El gobierno de San Luis presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia un escrito solicitando el embargo de fondos nacionales por $20.500 millones, como consecuencia de la falta de acuerdo entre Mauricio Macri y el gobernador peronista Alberto Rodríguez Saá por el pago de la deuda generada por la retracción indebida de activos de coparticipación durante casi una década, tras el vencimiento del plazo de negociación de 120 días establecido por los ministros de la Corte.
“Siempre hemos tenido voluntad de diálogo y se han agotado todos los plazos procesales”, explicó el fiscal de Estado, Eduardo Allende, que llegó a Buenos Aires junto al gobernador para activar el pedido de ejecución de sentencia ante el máximo tribunal.
Si la Corte logra ejecutar el pedido de San Luis, sentará un precedente importante para Santa Fe, que aguarda un fallo similar a favor por cerca de $60.000 millones.
En el caso puntano, la última instancia de diálogo entre ambas administraciones se produjo el 13 de agosto. Ese día, la Casa Rosada ofreció un bono con 3 años de gracia, intransferible, fuera del mercado, a una tasa anual del 6%.
“Es un bono que no es atractivo en el mercado y no compensa el daño económico ni patrimonial que sufrió San Luis por años”, expresó entonces la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur.
Durante todo el gobierno de Cambiemos, la devolución de coparticipación retenida por Nación entre 2006 y 2015 para financiar a la Anses y la AFIP fue eje de tironeos entre la administración de Mauricio Macri y el mandatario Rodríguez Saá.
El máximo tribunal había fallado a favor de la provincia en noviembre de 2015, sobre el final de la gestión de Cristina de Kirchner. Y, tras años sin acuerdo sobre la forma de actualizar el monto original de $5.000 millones, los jueces supremos establecieron que se debía utilizar la tasa pasiva de Banco Nación, de donde surgen los $16.000 millones (más intereses) que debe ahora restituirle Nación a San Luis. Este último fallo es de febrero, y también fijaron otros 120 días de plazo para establecer la forma de pago.
La expectativa de máxima de la Provincia es que finalmente la Corte ejecute la sentencia embargando de manera fraccionada y en un tiempo prudencial activos provenientes del 70% de la coparticipación que el Gobierno nacional obtiene mensualmente del reparto de la torta de impuestos que recaudan las provincias. Una alternativa que, a priori, podría complicar aún más el actual escenario de las finanzas públicas .
“Los $20.500 millones, que para nuestra provincia son muy importantes, representan apenas el 0,53% del presupuesto nacional”, relativizó Allende.
Estiman también en la provincia que, antes de ejecutar el embargo, la Corte podría apelar a un “ultimátum” al Gobierno para que cumpla con la sentencia.
“San Luis ha demostrado sobradamente sus intenciones de acordar y de negociar una forma de pago que sea factible y razonable para el Estado Nacional. Esto no es de ahora, venimos desde el año 2016 trabajando. Vinimos a numerosas reuniones, incluso el gobernador Alberto Rodríguez Saá ha participado de esos encuentros, se ha entrevistado con todos los funcionarios de Nación y nunca tuvimos una respuesta concreta. Y cuando obtuvimos una propuesta fue algo inviable, como este bono fuera del mercado y que a la provincia le implicaría seguir esperando por años poder cobrar esos fondos coparticipables”, cerró el fiscal de Estado.
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