El festival de créditos VIP del Nación ya está en Comodoro Py
El juez Lijo y el fiscal Pollicita están a un paso de quedarse con las denuncias penales contra funcionarios y legisladores libertarios. Los funcionarios judiciales son los que investigan además a Adorni.
Fecha/Hora: 07/04/2026 07:49
Cód. 110602
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El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita tienen todos los boletos para quedarse con la acumulación de las denuncias penales por el festival de créditos VIP del Banco Nación a funcionarios y diputados de La Libertad Avanza. Entre los principales acusados aparecen el exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Nuñez, el hijo de Eduardo “Lule” Menem, Federico Sharif Menem, de apenas 24 años y asesor de la presidencia de la Cámara de Diputados, los diputados Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverder, Santiago Santurio, Mariano Campero y el director de Comunicación Digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial, Juan Pablo Carreira (@juandoe). Entre las figuras penales que pesan sobre éstos aparecen el tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y defraudación a la administración pública.
Si bien todavía se estaba definiendo la competencia porque otras denuncias recayeron en otros juzgados, pero todo indica que Lijo se quedará con las tres demandas. Lo curioso del caso es que la dupla que integran el juez y el fiscal es la misma que investiga los viajes y las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Lo cierto es que hasta el momento la defensa mediática de los señalados es afirmar que todo se hizo de acuerdo a la normativa vigente. Por caso, Mario Zagaglia, responsible de Banca Personas, afirmó que estos créditos VIP se otorgan con “transparecencia y accesibiliad”. Con algo más de torpeza, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, buscó minimizar al denuncia y en un canal de televisión dijo como si invitara a un evento con entrada libre: “Yo le digo a todo el mundo: vayan a tomar créditos hipotecarios”.
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Tras el escándalo de los créditos a funcionarios y diputados de LLA la primera denuncia penal se hizo el jueves pasado y cayó en el juzgado de Lijo. Luego el sábado se presentó una segunda denuncia que quedó a cargo del juez Daniel Rafecas y la fiscal Alejandra Mángano. Esta la hizo el abogado Alejandro Díaz Pascual (el mismo que presentó la denuncia original en la causa por las coimas en la ANDIS) figuran como denunciados Daniel Tillard, expresidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA).
No obstante, Rafecas al enterarse de que Lijo tenía una causa previa, se la estaría enviando por conexidad. Hubo una tercera denuncia penal, de la diputada de la Coalición Cívida Mónica Frade, que cayó en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti. En esa denuncia, además de los funcionarios del Banco Nación, quedaron denunciaron los que sacaron los créditos. Todo indica que esa también irá a parar al juzgado de Lijo.
El escándalo de los créditos comenzó cuando un sitio creado por Andrés Snitcofsky comenzó a compilar información del Banco Central sobre la deuda de funcionarios públicos. Allí se comenzó a construir una lista tanto de funcionarios del Ejecutivo como de diputados de La Libertad Avanza (algunos de ellos, recientemente conversos a LLA desde el radicalismo o el PRO), todos con créditos hipotecarios otorgados con tasa preferencial del Banco Nación.
Los casos más escandalosos fueron los de Lorena Villaverde, la diputada de LLA que no pudo asumir su banca en el Senado por las causas que tuvo en Estados Unidos por presunto narcotráfico y los procesos que se le siguen en su provincia por supuestas estafas con lotes de tierras. Figura en la lista por un crédito que obtuvo en enero del año pasado por 227 millones. Como antecedente, registra que la sucursal de Cipolletti le había rechazado su carpeta por no cumplir con los requisitos. En Río Negro aseguran que logró destrabarlo a partir de la intervención directa del presidente del Nación, Daniel Tillard. Ahora deberá dar nuevas explicaciones judiciales.
Otro de los más llamativos es el de Sharif Menem, hijo de Lule Menem, que con 24 años tuvo su primer trabajo en el Congreso y al toque consiguió un crédito por 357 millones de pesos.
