| La segunda Cruzada antimapuche | | |
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Descontextualizar o deshistorizar es un recurso habitual para mentir en debates públicos, clásico en el periodismo dominante. El deber de sortearlo crea dificultades, la primera es hasta cuándo remontarse en el tiempo. Para el tema central de esta columna tienta recordar una cita del maestro Osvaldo Bayer. El coronel prusiano Federico Rauch, contratado por Bernardino Rivadavia para aniquilar indios, proclamaba que “los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad”. La frase rebosa de incorrección política y hasta religiosa hoy en día aunque conserva vigencia ideológica.
Se podría también hacer escala en la obra devastadora del General y dos veces presidente Julio Argentino Roca. Su figura fue exaltada por Miguel Pichetto, dirigente antiplanero, antiempleo público, defensor de la actividad privada, que integra de facto y desde hace décadas la planta permanente del Estado.
Es ineludible la mención a la Reforma Constitucional de 1994 que reconoció los derechos de los pueblos originarios. Y, entre otras leyes dictadas en consecuencia, la 26.160 que declaró “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”.
Resulta central remitirse al año 2017, cuando Mauricio Macri era presidente y Patricia Bullrich ministra de Seguridad. Aquel Gobierno en alianza con el Grupo Clarín promovió una guerra santa contra los mapuches. Apeló a un clásico de las derechas en la aldea global: la construcción de un enemigo interno, aterrorizador. La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y Facundo Jones Huala pasaron a ser enemigos públicos número uno. Conductores de un ejército cuyo objetivo (accesible) era desmembrar el territorio argentino. La RAM contaba con el apoyo de la guerrilla kurda, del IRA irlandés, de la FARC colombianas (que estaban en disolución). Ojo, que esto no es broma: figura en archivos de medios ilustres.
El periodista Jorge Lanata exhibía por tevé decenas de denuncias judiciales de delitos cometidos por los subversivos. Al pasar los meses se comprobó que eran falsas o que no tenían pruebas. Pero los meses posteriores no cuentan, ya lo sabemos.
Bullrich pasó de las palabras a la acción directa. Comisionó a prominentes miembros de su ministerio para que promovieran operaciones armadas contra grupos mapuches movilizados. El más renombrado operativo fue cometido durante una gélida madrugada en Chubut, en la ruta nacional 40. Un nutrido grupo de gendarmes, con conducción política macrista, se ensañó con quienes cortaban esa ruta, un paraje poco transitado. No les bastó que los manifestantes se corrieran a un costado: emprendieron una cacería. La superioridad numérica, una de las claves de esta reseña, existió en ese momento.
Incitados y pertrechados, los gendarmes agredieron a los contados manifestantes. Los corrieron, les metieron (según sus propias palabras) “corchazos para que tengan”. Los insultaron, los apedrearon, dispararon armas, los hostigaron, les gritaban. Irrumpieron en la cercana comunidad Pu Lof, quemaron viviendas y modestas pertenencias de los pobladores. En esa circunstancia murió Santiago Maldonado asesinado de manera no precisada hasta hoy. Pero sin duda asesinado por la naturaleza del ataque, su violencia, la agresividad de los gendarmes.
El cuerpo de Santiago estuvo desaparecido durante meses. Fue hallado, de manera poco explicable, flotando en el río Chubut, en el tercer rastrillaje realizado en la misma zona. El río de deshielo, con aguas transparentes, con la visual solo entorpecida por raíces de árboles, diferente por ejemplo al barroso Delta del Paraná. Y sin pozones como ciertos arroyos cordobeses. Asombroso o inverosímil que haya pasado desapercibido en los dos primeros rastrillajes,
Las actuaciones judiciales dan vergüenza por parciales y lentas. A cuatro años de la “aparición” del cuerpo, Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago, presentó un pedido de pronto despacho ante la Corte Suprema que cajonea desde hace un año y medio una petición de la familia querellante. No contaremos todo el caso acá, apenas sus hitos, para desmemoriados.
El encuentro tardío del cadáver, la autopsia que agregó dolor y humillación a la familia postergaron el entierro de Santiago. Se realizó en 25 de mayo, su pueblo bonaerense natal, el 25 de noviembre de 2017. Ese mismo día Rafael Nahuel fue asesinado en las inmediaciones del Lago Mascardi por integrantes de otra fuerza federal comandada por Patricia Bullrich: el grupo Albatros de la Prefectura.
