Cuba al límite: la crisis que la está obligando a transformarse
El control político del Partido Comunista permanece imperturbable mientras la isla atraviesa su peor crisis económica en décadas. Ante el deterioro, Miguel Díaz-Canel intenta reformar las bases económicas del sistema sin modificar la estructura de poder del régimen.
Fecha/Hora: 20/08/2026 11:22
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Cuba atraviesa la crisis más profunda de las últimas décadas y, sin embargo, el deterioro económico no se ha traducido en una crisis equivalente de poder. Los apagones de hasta veinte horas diarias, la escasez de combustible, alimentos y medicamentos, el derrumbe del turismo y la emigración masiva están obligando al gobierno de Miguel Díaz-Canel a modificar las bases económicas del sistema, pero sin ceder el monopolio político del Partido Comunista.
En junio, la Asamblea Nacional aprobó 176 medidas para ampliar el sector privado, facilitar la inversión extranjera, permitir bancos privados, descentralizar empresas estatales y habilitar operaciones de comercio exterior. Es la mayor transformación del modelo económico cubano desde la Revolución de 1959.
La magnitud de la crisis obliga a evitar explicaciones simples. El embargo estadounidense constituye una restricción estructural para una economía dependiente de las importaciones y limita su acceso al financiamiento, el comercio y la inversión. Pero también existe un problema interno: décadas de baja productividad, falta de inversión, centralización económica y empresas estatales ineficientes. La crisis actual surge de la combinación de ambos factores.
Washington ha decidido profundizar esa fragilidad. Donald Trump endureció el cerco sobre el suministro de petróleo y amenazó con sancionar a los países que abastezcan a la isla. El secretario de Estado Marco Rubio, de ascendencia cubana y principal arquitecto de la política hacia La Habana, apuesta por una presión sostenida destinada a reducir los recursos del Estado y forzar concesiones políticas. El objetivo no parece limitarse a modificar determinadas políticas, sino a crear condiciones para una transformación del régimen.
Sin embargo, el poder cubano tiene una capacidad de supervivencia que excede a la figura de Díaz-Canel. Se sostiene sobre tres pilares estrechamente vinculados: el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad. A ellos se suma GAESA, el conglomerado empresarial militar que controla sectores estratégicos como turismo, construcción, comercio y finanzas.
Esta estructura permite que el sistema sobreviva a sus dirigentes. Pero también explica por qué la figura de Raúl Castro conserva un peso que no se corresponde con el lugar que ocupa formalmente en el Estado. A sus 95 años, ya no ocupa los principales cargos del gobierno, pero mantiene autoridad dentro de una estructura en la que se superponen vínculos familiares, militares y económicos.
En ese entramado aparece su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”. Fue jefe de seguridad de su abuelo y está vinculado al Ministerio del Interior y al universo de GAESA, precisamente uno de los principales blancos de las sanciones estadounidenses. Es hijo del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien durante dos décadas dirigió ese conglomerado y fue una de las figuras económicas más poderosas de Cuba. En julio, Rodríguez Castro declaró estar dispuesto a negociar directamente con Donald Trump, una intervención inusual para alguien sin cargo formal dentro del Estado cubano.
La importancia de este episodio no está solamente en quién es Rodríguez Castro, sino en lo que revela sobre la estructura de poder que comienza a proyectarse hacia el futuro. No hay elementos suficientes para afirmar que exista una fractura dentro del régimen. Pero sí para pensar que Washington ya está mirando hacia la sucesión y tratando de identificar dónde reside el poder efectivo en Cuba. La aparición de Rodríguez Castro puede ser una señal de esa búsqueda.
La apertura económica que puede cambiar el equilibrio de poder
La apertura económica forma parte de esa misma ecuación. Cuba ya no puede sostener un modelo basado casi exclusivamente en la empresa estatal, pero tampoco busca construir una democracia liberal. Su estrategia se aproxima a la experiencia de China y Vietnam: introducir mercado, capital privado e inversión extranjera para preservar el control político. El riesgo es que el mercado produzca actores con mayor autonomía frente al Estado. El régimen necesita la apertura para sobrevivir, pero sabe que también puede modificar las relaciones de poder.
La crisis energética muestra ese proceso. Con el colapso de los suministros tradicionales de petróleo, algunas empresas privadas cubanas comenzaron a importar combustible desde Estados Unidos. Mientras el Estado enfrenta dificultades para garantizar electricidad y transporte, aparecen circuitos privados de abastecimiento. Es una liberalización nacida de la necesidad, no de una conversión ideológica.
La salida de las grandes hoteleras españolas expone otro frente. Meliá, que operaba en Cuba desde 1990, abandonó completamente la isla en julio. Iberostar y Barceló, también españolas y especializadas en turismo, terminaron sus operaciones. La salida de Meliá es especialmente significativa porque buena parte de los establecimientos que gestionaba estaban vinculados al entramado empresarial estatal y militar cubano.
