, el exjefe del Ejército Héctor Ríos Ereñú, conocido como "Causas Orán". El martes, jueves y viernes proseguirá ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín, con la intervención del fiscal general Marcelo García Berro, un nuevo juicio contra otro multicondenado represor Santiago Omar Riveros y el último dictador, Reynaldo Bignone, por el secuestro de seis soldados conscriptos, tres de ellos desaparecidos. El miércoles, en la ciudad mendocina de San Rafael, proseguirá el juicio en el son juzgados 26 represores, entre ellos el excapitán del Ejército Luis Alberto Stuhldreher, exintendente de facto de San Rafael, publicó Télam. También el miércoles proseguirá, ante el Tribunal Oral Federal 2 porteño el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito que conformaban los excentros clandestinos Atlético, Banco, y Olimpo (ABO) a nueve imputados.
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