“Rafita” Nahuel formaba parte de un acampe en la ladera de una montaña contigua a una ruta. Los ocupantes eran hombres, mujeres, pibas, pibes, familias. No hay un conteo estricto, desde ya. Eran pocos. Siderales las diferencias con un grupo de elite entrenado que disparó fuego tupido, municiones de plomo. Una bala penetró por el glúteo de Nahuel, estaba de espaldas. Se adujo un tiroteo, jamás se probó.
Santiago tenía 28 años, Rafita 22. Jóvenes luchadores con biografías distintas participando de movilizaciones sociales.
Los dos homicidios siguen impunes.
Ahora, reaparecen en primera plana de medios nacionales Facundo Jones Huala (un poco por casualidad temporal) y la demonización del presunto ejército irregular mapuche. Macri y Bullrich ya no gobiernan, son los principales dirigentes de PRO.
Se organiza otra Cruzada, en un escenario político distinto, al que ahora entramos.
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Arabela, desmuteada y exigente: En apretado lapso de semanas se sucedieron tres incendios en Río Negro: uno en Bariloche, dos en El Bolsón. El más reciente en esta ciudad devastó al Club Andino Piltriquitrón (CAP). Se trata de una institución social, ubicada en el centro de la ciudad. Durante los incendios que asolaron la provincia, sus instalaciones fueron facilitadas como depósito de las donaciones para las víctimas.
Los tres siniestros parecen intencionales, se afirma que en el CAP participaron cuatro encapuchados. Los delitos redoblan crueldad en una zona castigada por el fuego. Deben investigarse, dilucidarse, identificar a los culpables, sancionarlos. Corresponde manifestar solidaridad con las víctimas, los socios del CAP, quienes asistían a sus actividades, todos los vecinos de El Bolsón.
Ninguna justificación política atenuaría las culpas de los causantes. Jueces y fiscales federales, encargados del expediente penal, no han difundido información pública al cierre de esta nota, ya entrada la tarde del sábado 23 de octubre.
La gobernadora rionegrina Arabela Carreras --con apoyo redoblado de la prensa nacional hegemónica y gran parte de la local-- “exige” al presidente Alberto Fernández que envíe fuerzas federales “en resguardo de los argentinos y argentinas que elegimos vivir en paz, respetando las leyes y las instituciones". El tono es imperioso, quedaron atrás los tiempos en que AF dialogaba con los mandatarios provinciales sobre la pandemia, en encuentros televisados en directo. En uno de ellos, Carrera hablaba sin hacerse oír. AF, amable, la condujo “desmuteate, Arabela”. En vísperas electorales la relación cambia. El oficialismo provincial competirá contra el Frente de Todos (FdT), diferenciarse es negocio. Arrojar culpas al gobierno central, un recurso tradicional siempre redituable.
Aduciendo sin pruebas la amenaza terrorista la mandataria se desliga de responsabilidades de su provincia, una de las más morosas (tal vez la más morosa) en implementar la ley nacional mencionada líneas arriba. También alega amnesia sobre la incompetencia de la policía brava rionegrina que, como tantas, tiene más pergaminos en violencia institucional que en resolver crímenes,
Según el censo de 2010 El Bolsón contaba con 19.909 habitantes, cifra que se multiplica en temporadas de turismo. Es una localidad en la que “todos se conocen”, lo que abarca a grupos que se definen como mapuches, hipotéticamente díscolos. Una crónica publicada ayer en Clarín cuenta que un vecino los cuantifica: “serán unos 20”.
El pretenso terrorismo mapuche no está acreditado, los hechos comprobados dan la impresión de poder ser resueltos por las autoridades provinciales.
El envío de fuerzas nacionales a las provincias no es la regla ni un trámite automático sino una excepción que tiene que ser fundada. Carreras dispone de atribuciones para “pedir” esa cooperación, no para exigirla de prepo. Astuta y hasta taimada, dobla la apuesta.
La réplica del Gobierno nacional (en espejo invertido) es sensata pero comunicada con torpeza, opina este cronista. Envía refuerzo de gendarmes a Río Negro desde La Pampa pero dejando a salvo que deben respetar derechos, no militarizar la situación, coadyuvar a la paz provincial y a que dentro de esa comunidad se busquen instancias de diálogo. La respuesta armoniza seguramente con el interés de muchos rionegrinos.
La falla de comunicación, entiende uno, es que el presidente y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández verbalizaron primero que Carreras no tenía derecho a exigir nada. Al mismo tiempo se accedió al pedido que quedó visibilizado en segundo plano. El orden de los factores altera el producto en comunicación masiva como en tantos órdenes de la existencia.