Otro de los que escaló en la consideración pública fue el crédito de Leandro Massaccesi, hijo del ex candidato a presidente y gobernador radical de Río Negro Horacio Massaccesi. Pero en su caso no fue solo por el monto del crédito (420 millones de pesos), sino porque era jefe de Gabinete de Sandra Pettovello y la ministra lo echó. Esto desató una interna dentro del Gabinete, dado que otros ministros tienen funcionarios en su órbita que no tienen pensado expulsar. Esto llevó a que el presidente Javier Milei saliera a negar de forma ridícula que la salida de Mssaccesi tuviera que ver con el crédito que tomó (no ofreció otro motivo) y que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo hiciera lo propio. “No hubo nada ilegal”, dijo Caputo, quien no siguió la regla de qui s’excuse s’accuse (quien se excusa, se acusa).
Claro que Caputo tiene de qué preocuparse en este tema. Varios de los casos más complicados revisten en su órbita, como el secretario de Finanzas, Federico Furiase, que tiene un crédito por 360 millones de pesos otorgados por el Banco Nación. O el asesor Felipe Núñez, que pasó de querer cerrar el Banco Nación a tomar un crédito por por 373 millones de pesos. Los números son monumentales: entre Furiase, Núñez y Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, acumularon préstamos por casi mil millones de pesos. ¿Podrá la cartera del Nación recuerar esas cifras? Es lo que se preguntó Frade en su denuncia penal.
Otro funcionario que atacaba al Estado y ahora lo usufructa es Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe, que obtuvo un crédito por 113 millones. Es el director de Comunicaciones Digitales y maneja la infame Oficina de Respuesta Oficial y -menos oficialmente- los grupos trolls del Estado libertariano. Carreira llegó a decir que si alguna vez tocaba un peso del Estado debían colgarlo de cabeza en el Congreso.
En algunos casos el timing de los préstamos seguramente será materia de análisis judicial. Por ejemplo, con Alejandro Bongiovanni, que entró por las listas del PRO pero se pintó de violeta y justo un mes después obtuvo el préstamo por 255 millones de pesos. Bongiovanni negó toda relación entre los dos hechos.
Lo mismo pasó con Mario Campero, de los “radicales con peluca”, “héroe” de dar vuelta su voto contra los jubilados y luego ir a comer un asado con el presidente Milei. Le concedieron un crédito por 322 millones de pesos en mayo de 2025. Por esos días, el Poder Legislativo discutía la creación de la Comisión LIBRA, de la cual es integrante.
A la discusión se sumó ahora el senador Francisco Paoltroni, que se fue y volvió a LLA. No forma parte del grupo madre, porque su crédito hipotecario es con el Banco Ciudad por 270 millones de pesos. Paoltroni salió a responder: “Como ustedes saben, los funcionarios públicos tenemos el deber de presentar todos los años una declaración jurada. Obligación que cumplo rigurosamente desde el 2023 como Senador Nacional por la provincia de Formosa. Hasta entonces, mi único lugar de residencia familiar y laboral”. Detalló que sacó el crédito y que “habiendo reunido los mismos requisitos que cualquier otro ciudadano, la entidad me otorgó un crédito por $ 270 millones a 20 años (240 meses). Con este dinero y recursos propios adquirí una oficina comercial para remodelar en la calle Lavalle, hoy convertidas en nuestra segunda vivienda familiar. Y mi lugar de residencia habitual de lunes a viernes".
Otro que se arrojó sobre la granada fue el canciller Pablo Quirno quien recurrió al viejo truco de acusar a los que acusan, sin demasiado éxito: “Los que recibían Préstamos del Centenario subsidiados del BNA o préstamos para comprar aviones privados subfacturados al tipo de cambio oficial se quejan de préstamos hipotecarios (no existentes en su época) a mercado y en perfecto estado de cobrabilidad”.
