Nacionales: Punto por punto
De qué se trata la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad que debate el Senado Nacional
El Gobierno busca aprobar una reforma que acelera desalojos y limita expropiaciones estatales. El proyecto flexibiliza la compra de tierras rurales por extranjeros
Fecha/Hora: 13/07/2026 10:14
Cód. 111508
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El Senado debate este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el presidente Javier Milei. La iniciativa llega al recinto después de haber sido modificada 13 veces desde su dictamen el 20 de mayo.
Busca robustecer las garantías de los propietarios frente al Estado y ante ocupaciones ilegales para atraer inversiones. Para lograrlo, el texto final modifica de forma integral los regímenes vigentes de expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y propiedad rural.
La propuesta restringe las expropiaciones estatales al exigir que cada declaración de utilidad pública demuestre ideoneidad, necesidad y proporcionalidad. También prohíbe la transferencia de dominio al Estado sin un pago previo integral, el cual incluye la actualización monetaria e incorpora el lucro cesante objetivamente acreditado. El valor del bien queda fijado antes de cualquier anuncio oficial para evitar la depreciación del inmueble.
En cuanto a los desalojos, el proyecto se transforma en trámites sumarísimos y faculta a los magistrados a ordenar la restitución anticipada de los inmuebles en casos de usurpación evidente. La justicia cuenta con atribuciones ampliadas y auxilio directo de la fuerza pública. Como contrapartida incorporada en las últimas revisiones, el texto obliga a dar intervención a organismos competentes si existen menores, ancianos o personas con discapacidad afectados, coordinando un auxilio transitorio sin detener el avande del litigio.
El mercado inmobiliario rural también sufre modificaciones sustanciales. Aunque persiste el veto de compra para Estados extranjeros, la norma elimina las restricciones vigentes para individuos o empresas foráneas e introduce el silencio administrativo positivo para agilizar las autorizaciones de adquisión. Por otra parte, la flexibilización alcanza la regularización de la Ley Pierri, que ahora demanda 10 años de posesión pacífica comprobable y se limita a viviendas únicas, con excepción de los agricultores familiares.
En el plano ambiental, la derogación de las prohibiciones posteriores a incendios forestales contenidas en la Ley de Manejo del Fuego anticipa fuertes cruces con la oposición y colectivos ecologistas. Además, el área administrativa se concentra en la digitalización total de los registros inmobiliarios mediante la creción de una Ventanilla Única Federal y una Red Federal de Publicidad de Inhibiciones. La sesión del jueves expone el verdadero alcance de los consensos logrados porel Poder Ejecutivo tras dos meses de intensas negociaciones.
Busca robustecer las garantías de los propietarios frente al Estado y ante ocupaciones ilegales para atraer inversiones. Para lograrlo, el texto final modifica de forma integral los regímenes vigentes de expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y propiedad rural.
La propuesta restringe las expropiaciones estatales al exigir que cada declaración de utilidad pública demuestre ideoneidad, necesidad y proporcionalidad. También prohíbe la transferencia de dominio al Estado sin un pago previo integral, el cual incluye la actualización monetaria e incorpora el lucro cesante objetivamente acreditado. El valor del bien queda fijado antes de cualquier anuncio oficial para evitar la depreciación del inmueble.
En cuanto a los desalojos, el proyecto se transforma en trámites sumarísimos y faculta a los magistrados a ordenar la restitución anticipada de los inmuebles en casos de usurpación evidente. La justicia cuenta con atribuciones ampliadas y auxilio directo de la fuerza pública. Como contrapartida incorporada en las últimas revisiones, el texto obliga a dar intervención a organismos competentes si existen menores, ancianos o personas con discapacidad afectados, coordinando un auxilio transitorio sin detener el avande del litigio.
El mercado inmobiliario rural también sufre modificaciones sustanciales. Aunque persiste el veto de compra para Estados extranjeros, la norma elimina las restricciones vigentes para individuos o empresas foráneas e introduce el silencio administrativo positivo para agilizar las autorizaciones de adquisión. Por otra parte, la flexibilización alcanza la regularización de la Ley Pierri, que ahora demanda 10 años de posesión pacífica comprobable y se limita a viviendas únicas, con excepción de los agricultores familiares.
En el plano ambiental, la derogación de las prohibiciones posteriores a incendios forestales contenidas en la Ley de Manejo del Fuego anticipa fuertes cruces con la oposición y colectivos ecologistas. Además, el área administrativa se concentra en la digitalización total de los registros inmobiliarios mediante la creción de una Ventanilla Única Federal y una Red Federal de Publicidad de Inhibiciones. La sesión del jueves expone el verdadero alcance de los consensos logrados porel Poder Ejecutivo tras dos meses de intensas negociaciones.