"Que venga la verdad, sea lo dolorosa que sea", dijo Sergio Maldonado ante los camaristas de la sala IV de la Cámara de Casación. "La abuela de Santiago me confesó que quería morirse para averiguar qué le pasó", agregó con la voz quebrada. Luego describió la denegación de justicia de los primeros días de búsqueda y el espionaje del que fueron víctimas: "El juez Otranto no me recibía pero me escuchaba el teléfono". Poco antes, su abogada Verónica Heredia argumentó, con jurisprudencia de esa misma sala y del derecho internacional, la necesidad de reabrir esta causa por el delito de desaparición forzada porque, según afirmó, la aparición del cuerpo sin vida "no desplaza esa figura penal". Casación deberá resolver si sostiene la resolución del archivo, si avala el fallo de Comodoro Rivadavia, o si inicia una investigación amplia con la hipótesis de desaparición forzada de Santiago Maldonado, lo que pide la familia desde el minuto uno del caso.
Heredia remarcó, en sintonía con lo que planteó el abogado Mauricio Rojas (Apdh), que el caso debe ser investigado en el contexto de violencia institucional, porque Maldonado perdió la vida tras involucrarse con la causa mapuche en Cushamen y ser perseguido junto a esa comunidad por centenares de gendarmes de cuatro escuadrones que ingresaron al predio con escopetas al grito de "muerte al indio" el 1 de agosto de 2017.
Antes de ingresar a la sala, acompañado por su esposa Andrea Antico, Maldonado se abrazó con Nora Cortiñas, que acudió a presenciar la audiencia junto a otras Madres de Plaza de Mayo, Nacho Levy, la diputada Alejandrina Barry y Luis Zamora, entre otros. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo deben resolver sobre el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que dispuso la reapertura del caso que el juez Gustavo Lleral decidió archivar en noviembre de 2018. Además de Heredia y Rojas fue escuchada la defensa del gendarme Emmanuel Echazu, a cargo de Juan Manuel Barrios, una de las últimas personas que pudo haber visto a Santiago cuando intentó salvar su vida cruzando el río Chubut.
Heredia recordó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Argentina en 2003 por el asesinato de Walter Bulacio, así como el de 2014 por la desaparición del mapuche Iván Torres. "El Estado tenía la obligación de volver a investigar para dar respuestas. Esa impunidad propicia la violación crónica del derecho, por eso cuando insistimos con que se investigue desaparición forzada con un equipo de expertos independientes, estamos pensando para atrás pero también para adelante, para que no haya nunca más desaparecidos democracia", dijo la abogada.
"Tras esos fallos el Estado no adecuó su estructura para investigar pronta y efectivamente un delito tan complejo, que es pluriofensivo porque violenta innumerables derechos de la persona, y solamente puede ocuparse un grupo independiente de los poderes del Estado porque es el propio Estado que lo perpetró y encubrió", explicó Heredia. En este sentido, la abogada de los Maldonado sostiene que es imposible escindirlo del contexto en que se produjo el hecho, el marco de violencia institucional desplegado en Chubut, incluso en años previos.
En su intervención, Federico Efron (Cels) recordó que la causa actualmente se encuentra sin juez porque Lleral se apartó y lo mismo hizo Hugo Sastre. El letrado enumeró los casos en los que fue señalado penalmente el poder político y en los que hay impunidad. Por eso le pidió a los camaristas "directrices claras para que éste no sea uno más". También participaron la Comisión Provincial por la Memoria (Liliana Alaniz), y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (Nicolás Tauber). Al igual que el Cels, no habian apelado el fallo, pero argumentaron contra del sobreseimiento de Echazu."Tomaron la autopsia como punto culminante, pero no es así, las ciencias duras nos acercan a situaciones. No vamos a discutir sobre las tablas eran las apropiadas, sino que hay que sumar más elementos, como la mochila que nunca apareció o la altura del río en agosto y en octubre, que lógicamente no es la misma", apuntó Rojas.
"Sin dudas por la memoria de Santiago hay que profundizar la investigación, el juez dice que murió por asfixia pero no dice cuál fue la mecánica, la autopsia no dice si hubo coacción, faltan pruebas. Hubo reticencia analizar el nexo de causalidad, en el entendimiento de que Santiago ingresó por su propia voluntad al río, y eso no es cierto. Estaba perseguido por operativo represivo de Gendarmeria que fue ilegal, planificado y premeditado", agregó el querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Rojas recordó el testimonio de la gendarme Dagma Pérez, quien afirmó haber sido convocada por la fuerza el día previo al operativo. "O son clarividentes o no hubo la flagrancia que invocaron porque todo fue planificado y coordinado, y ese es el nexo de causalidad con la muerte de Maldonado. Por lo tanto hay que abrir la causa bajo todas las hipótesis posibles", apuntó.
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