| En Tucumán fueron imputados 81 represores | | |
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El requerimiento de indagatorias más amplio en la historia de Tucumán, al menos desde la reapertura de los procesos judiciales por los delitos de la última dictadura, fue presentado por los fiscales federales Carlos Brito y Pablo Camuña, con el apoyo de la la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Los imputados son 81 represores, acusados por secuestros, torturas, homicidios y delitos sexuales, entre otros crímenes perpetrados en perjuicio de 462 víctimas, en su mayoría campesinos y campesinas de la zona azucarera de la provincia.
El proceso judicial comprende hechos delictivos posteriores al golpe del 76 y concentrados en el sur de Tucumán, el área que dentro del Operativo Independencia fue denominado por los militares como “Zona de Operaciones”. Dentro de esa zona, el aparato represivo instaló un “Puesto de Comando Táctico” en el ex Ingenio Nueva Baviera (Famaillá), donde funcionó un centro clandestino de detención principal y desde donde muchas víctimas fueron trasladadas a sus destinos finales. La médula del sistema represivo en la región fue la inteligencia militar, a cargo del Destacamento 142 de inteligencia, con aportes del Batallón de Inteligencia 601.
El Ministerio Público Fiscal señaló que el despliegue en el sur de la provincia de media docena de grupos de tareas fue equiparable a la ocupación militar de un país extranjero. El Tribunal Oral de Tucumán, en una de sus sentencias, ya expresó que en esos poblados se desarrolló entre 1975 y 1983 una verdadera “experiencia totalitaria” ya que los militares controlaron no sólo el espacio público, sino también todos los aspectos de la organización familiar y privada de sus pobladores e intervinieron en toda forma de sociabilidad de habitantes caracterizados por su vulnerabilidad social. El procedimiento incluyó la construcción de cuatro pueblos y la relocalización forzada de comunidades enteras.
Las víctimas eran mayoritariamente campesinos y campesinas sin trabajo, por el cierre de los ingenios azucareros que había comenzado en los 60. Las 462 víctimas fueron secuestradas y torturadas, muchas mujeres y adolescentes sufrieron delitos contra su integridad sexual. El 25 por ciento de las 462 víctimas permanecen desaparecidas. Uun total de 18 fueron identificadas en tres lugares de inhumaciones clandestinas: una en el Cementerio del Norte, cuatro en una fosa común en el Arsenal Miguel de Azcuénaga y trece en el llamado “Pozo de Vargas”.
Las acusaciones a los 81 imputados abarcan las figuras de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición agravada de torturas, homicidio triplemente calificado, aborto, abuso deshonesto, violación, reducción a la servidumbre, extorsión, robo agravado, usurpación, lesiones, estrago doloso y asociación ilícita, todos calificados como delitos de lesa humanidad.
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