Nacionales: 85% de las exportaciones argentinas a la UE corresponden al sector
La cadena agroindustrial rechazó la salvaguardia agrícola propuesta por la Unión Europea
Las principales entidades del sector advirtieron que el reglamento impulsado por Bruselas contradice el acuerdo Mercosur-UE y pone en riesgo el equilibrio alcanzado tras más de dos décadas de negociaciones.
Fecha/Hora: 11/11/2025 08:08
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La cadena agroindustrial argentina expresó su rechazo al proyecto de reglamento elaborado por la Comisión Europea para aplicar salvaguardias bilaterales en productos agrícolas en el marco del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. En una declaración conjunta, más de cuarenta entidades del sector afirmaron que la iniciativa “busca limitar arbitrariamente nuestras exportaciones” y que resulta inconsistente con las reglas del Acuerdo y de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El pronunciamiento, firmado en Buenos Aires, sostiene que las salvaguardias son medidas comerciales “excepcionales” que no deberían aplicarse a productos donde la liberalización ya está restringida a un contingente arancelario. Según el texto, las exportaciones del Mercosur no superan el 2% del mercado europeo, por lo que no existe posibilidad de causar un daño grave a la industria agropecuaria del bloque. Por eso, las entidades consideran que el mecanismo propuesto “genera imprevisibilidad e incertidumbre”, justo lo contrario de lo que se busca con un acuerdo de libre comercio.
Una iniciativa unilateral
El documento advierte que el reglamento propuesto por Bruselas contradice el objetivo central del Acuerdo, que es aumentar y diversificar el comercio entre las partes sobre la base de un marco regulatorio previsible y transparente. Además, subraya que “menoscaba las legítimas expectativas del Mercosur de hacer un uso pleno de las preferencias arancelarias obtenidas”, fruto de un delicado equilibrio de concesiones alcanzado a lo largo de más de 20 años de negociaciones.
Las entidades recordaron que durante ese proceso ambas partes tomaron recaudos para proteger los productos considerados sensibles. En el caso europeo, algunos quedaron excluidos del acuerdo; otros fueron incluidos en canastas de liberalización a diez años o con rebajas arancelarias parciales. También existen productos con contingentes específicos. “Tanto la UE como el Mercosur fueron diligentes para evitar que estos sectores se vieran afectados”, remarcaron, y concluyeron que la propuesta de la Comisión “desconoce lo ya negociado y acordado”.
La advertencia llega en un momento clave. La Unión Europea busca ratificar el tratado antes de fin de año y enfrenta presiones internas de países como Francia, Italia y Polonia, donde el sector agrícola exige garantías frente a la competencia sudamericana. La llamada “salvaguardia agrícola” responde a esas demandas políticas y permitiría activar restricciones cuando las importaciones del Mercosur crezcan más de 10% o los precios caigan más de 10% frente a los valores locales.
La declaración fue suscripta por una amplia representación del complejo agroindustrial nacional, entre ellas la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, la Federación Agraria Argentina (FAA), el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), las Bolsas de Comercio de Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Bahía Blanca y Entre Ríos, y cámaras sectoriales como Ciara, Maizar, Acsoja, CREA, AFAT, Cafma, Casafe, Clera, Cepa, CEC, ASA, AFoA, Acnoa, Asagir, Argentrigo, FAIM y Unica, entre muchas otras.
En la misma línea, un análisis elaborado recientemente por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) aporta detalles técnicos sobre el alcance del nuevo reglamento. Según el estudio, el texto legislado por la Comisión Europea “impulsa un marco unilateral” que acorta los plazos de investigación de 12 a 4 meses para los productos sensibles y amplía los criterios para iniciar una investigación por “daño grave”. En la práctica, bastaría con una baja de precios o una suba moderada de importaciones para suspender las preferencias negociadas.
Exportaciones en la mira
La BCR subrayó que el proyecto “va más allá de lo acordado en el capítulo 9” del texto oficial del Acuerdo Mercosur-UE, que establece de forma precisa las condiciones y plazos para imponer medidas de defensa comercial. En ese capítulo, las partes excluyeron expresamente la Salvaguardia Agrícola Especial (SGE) prevista en la OMC, que puede aplicarse sin prueba de daño. De ese modo, el tratado buscó garantizar que las restricciones al comercio agropecuario se mantuvieran bajo control bilateral.
Sin embargo, el nuevo reglamento “vuelve a introducir la lógica de la SGE” al permitir que la Comisión Europea inicie investigaciones por su cuenta, incluso ante fluctuaciones normales de mercado. Para la BCR, esto contradice el espíritu del acuerdo y genera un precedente peligroso: “legislar unilateralmente sobre un mecanismo que ya fue negociado en el tratado”.
