Si se observa el largometraje de los conflictos permanentes, el de la Educación ocupa un primordial lugar, desde que la reforma de los años de la década de los ’90 careció de acciones estratégicas, concertadas entre el poder central y las 24 jurisdicciones, para que no se perdieran de vista los fines esenciales del sistema, con un cuerpo previo de ideas que conformaran un proyecto político, económico y social para el bien común. Consumidas más de dos décadas, el calendario escolar padece bajas irreparables y los nubarrones amenazan el próximo ciclo. Como consuelo, para el 18 y 19 de octubre de 2016 está programada la Evaluación Nacional Aprender que se tomará, con carácter obligatorio, a un millón 400 mil alumnos, fiscalizados por 30.300 docentes. Aun así, la decisión provoca disidencias.
La crisis de 2001, fue un pantano del que costó emerger. En 2004, el periodista Jorge Conti (1935-2008) leía sus editoriales en la Radio de la Universidad Nacional del Litoral. El 24 de setiembre dijo: Ante cada paro docente, la discusión se reduce a las formas más primitivas y las que más convienen al sistema establecido, consistente en echarse la culpa los unos a los otros. Cada cual proyecta según el fenómeno lo afecta. Para unos, la responsabilidad es del gobierno de turno para los demás allá el dedo acusador apunta a los gremios. En el río revuelto, ni los padres se salvan del reproche.
En los medios de comunicación el país se reflejó, el 7 de diciembre de 2004, la punzante controversia en la provincia de Buenos Aires: gremialistas denunciaron, ante organismos internacionales de derechos humanos, al gobernador Felipe Solá por “persecución y coerción”. A su vez, el mandatario aseguró que los maestros “tienen en la huelga una conducta inapropiada y exagerada les interesa aparecer como víctimas, cuando las verdaderas víctimas son los padres y los alumnos”. En el cuadro conflictivo, dentro de cada provincia convivían calidades, criterios, recursos y voluntades políticas diferentes.
No hay memoria de un año de lo que va del siglo XXI, en el que el inicio de clases no sufriera incertidumbre y que en el correr del almanaque el conflicto se agudizara. Es que la paritaria nacional tiene el límite de fijar un haber mínimo, en función orientadora. Luego entra en escena la negociación de cada provincia, con capacidades presupuestarias diferentes entre sí. En 2016, en siete jurisdicciones la fecha señalada se desplazó por los desacuerdos respectivos. Entre ellos, el de Entre Ríos, con prolongaciones de diversa intensidad. Por ejemplo, el receso invernal fue más extenso por huelgas declaradas, con pautas de democracia sindical y respeto al mandato de las bases, aunque en ocasiones la mayoría sea ajustada.
A los paros generales se suman los parciales, las movilizaciones, las asambleas en horario de clases, las jornadas conmemorativas, ausencias por malestares físicos leves, inclemencias meteorológicas e imprevistos que nunca faltan. En consecuencia, el calendario escolar es un dibujo desteñido. Por las desavenencias, la excepción se hace hábito, con rango de costumbre, que incentiva la forma primitiva de echarse culpas, tal como advirtiera Jorge Conti en 2004. Se esgrimen razones se enarbolan justificaciones. El alerta no cesa y el castigo de descontar haberes tampoco. En el brete, hay familias que miden la realidad con pasividad o a regañadientes. Algunas con la expectativa de anotar a sus hijos en la enseñanza privada, porque allí el servicio no se interrumpe.
En algo coinciden el gobierno central, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 18 y 19 de octubre se realizarán las pruebas programadas en la obligatoria Evaluación Nacional Aprender. Los módulos son Lengua y Matemáticas, con cuestionario a resolver con el método de múltiple choice (opción). Participarán de la experiencia, alumnos del sexto grado del ciclo primario y del último año del secundario, que concurren a establecimientos públicos y privados, rurales y urbanos. En Entre Ríos, entrarán en acción 35 mil estudiantes, con fiscalización de 2.600 docentes. El examen no será personalizado, ni se identificarán las escuelas. Sí se clasificará la pertenencia al régimen público o privado. El diagnóstico se divulgará en marzo de 2017.
La evaluación de este tipo se lleva a cabo desde 1993, con intermitencias. De cualquier forma no está libre de polémica en el ámbito provincial. Una agrupación sindical requirió, sin éxito, que se frenara la ENA 2016. Por su parte, la Universidad Autónoma de Entre Ríos objetó la forma y contenido de la prueba. En consecuencia, determinó que no se haga en unidades pre-universitarias, dependientes de la Facultad de Humanidades, como las escuelas Almafuerte y Alberdi.
Damos por sobre-entendido que existe estrechez salarial, que la infraestructura es insuficiente y descuidada, que el presupuesto demanda refuerzos, que la pobreza repercute en la escuela, que la violencia, los estragos de la droga y la modificación de paradigmas culturales, son malévolos invasores del espacio dedicado a enseñar y aprender. La palabra del maestro Conti es oportuna para el cierre: “En lugar de hacernos reproches, deberíamos tomarnos un tiempo y volver al verdadero diálogo social. El que trate de derrocar a la crisis y encontrar respuestas comunes a problemas que son de todos”.
*Periodista - Escritor
Publicado el 17 de octubre de 2016
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