Con un perfil más técnico, el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman -pareja de la jefa del bloque de LLA en la Legislatura, Pilar Ramirez-, aseguró que “no hubo irregularidades ni tratos preferenciales” y que cumplieron con los requisitos de “evaluación crediticia y el scoring habitual”. Lo que no aclaró es si se cambiaron los requisitos previo al festival de créditos a funcionarios.
Las condiciones en las que se otorgaron los créditos y la cobrabilidad ahora serán materia de análisis judicial.
Si bien todavía se estaba definiendo la competencia porque otras denuncias recayeron en otros juzgados, pero todo indica que Lijo se quedará con las tres demandas. Lo curioso del caso es que la dupla que integran el juez y el fiscal es la misma que investiga los viajes y las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Lo cierto es que hasta el momento la defensa mediática de los señalados es afirmar que todo se hizo de acuerdo a la normativa vigente. Por caso, Mario Zagaglia, responsible de Banca Personas, afirmó que estos créditos VIP se otorgan con “transparecencia y accesibiliad”. Con algo más de torpeza, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, buscó minimizar al denuncia y en un canal de televisión dijo como si invitara a un evento con entrada libre: “Yo le digo a todo el mundo: vayan a tomar créditos hipotecarios”.
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Tras el escándalo de los créditos a funcionarios y diputados de LLA la primera denuncia penal se hizo el jueves pasado y cayó en el juzgado de Lijo. Luego el sábado se presentó una segunda denuncia que quedó a cargo del juez Daniel Rafecas y la fiscal Alejandra Mángano. Esta la hizo el abogado Alejandro Díaz Pascual (el mismo que presentó la denuncia original en la causa por las coimas en la ANDIS) figuran como denunciados Daniel Tillard, expresidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA).
No obstante, Rafecas al enterarse de que Lijo tenía una causa previa, se la estaría enviando por conexidad. Hubo una tercera denuncia penal, de la diputada de la Coalición Cívida Mónica Frade, que cayó en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti. En esa denuncia, además de los funcionarios del Banco Nación, quedaron denunciaron los que sacaron los créditos. Todo indica que esa también irá a parar al juzgado de Lijo.
El escándalo de los créditos comenzó cuando un sitio creado por Andrés Snitcofsky comenzó a compilar información del Banco Central sobre la deuda de funcionarios públicos. Allí se comenzó a construir una lista tanto de funcionarios del Ejecutivo como de diputados de La Libertad Avanza (algunos de ellos, recientemente conversos a LLA desde el radicalismo o el PRO), todos con créditos hipotecarios otorgados con tasa preferencial del Banco Nación.
Los casos más escandalosos fueron los de Lorena Villaverde, la diputada de LLA que no pudo asumir su banca en el Senado por las causas que tuvo en Estados Unidos por presunto narcotráfico y los procesos que se le siguen en su provincia por supuestas estafas con lotes de tierras. Figura en la lista por un crédito que obtuvo en enero del año pasado por 227 millones. Como antecedente, registra que la sucursal de Cipolletti le había rechazado su carpeta por no cumplir con los requisitos. En Río Negro aseguran que logró destrabarlo a partir de la intervención directa del presidente del Nación, Daniel Tillard. Ahora deberá dar nuevas explicaciones judiciales.
Otro de los más llamativos es el de Sharif Menem, hijo de Lule Menem, que con 24 años tuvo su primer trabajo en el Congreso y al toque consiguió un crédito por 357 millones de pesos.
Otro de los que escaló en la consideración pública fue el crédito de Leandro Massaccesi, hijo del ex candidato a presidente y gobernador radical de Río Negro Horacio Massaccesi. Pero en su caso no fue solo por el monto del crédito (420 millones de pesos), sino porque era jefe de Gabinete de Sandra Pettovello y la ministra lo echó. Esto desató una interna dentro del Gabinete, dado que otros ministros tienen funcionarios en su órbita que no tienen pensado expulsar. Esto llevó a que el presidente Javier Milei saliera a negar de forma ridícula que la salida de Mssaccesi tuviera que ver con el crédito que tomó (no ofreció otro motivo) y que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo hiciera lo propio. “No hubo nada ilegal”, dijo Caputo, quien no siguió la regla de qui s’excuse s’accuse (quien se excusa, se acusa).
