AMET Entre Ríos se presentó como amicus curiae en una demanda contra el recorte de fondos a la educación técnica
El gremio entrerriano formalizó su adhesión en carácter de amicus curiae a la demanda judicial que busca declarar la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley de Presupuesto Nacional 2026, por el cual se eliminaron fondos destinados a escuelas técnicas, agrotécnicas, centros de formación profesional e institutos superiores técnicos, se informó a APFDigital.
Fecha/Hora: 20/04/2026 10:07
Cód. 110716
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La presentación se enmarca en una causa que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde recientemente se dictó una resolución favorable a la acción colectiva impulsada por padres de estudiantes de escuelas técnicas. La adhesión institucional fue firmada por el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI, Andrés Besel, el secretario de Relaciones Gremiales, Fabián Monzón, y delegados sindicales, y será remitida a los abogados patrocinantes de la causa.
El planteo judicial solicita la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley N° 27.798, de Presupuesto 2026, promulgada por el Decreto 932/25, que derogó el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y disposiciones centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico. Estas modificaciones impactan directamente en el financiamiento de la educación técnica y en el funcionamiento cotidiano de las instituciones educativas.
En su resolución, el juez interviniente declaró la acción como colectiva y estableció que la clase afectada está integrada por estudiantes regulares que cursan en establecimientos estatales de Educación Técnico Profesional en todo el país. Asimismo, fijó como objeto del proceso el pedido de declaración de inconstitucionalidad del artículo cuestionado y determinó como demandado al Estado Nacional–Poder Ejecutivo.
La figura judicial de amicus curiae, o “amigos del tribunal”, permite que terceros con interés legítimo en el caso aporten argumentos y adhesiones para fortalecer el proceso judicial. En ese sentido, la entidad inició una campaña de recolección de firmas que serán incorporadas al expediente con el objetivo de respaldar la solicitud de una medida cautelar que detenga el desfinanciamiento del sistema de Educación Técnico Profesional.
“Como sindicato específico, no somos meros observadores externos de las políticas educativas, sino sujetos colectivos activos en la defensa del derecho a la educación, de las condiciones de trabajo docente y técnica, y de la calidad, continuidad y previsibilidad del sistema educativo, en tanto pilares esenciales para el desarrollo humano y productivo”, destacó AMET en un documento enviado a esta Agencia.
En el mismo sentido agregó: “Sostenemos firmemente que el compromiso y la participación colectiva de la ciudadanía en este proceso, es la herramienta para que la justicia dictamine que el Estado Nacional retome urgentemente la función indelegable del financiamiento,
sostenimiento e integración del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades”.
El planteo judicial solicita la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley N° 27.798, de Presupuesto 2026, promulgada por el Decreto 932/25, que derogó el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y disposiciones centrales de la Ley N° 27.614 de financiamiento científico-tecnológico. Estas modificaciones impactan directamente en el financiamiento de la educación técnica y en el funcionamiento cotidiano de las instituciones educativas.
En su resolución, el juez interviniente declaró la acción como colectiva y estableció que la clase afectada está integrada por estudiantes regulares que cursan en establecimientos estatales de Educación Técnico Profesional en todo el país. Asimismo, fijó como objeto del proceso el pedido de declaración de inconstitucionalidad del artículo cuestionado y determinó como demandado al Estado Nacional–Poder Ejecutivo.
La figura judicial de amicus curiae, o “amigos del tribunal”, permite que terceros con interés legítimo en el caso aporten argumentos y adhesiones para fortalecer el proceso judicial. En ese sentido, la entidad inició una campaña de recolección de firmas que serán incorporadas al expediente con el objetivo de respaldar la solicitud de una medida cautelar que detenga el desfinanciamiento del sistema de Educación Técnico Profesional.
“Como sindicato específico, no somos meros observadores externos de las políticas educativas, sino sujetos colectivos activos en la defensa del derecho a la educación, de las condiciones de trabajo docente y técnica, y de la calidad, continuidad y previsibilidad del sistema educativo, en tanto pilares esenciales para el desarrollo humano y productivo”, destacó AMET en un documento enviado a esta Agencia.
En el mismo sentido agregó: “Sostenemos firmemente que el compromiso y la participación colectiva de la ciudadanía en este proceso, es la herramienta para que la justicia dictamine que el Estado Nacional retome urgentemente la función indelegable del financiamiento,
sostenimiento e integración del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades”.