Para el juez quedó “plasmada” la relación entre actividad política y tráfico de estupefacientes
 Home Regístrese



Contenido
Home
Portada
Actualidad
Gobierno
Nacionales
Derechos Humanos

Referecia
_
Contáctenos


Municipalidad de Parana

Situación judicial del Intendente
Para el juez quedó “plasmada” la relación entre actividad política y tráfico de estupefacientes
 
Ver imagen “Quedó plasmado en la instrucción judicial una peligrosa relación entre las actividades políticas electorales y el negocio ilícito de tráfico de estupefacientes”, sostuvo el juez Federal Leandro Ríos en el escrito donde determina el procesamiento del Intendente de Paraná como co­autor del delito de financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes.

 Envíenos su consulta o comentario. |  Enviar esta noticia por email Recomendar esta noticia
Fecha:19/06/2018 8:51:00 
Texto completo de la noticia  
 
Reducir Ampliar

El juez federal Leandro Ríos dictó el procesamiento del Intendente de Paraná por su vinculación con una organización de narcotráfico y dispuso un embargo sobre sus bienes por un millón de pesos.

La determinación del juez federal Leandro Ríos está fundamentada en 296 páginas, donde detalla los motivos por los que procesó al intendente Sergio Varisco, a la funcionaria Griselda Bordeira, al concejal Pablo Hernández y a Daniel Andrés Celis, Luciana Ernestina Lemos, Eduardo Humberto Celis, Nahuel Jonatan Eduardo Celis, Wilber Figueroa Lagos, Jonathan Jesús Heintz, Juan Manuel Gómez, Ernesto Ramón González y Alan Nicolás Viola.

En el acta de procesamiento dice que ellos “entre los primeros días del mes de septiembre de 2017 y 2 de mayo de 2018, comercializaron de manera conjunta y organizada cocaína en diversas cantidades, asumiendo y ejerciendo diversas funciones de organización” Por ejemplo, a Varisco se le atribuye el rol de “financiador/adquiriente”, y a Bordeira el de “adquiriente/colaboradora”, al igual que a Hernández, ambos en prisión.

En otro párrafo señala que en los allanamientos que se realizaron en los domicilios de los procesados se encontraron 3,493 kilogramos de cocaína, y otros elementos como armas de fuego y varios celulares y chips.

“La cocaína era suministrada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por expresas indicaciones y/o solicitudes de Daniel Andrés Celis, quien al momento de los hechos se encontraba detenido en la Unidad Penal Nº 8 de Federal, quien adquiría el estupefaciente, financiaba la actividad de comercialización con fondos provenientes del acuerdo celebrado los primeros días de septiembre de 2017 con el intendente Sergio Fausto Varisco, secundado por el concejal municipal Héctor Pablo Hernández y la Sargento 1º de la Policía de la Provincia de Entre Ríos -activo efectivo afectada en comisión de servicio al

Área de Seguridad de la Municipalidad de Paraná- Griselda Noemí Bordeira y, complementariamente, con fondos propios generados por la actividad ilícita de la organización que dirigía y luego encomendaba el transporte de las distintas remesas del estupefaciente a diversas mujeres de mediana edad cuya identidad aún no ha podido establecerse”, agrega.

Tras detallar las funciones que Celis y otros de los procesados tenían en la organización delictiva, el Juez indica que “Luciana Ernestina Lemos tenían por función mantener la comunicación entre Daniel Andrés Celis y el intendente Sergio Fausto Varisco, mediante el concejal municipal Héctor Pablo Hernández y la funcionaria policial Griselda Noemí Bordeira, de manera permanente, fluida y secreta, en especial en lo referido a los pagos de dinero y entregas del tóxico que los mencionados funcionarios municipales adquirían, en particular los días 1/12/2017 y 27/4/2018”.

Luego asegura que Varisco, con la “asistencia y colaboración del concejal municipal Héctor Pablo Hernández y la funcionaria policial Griselda Noemí Bordeira -a partir del acuerdo mencionado- proporcionó periódicamente los recursos económicos necesarios en favor de Daniel Celis para la adquisición y comercialización de estupefacientes (cocaína) por intermedio de los empleados municipales Ernesto Ramón González y/o Alan Viola y/o Luciana Lemos y otros cuya identidad aún no ha podido establecerse”.