Claro que Caputo tiene de qué preocuparse en este tema. Varios de los casos más complicados revisten en su órbita, como el secretario de Finanzas, Federico Furiase, que tiene un crédito por 360 millones de pesos otorgados por el Banco Nación. O el asesor Felipe Núñez, que pasó de querer cerrar el Banco Nación a tomar un crédito por por 373 millones de pesos. Los números son monumentales: entre Furiase, Núñez y Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, acumularon préstamos por casi mil millones de pesos. ¿Podrá la cartera del Nación recuerar esas cifras? Es lo que se preguntó Frade en su denuncia penal.
Otro funcionario que atacaba al Estado y ahora lo usufructa es Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe, que obtuvo un crédito por 113 millones. Es el director de Comunicaciones Digitales y maneja la infame Oficina de Respuesta Oficial y -menos oficialmente- los grupos trolls del Estado libertariano. Carreira llegó a decir que si alguna vez tocaba un peso del Estado debían colgarlo de cabeza en el Congreso.
En algunos casos el timing de los préstamos seguramente será materia de análisis judicial. Por ejemplo, con Alejandro Bongiovanni, que entró por las listas del PRO pero se pintó de violeta y justo un mes después obtuvo el préstamo por 255 millones de pesos. Bongiovanni negó toda relación entre los dos hechos.
Lo mismo pasó con Mario Campero, de los “radicales con peluca”, “héroe” de dar vuelta su voto contra los jubilados y luego ir a comer un asado con el presidente Milei. Le concedieron un crédito por 322 millones de pesos en mayo de 2025. Por esos días, el Poder Legislativo discutía la creación de la Comisión LIBRA, de la cual es integrante.
A la discusión se sumó ahora el senador Francisco Paoltroni, que se fue y volvió a LLA. No forma parte del grupo madre, porque su crédito hipotecario es con el Banco Ciudad por 270 millones de pesos. Paoltroni salió a responder: “Como ustedes saben, los funcionarios públicos tenemos el deber de presentar todos los años una declaración jurada. Obligación que cumplo rigurosamente desde el 2023 como Senador Nacional por la provincia de Formosa. Hasta entonces, mi único lugar de residencia familiar y laboral”. Detalló que sacó el crédito y que “habiendo reunido los mismos requisitos que cualquier otro ciudadano, la entidad me otorgó un crédito por $ 270 millones a 20 años (240 meses). Con este dinero y recursos propios adquirí una oficina comercial para remodelar en la calle Lavalle, hoy convertidas en nuestra segunda vivienda familiar. Y mi lugar de residencia habitual de lunes a viernes".
Otro que se arrojó sobre la granada fue el canciller Pablo Quirno quien recurrió al viejo truco de acusar a los que acusan, sin demasiado éxito: “Los que recibían Préstamos del Centenario subsidiados del BNA o préstamos para comprar aviones privados subfacturados al tipo de cambio oficial se quejan de préstamos hipotecarios (no existentes en su época) a mercado y en perfecto estado de cobrabilidad”.
Con un perfil más técnico, el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman -pareja de la jefa del bloque de LLA en la Legislatura, Pilar Ramirez-, aseguró que “no hubo irregularidades ni tratos preferenciales” y que cumplieron con los requisitos de “evaluación crediticia y el scoring habitual”. Lo que no aclaró es si se cambiaron los requisitos previo al festival de créditos a funcionarios.
Las condiciones en las que se otorgaron los créditos y la cobrabilidad ahora serán materia de análisis judicial.