La Casa Rosada puede argüir que hay manipulación de la prensa y las fuerzas políticas opositoras. Tal cual… lo que no releva de comprender que los rivales actúan así y que hay que anticipar sus movidas, cuando son previsibles.
Dejar en claro las diferencias con las estrategias de Roca y Macri-Bullrich constituyen aciertos. Resaltar primero el “no”, una falla.
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Berni, el fuego ¿amigo?: El episodio es una breva madura para macartear a una minoría, cuestionar al gobierno, desestabilizar al FdT. Pelota picando frente al arco que empalmó de volea el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Desde su Panóptico en Puente 12, Ezeiza, tipificó como terroristas los actos vandálicos y se permitió sarcasmos recalentados. Bromeó sobre quienes quieren cambiar la bandera argentina ante la pasividad o la anuencia del oficialismo nacional. Los dichos rememoran a expresiones milicas del siglo pasado cuando se acusaba a “subversivos” de querer reemplazar la bandera por “el inmundo trapo rojo”. Advertencia para millenials: el pabellón rojo no era el de los realistas en la Marcha de San Lorenzo sino el de la Unión Soviética.
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Bielsa, en funciones: El embajador en Chile, Rafael Bielsa, asistió días atrás a una audiencia judicial en la causa que se sigue contra el dirigente mapuche Facundo Jones Huala, condenado y preso en el país hermano.
La presencia fue requerida por la defensa de Jones Huala. Participar en esas contingencias es un deber del cuerpo diplomático, de los consulados en particular. Una de sus labores más importantes y cotidianas, coinciden diplomáticos consultados por este diario. La presencia puede ayudar mucho a compatriotas en dificultades que tienen derecho a la tutela estatal. Las garantías a los acusados, expresó este cronista el jueves, valen para cualquier persona, refiriéndose a Macri. También protegen a Jones Huala.
Bielsa no pidió la libertad de Jones Huala. El excanciller es un protagonista con saberes. No solo abogado sino además jurista. Sabe bien qué puede solicitar y qué le está vedado. Sí objetó una alegación del representante del Ejecutivo chileno quien postuló que ”una razón válida para negar la libertad condicional al ciudadano argentino es su identidad cultural”. Bielsa tuiteó en la cuenta de la embajada que es inaceptable y violatorio de las reglas internacionales de Derechos Humanos que se le niegue un beneficio “por su identidad y no por sus actos”. Un planteo impecable.
La representación diplomática cumplió con su deber. El único punto debatible es la presencia inusual del embajador. Bielsa entendió que correspondía, dada la magnitud del caso. Por esa misma razón en la casa Rosada y en Cancillería hay quien piensa que debió bajar el perfil aunque nadie lo diga en voz alta. Sí le sugirieron --y “Rafa” Bielsa aceptó-- que ratificara su postura en declaraciones periodísticas en C5N, dejando claro que lo había resuelto solo.
Haberlo acusado de complicidad con la ofensiva mapuche… otra tropelía de la cruzada de derecha.
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Deudas de sangre: La anterior guerra santa contra los mapuches segó la vida de dos jóvenes convencidos, militantes. He ahí una “deuda de la democracia” menos nombrada que otras pero escrita con sangre. Agitar un revival irresponsable merece repudios y advertencias.
Corresponde también irradiar calma: la integridad territorial no está en jaque. Sobran otros retos, tangibles y obviazos.
La inminencia de las elecciones generales escinde las tácticas de la derecha. La coalición política opositora trata de moverse con calma (no siempre lo consigue) sabiéndose favorita pero asumiendo que ningún comicio está ganado hasta que se cuente el último voto.
El establishment económico ataca a fondo. Su poder es ajeno al cuarto oscuro, intuye debilidad del Gobierno: agrede. Amenaza con desabastecimiento, produce corcoveos en el sensible e ínfimo mercado del dólar paralelo, ilegal,.. alias blue o “libre” en abuso de la libertad de expresión.
Sin adentrarse en detalles técnicos del congelamiento de precios, este cronista celebra la actitud decidida con que se planta el gobierno. Tendrá que prolongarse más allá del 14 de noviembre.
Una política pública confrontativa y arriesgada quedará clueca si no suma la participación popular que se expresó el 17 y 18 de octubre. Ciudadanos y ONGs cooperando, manifestándose, realizando boicots de consumidores. Apuntalando al gobierno y construyendo en simultáneo su propio poder.
Cuando en la Argentina la gente común sale a la calle, dice un filósofo de barrio, es como el dentífrico: casi imposible que vuelva a entrar. Un escenario que debe promoverse para enderezar el rumbo, sea cual sea el veredicto de las urnas.
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