Una tribu toba está al borde del desalojo en Formosa
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Habitan ranchos de paja y troncos de palmeras en una superficie de 5.168 hectáreas
Una tribu toba está al borde del desalojo en Formosa
 
Los pueblos originarios denuncian el incumplimiento de la ley de emergencia territorial. Están en juego 5.168 hectáreas, que pertenecen a 800 familias. No tienen agua potable ni sala de primeros auxilios.

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Fecha:12/10/2009 22:13:00 
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A pesar de las revoluciones políticas y tecnológicas desarrolladas desde que las expediciones de Cristóbal Colón conquistaron tierra americana 517 años atrás, aún hoy existen pueblos aborígenes que son invadidos en sus territorios y temen el desalojo.
Tal es el caso de los qom (o tobas), una comunidad indígena de ochocientas familias –cerca de 4.600 personas– que viven en una situación de extrema precariedad en la provincia de Formosa. Agrupados en la asociación civil La Primavera, los qom habitan en ranchos hechos con paja y troncos de palmeras, en una superficie de 5.168 hectáreas sobre la Ruta Nacional 86, en el departamento de Pilcomayo, a 170 kilómetros de la capital formoseña. Aunque el chagas y la tuberculosis en la zona son tan habituales como la salida del Sol, los qom no tienen sala de primeros auxilios. Tampoco gozan el privilegio del agua potable, o la energía eléctrica, y los caminos para llegar al pueblo están deshechos.
Félix Díaz, su líder, tiene 50 años, una esposa y cuatro hijos. Como la mayoría de sus compañeros, se dedica a la agricultura, aunque también existen quienes trabajan en la pesca, la caza, y la recolección de materia prima para la elaboración de artesanías. Con la tranquilidad de la experiencia, Félix explicó a Crítica de la Argentina: “En 2005 fui invitado a la Cámara de Diputados de la Nación por la problemática territorial de las comunidades indígenas. Ahí se creó una ley de emergencia que prohíbe que los aborígenes sean desalojados y propone regularizar su situación. Esa ley vence el año que viene y todavía no conseguimos la concesión de nuestras tierras. Tenemos miedo de estar próximos a un conflicto”.
La ley 26.160, de emergencia territorial, señala que, por medio de un relevamiento entre las comunidades del país, cada pueblo aborigen tendrá garantizada la tenencia de sus tierras. El gobierno de Formosa asegura que allí no existen esos conflictos. Según los miembros de La Primavera, hace años que padecen una “violación sistemática” de sus tierras fértiles: parte de ellas fueron ocupadas por la ampliación del Parque Nacional Río Pilcomayo, por algunos pools de siembra y familias “criollas” –como las llaman desde la comunidad– y por la Universidad Nacional de Formosa, que está construyendo una sede en el lugar. “Por la falta de asesoramiento jurídico no hemos podido presentar un recurso de amparo para detener dicha obra”, justificaron desde la comunidad.
Los padres y abuelos de Félix habitaban los mismos terrenos donde él vive hoy con su familia, pero por entonces no creyeron que podían ser desalojados. “La comunidad indígena no sabe el valor de la herramienta jurídica –precisó Díaz–. Por eso, en el año 2000 me empecé a capacitar sobre el tema con ayuda de organizaciones sociales. Me preocupa la situación que atraviesa mi gente”. En ese marco, la asociación civil reclama el reconocimiento de su territorio ancestral “por motivos vitales de supervivencia”. Y el de sus tierras no es el único maltrato que padecen los qom. Hace dos años denunciaron que miembros de la comunidad fueron agredidos por estar pescando en la zona del parque nacional: la policía les secuestró sus instrumentos de pesca y les quemó la ropa que vestían.
Cuando se propuso saber más sobre la legislación que los protege, Díaz se encontró con que no sólo había una ley de emergencia, sino que la Constitución también los ampara. Sobre los pueblos originarios, el artículo 75 exige “reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”.
Con la intención de seguir luchando para hacer valer sus derechos, ante un nuevo 12 de octubre, Félix reflexionó: “Para mí es triste recordar los momentos difíciles que hemos pasado como pueblo. Me da pena que el Estado argentino siga insistiendo en que se celebre este día. Alguna vez tuvimos la gran oportunidad de vivir libremente, de acuerdo con nuestra propia forma de ser, y hoy tenemos la esperanza de convivir con la sociedad con un mundo justo para todos, sin categorías ni razas”.

Remitente: Adolfo Pérez Esquivel
El 14 de septiembre, cuando La Primavera reeligió como representante a Félix Díaz, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel le escribió una carta:
“Estimado hermano Félix: Al mismo tiempo que reconocemos sus esfuerzos por la justicia, la solidaridad y el deseo de que su comunidad salga adelante, queremos hacerle llegar nuestro más profundo apoyo para la asamblea que se realizará el día de mañana en La Primavera. Es nuestro deseo que todos los hermanos y hermanas qom puedan expresarse libremente sin ningún tipo de interferencias. En estos momentos, en que los pueblos originarios tienen en su haber, además del derecho ancestral, una serie de legislación nacional e internacional que reconoce todos sus derechos, la elección en su comunidad representa un desafío al que, estamos seguros, usted y sus hermanos y hermanas sabrán responder como corresponde. Resta ahora ver si las autoridades competentes actúan en el mismo sentido”.

Para el INADI hay que abolirlo
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) propuso abolir el feriado del Día de la Raza. “La necesidad de revocar los símbolos del avasallamiento de los pueblos aborígenes a partir de la conquista ha impulsado al INADI a proponer al Poder Ejecutivo Nacional la eliminación del día 12 de octubre como feriado nacional”, solicitó el organismo encabezado por María José Lubertino.

OPINIÓN
Generar una fuerza propia
Lorena Cardin (Antropóloga y docente de la UBA)
La legislación indígena existe pero no se implementa. Este gobierno tuvo muchas iniciativas interesantes que no se llevaron a la práctica. Sorprende que se sepa tan poco sobre estos pueblos. La situación en general es muy crítica: hay un atropello de los derechos indígenas a nivel sanitario, no cuentan con los servicios básicos para subsistir, no reciben educación y no pueden continuar con sus actividades económicas porque les restringen el espacio para desarrollarlas. Tampoco reciben colaboración del gobierno provincial. No pueden trabajar sus propias tierras, quedan obligados a arrendarlas y reciben por ello sumas absurdas. En Formosa, las comunidades indígenas están pidiendo que se lleve a cabo el relevamiento de sus tierras. Están muy preocupadas porque esta legislación prohíbe los desalojos pero les ocupan sus territorios sin pedir permiso ni pagar por ello. Quienes salen a reclamar no reciben respuestas concretas. Además, no suelen contar con abogados de confianza. Lo mejor que pueden hacer los pueblos originarios es articularse y generar una fuerza propia para reclamar a pesar de que no hay un Estado que los considere como interlocutores válidos.
Fuente Crítica digital
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