Además, Varisco, Pablo Hernández, Griselda Bordeira y Ernesto González adquirieron, entre los días 20 de abril y 2 de mayo de 2018, la cantidad de al menos seis panes o ladrillos de cocaína al precio de entre 150 mil y 165 mil pesos por cada uno de ellos, con la finalidad de distribuirlos en la ciudad de Paraná y Concordia con fines de comercialización”.

Tras dar cuenta de la primera declaración de Varisco en la afirma: “Nunca comercialicé droga, nunca tuve contacto con esta red, nunca adquirí nada (…) Nunca hice ningún acuerdo con Celis”, se transcriben las declaraciones de Hernández y Bordeira y otros imputados.

Luego se transcribe la ampliación de la indagatoria, requerida por el propio Varisco, donde dice: “Yo nunca consumí ni consumo estupefacientes, no integré ni integro una banda de narcotraficantes. Hice lo humanamente posible dentro del municipio para que no sea captado por ningún sector corporativo ni ninguna organización delictiva”.

Consultado por los motivos por los que su nombre aparece en anotaciones de Luciana Lemos, dijo: “Estoy seguro de que con la intención ensuciarme y perjudicarme”.

“Peligrosa relación entre actividades políticas y tráfico de estupefacientes”

En otro tramo del escrito, al que accedió esta agencia, el juez Leandro Ríos indica que “quedó plasmado en la instrucción judicial una peligrosa relación entre las actividades políticas electorales y el negocio ilícito de tráfico de estupefacientes, dado que las condiciones políticas institucionales y económicas resultan de vital importancia para el desarrollo y crecimiento del narcotráfico y esta afirmación no es dogmática o general, sino que quedó evidenciada y acreditada suficientemente en la investigación”.

“Hasta donde aquella pesquisa pudo constatar ­con un alto grado de probabilidad­ la facilitación por parte del intendente Sergio Fausto Varisco de los medios materiales y humanos para la consolidación de la organización delictiva comandada por Daniel Andrés ‘Tavi’ Celis y su hermano Miguel Ángel ‘Titi’ Celis, constituyó una aportación riesgosa prohibida en el tipo objetivo imputado, la cual y en atención a las probanzas producidas hasta ese momento ­el de la resolución­ no encontró su correlato subjetivo doloso”.

Más adelante dice que “la organización de Daniel Celis era financiada mediante entregas periódicas de 50 mil pesos en efectivo, desde el mes de septiembre de 2017 hasta la finalización de la actual gestión del intendente Sergio Varisco, como así también mediante el ingreso a la municipalidad de personas de confianza de

Celis”.

“Sobre éste último punto es posible afirmar ­con el grado deprobabilidad exigida en la instancia­ la existencia de contratos totalmente simulados en los cuales no se realizaba prestación laboral alguna, pero cuya contraprestación económica era distribuida entre el prestanombre y Daniel Andrés Celis como así también contratos o ingresos parcialmente simulados en los cuales el empleado o contratado efectivamente realizaba algunas labores, pero no cumplía con las tareas especiales, adicionales u horas extras que le eran liquidadas, las cuales eran entregadas a Daniel Andrés Celis”.

Luego el juez Ríos señala que “de los extremos fácticos que se encuentran probados surge como altamente probable que gran parte de los fondos con los cuales se financiaban las actividades de comercio de estupefacientes, eran fondos públicos pertenecientes a la Municipalidad de Paraná, cuya administración estaba a cargo del intendente Sergio Fausto Varisco”.



• ¿Por qué no se detiene a Varico?

“En el caso de Sergio Fausto Varisco si bien por su condición de Intendente municipal se genera un riesgo cierto de que pueda influir en los testigos del proceso y de que pueda destruir prueba relevante en relación al delito de peculado, dicho riesgo procesal debe conjugarse con el ‘arraigo institucional’ que posee por esa misma condición de Presidente Municipal, a lo cual debe aditarse que se trata de un cargo unipersonal cuya privación de libertad podría generar una crisis institucional en los servicios de la ciudad”.

Asimismo, se le cobrará un millón de pesos en concepto de caución para mantener su excarcelación. (APFDigital)
 Home
www.lambdasi.com.ar
E-mail
y reciba periódicamente nuestras últimas novedades...






Senado baner

El Pingo

Agmer central
ATE