| Viviendas sociales: números que alertan | | |
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Esta concreción, esperanzadora para tantas familias, no debe distraernos de la realidad que atraviesa este organismo que fue concebido en nuestra provincia para darle una visión integradora y justa a la gestión de las viviendas sociales.
Lo cierto es que el IAPV está siendo vaciado como resultado de las medidas tomadas por el gobierno nacional. De hecho, si bien avanza para terminar las obras en marcha, el organismo no inició ninguna nueva obra en ninguna ciudad de la provincia durante el 2016. Y dudosamente pueda hacerlo en 2017. Veamos los números.
Macri anunció una inversión pública de $25 mil millones de pesos para la construcción de viviendas en el presupuesto 2017, una cifra nada despreciable. Sin embargo, es necesario desagregar ese número para entender de qué estamos hablando.
De los $25 mil millones, $9 mil millones están asignados al Plan Hábitat, que destina bastante menos a viviendas que a desarrollo urbano y mejora de servicios básicos y comunitarios (cloacas, agua, espacios públicos). De los $16 mil millones que restan, solamente se destinan 12 mil millones para construir viviendas sociales en todo el país, de los cuales, a Entre Ríos, le corresponde un porcentaje levemente superior al 3%, o sea,$400 millones en 2017.
Si tenemos en cuenta que la necesidad financiera prevista por el IAPV para este año –para continuidad de las obras en marcha y el inicio de las que ya están licitadas- es de $1.180 millones, cabe, al menos, dudar de la voluntad dela Nación de financiar la construcción de viviendas sociales.
Las viviendas de interés social, “al alcance del pueblo” están en la raíz del movimiento peronista. Y desde su misma concepción, esta política despertó el encono y el recelo de los sectores más conservadores: aún circula una conocida calumnia hacia los humildes, que los describe haciendo leña con los pisos de parqué.
En la concepción política de un proteccionismo virtuoso, surgieron los institutos como el IAPV, con una mirada integradora de la provincia y sus necesidades, que administran los recursos de Nación y –de forma autárquica- se sostienen con el aporte de las cuotas de los propios beneficiarios.
El gobierno de cambiemos anunció con bombos y platillos una nueva versión del PRO.CRE.AR y un ambicioso plan para la construcción privada de 100.000 viviendas.
Pero ¿quiénes podrán acceder a estos planes? En el último caso (el de las APP, Asociación Público-Privada.) accederán familias cuyo ingreso sea de hasta 64 mil pesos mensuales. En el del nuevo PRO.CRE.AR., si bien tiene la ventaja de que el Estado hará un aporte no reembolsable, las cuotas no son fijas –se ajustan según la inflación- y el piso mínimo de ingresos requerido es alto: se requieren ingresos formales de entre dos y cuatro salarios mínimos, vitales y móviles.
En ambos casos, la negociación queda en mano de los bancos, se instala en el mercado. Tal vez este sea el cambio más significativo, el cambio que relega al Estado a un segundo plano, que deje a sus organismos prácticamente sin poder de acción frente al sistema financiero.
No están mal en sí mismos los créditos bancarios disponibles para quienes quieran y puedan tomarlos. Pero sostenemos que deben coexistir con una fuerte inversión pública en viviendas al alcance de los sectores que no tienen acceso al mercado financiero. Y que en este acceso, la mediación de los gobiernos provinciales es necesaria.
Hoy el IAPV parece quedar habilitado sólo para construir viviendas a quienes ganen -por grupo familiar- menos de $16 mil pesos. Pero si tenemos en cuenta que el INDEC considera que un grupo familiar -compuesto por dos mayores y dos niños de 6 y 8 años- requirió a mediados de 2016 de $12.489,37 pesos para poder adquirir la Canasta Básica Total (CBT) para no caer por debajo de la línea de pobreza, ¿podrá esa familia pagar una cuota cercana a los $5 mil, de acuerdo a los valores actuales?
No parece posible. Si ganas más, tendrás que ir a los bancos. Si ganas menos, probablemente no puedas pagar la cuota del IAPV.
Como en muchas otras áreas, el desguace del Estado parece hacerse sin demasiado ruido, como para que no se note. Quedan los títulos, incluso los cargos. Pero no hay recursos para concretar una política pública real, transformadora. Por ahora, el cambio sólo se traduce en ajuste.
*Diputado provincial (PJ-Gchú.)
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