El informe también destaca que el 85% de las exportaciones argentinas a la UE corresponden a productos agroindustriales, principalmente complejos de soja, maíz, carne y biodiésel. Por eso, cualquier alteración unilateral del régimen preferencial “afectaría directamente la previsibilidad del sector exportador argentino y del conjunto del Mercosur”.
El pronunciamiento, firmado en Buenos Aires, sostiene que las salvaguardias son medidas comerciales “excepcionales” que no deberían aplicarse a productos donde la liberalización ya está restringida a un contingente arancelario. Según el texto, las exportaciones del Mercosur no superan el 2% del mercado europeo, por lo que no existe posibilidad de causar un daño grave a la industria agropecuaria del bloque. Por eso, las entidades consideran que el mecanismo propuesto “genera imprevisibilidad e incertidumbre”, justo lo contrario de lo que se busca con un acuerdo de libre comercio.
Una iniciativa unilateral
El documento advierte que el reglamento propuesto por Bruselas contradice el objetivo central del Acuerdo, que es aumentar y diversificar el comercio entre las partes sobre la base de un marco regulatorio previsible y transparente. Además, subraya que “menoscaba las legítimas expectativas del Mercosur de hacer un uso pleno de las preferencias arancelarias obtenidas”, fruto de un delicado equilibrio de concesiones alcanzado a lo largo de más de 20 años de negociaciones.
Las entidades recordaron que durante ese proceso ambas partes tomaron recaudos para proteger los productos considerados sensibles. En el caso europeo, algunos quedaron excluidos del acuerdo; otros fueron incluidos en canastas de liberalización a diez años o con rebajas arancelarias parciales. También existen productos con contingentes específicos. “Tanto la UE como el Mercosur fueron diligentes para evitar que estos sectores se vieran afectados”, remarcaron, y concluyeron que la propuesta de la Comisión “desconoce lo ya negociado y acordado”.
La advertencia llega en un momento clave. La Unión Europea busca ratificar el tratado antes de fin de año y enfrenta presiones internas de países como Francia, Italia y Polonia, donde el sector agrícola exige garantías frente a la competencia sudamericana. La llamada “salvaguardia agrícola” responde a esas demandas políticas y permitiría activar restricciones cuando las importaciones del Mercosur crezcan más de 10% o los precios caigan más de 10% frente a los valores locales.
La declaración fue suscripta por una amplia representación del complejo agroindustrial nacional, entre ellas la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, la Federación Agraria Argentina (FAA), el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), las Bolsas de Comercio de Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Bahía Blanca y Entre Ríos, y cámaras sectoriales como Ciara, Maizar, Acsoja, CREA, AFAT, Cafma, Casafe, Clera, Cepa, CEC, ASA, AFoA, Acnoa, Asagir, Argentrigo, FAIM y Unica, entre muchas otras.
En la misma línea, un análisis elaborado recientemente por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) aporta detalles técnicos sobre el alcance del nuevo reglamento. Según el estudio, el texto legislado por la Comisión Europea “impulsa un marco unilateral” que acorta los plazos de investigación de 12 a 4 meses para los productos sensibles y amplía los criterios para iniciar una investigación por “daño grave”. En la práctica, bastaría con una baja de precios o una suba moderada de importaciones para suspender las preferencias negociadas.
Exportaciones en la mira
La BCR subrayó que el proyecto “va más allá de lo acordado en el capítulo 9” del texto oficial del Acuerdo Mercosur-UE, que establece de forma precisa las condiciones y plazos para imponer medidas de defensa comercial. En ese capítulo, las partes excluyeron expresamente la Salvaguardia Agrícola Especial (SGE) prevista en la OMC, que puede aplicarse sin prueba de daño. De ese modo, el tratado buscó garantizar que las restricciones al comercio agropecuario se mantuvieran bajo control bilateral.
Sin embargo, el nuevo reglamento “vuelve a introducir la lógica de la SGE” al permitir que la Comisión Europea inicie investigaciones por su cuenta, incluso ante fluctuaciones normales de mercado. Para la BCR, esto contradice el espíritu del acuerdo y genera un precedente peligroso: “legislar unilateralmente sobre un mecanismo que ya fue negociado en el tratado”.
El informe también destaca que el 85% de las exportaciones argentinas a la UE corresponden a productos agroindustriales, principalmente complejos de soja, maíz, carne y biodiésel. Por eso, cualquier alteración unilateral del régimen preferencial “afectaría directamente la previsibilidad del sector exportador argentino y del conjunto del Mercosur”.