La retirada supone para Cuba perder inversión, empleo y una fuente relevante de divisas en un momento crítico. La llegada de turistas internacionales cayó 55,8% durante los primeros cuatro meses del año. Para Washington, el efecto buscado no es solamente económico: cuanto menor sea la capacidad del Estado cubano para generar divisas, mayor será su dependencia de una negociación con Estados Unidos.
Pero el punto más delicado está en la sociedad cubana. ¿Por qué el enorme malestar social no consigue transformarse en una fuerza política capaz de disputar el poder?
La explicación no pasa por la resignación. Existen protestas y un creciente descontento popular, pero el régimen conserva desde hace décadas un sistema de vigilancia, censura y represión que dificulta la construcción de una oposición organizada. Las movilizaciones de julio de 2021 demostraron tanto la magnitud del hartazgo como la capacidad del Estado para contenerlo. En marzo, estudiantes de la Universidad de La Habana volvieron a protestar por los apagones y las condiciones de vida, mientras durante mayo y julio se registraron manifestaciones vecinales por la crisis energética.
El problema es que el descontento no encuentra una estructura política capaz de transformarlo en poder. A ello se suma la emigración, que funciona como una válvula de escape social. Más de un millón de cubanos abandonaron la isla desde 2021 y la población cayó a unos 9,4 millones. Una parte significativa de quienes se marchan está en edad laboral. La sociedad cubana pierde así trabajadores, profesionales y, sobre todo, parte de una generación que podría protagonizar una renovación económica y política. El descontento no desaparece. En muchos casos, simplemente se va del país.
Washington intenta precisamente alterar ese equilibrio. Pero también enfrenta límites: una Cuba completamente colapsada podría generar una crisis migratoria y humanitaria de enormes dimensiones frente a las costas estadounidenses. Por eso, aunque Trump mantiene una política de máxima presión, la estrategia de Rubio parece orientarse hacia una asfixia gradual combinada con negociación, antes que hacia una intervención militar directa.
El problema central ya no reside en determinar si Cuba cambiará, sino en quién tendrá capacidad para definir los términos de esa transformación. En esa disputa confluyen el Partido Comunista, una eventual nueva elite económica vinculada al aparato militar, Washington y una sociedad civil que todavía no ha logrado construir una capacidad organizada para disputar el poder. El futuro de la isla dependerá, en última instancia, de qué actor o coalición de actores consiga definir el rumbo y los términos de la transición.
En junio, la Asamblea Nacional aprobó 176 medidas para ampliar el sector privado, facilitar la inversión extranjera, permitir bancos privados, descentralizar empresas estatales y habilitar operaciones de comercio exterior. Es la mayor transformación del modelo económico cubano desde la Revolución de 1959.
La magnitud de la crisis obliga a evitar explicaciones simples. El embargo estadounidense constituye una restricción estructural para una economía dependiente de las importaciones y limita su acceso al financiamiento, el comercio y la inversión. Pero también existe un problema interno: décadas de baja productividad, falta de inversión, centralización económica y empresas estatales ineficientes. La crisis actual surge de la combinación de ambos factores.
Washington ha decidido profundizar esa fragilidad. Donald Trump endureció el cerco sobre el suministro de petróleo y amenazó con sancionar a los países que abastezcan a la isla. El secretario de Estado Marco Rubio, de ascendencia cubana y principal arquitecto de la política hacia La Habana, apuesta por una presión sostenida destinada a reducir los recursos del Estado y forzar concesiones políticas. El objetivo no parece limitarse a modificar determinadas políticas, sino a crear condiciones para una transformación del régimen.
Sin embargo, el poder cubano tiene una capacidad de supervivencia que excede a la figura de Díaz-Canel. Se sostiene sobre tres pilares estrechamente vinculados: el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad. A ellos se suma GAESA, el conglomerado empresarial militar que controla sectores estratégicos como turismo, construcción, comercio y finanzas.
Esta estructura permite que el sistema sobreviva a sus dirigentes. Pero también explica por qué la figura de Raúl Castro conserva un peso que no se corresponde con el lugar que ocupa formalmente en el Estado. A sus 95 años, ya no ocupa los principales cargos del gobierno, pero mantiene autoridad dentro de una estructura en la que se superponen vínculos familiares, militares y económicos.
En ese entramado aparece su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”. Fue jefe de seguridad de su abuelo y está vinculado al Ministerio del Interior y al universo de GAESA, precisamente uno de los principales blancos de las sanciones estadounidenses. Es hijo del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien durante dos décadas dirigió ese conglomerado y fue una de las figuras económicas más poderosas de Cuba. En julio, Rodríguez Castro declaró estar dispuesto a negociar directamente con Donald Trump, una intervención inusual para alguien sin cargo formal dentro del Estado cubano.
La importancia de este episodio no está solamente en quién es Rodríguez Castro, sino en lo que revela sobre la estructura de poder que comienza a proyectarse hacia el futuro. No hay elementos suficientes para afirmar que exista una fractura dentro del régimen. Pero sí para pensar que Washington ya está mirando hacia la sucesión y tratando de identificar dónde reside el poder efectivo en Cuba. La aparición de Rodríguez Castro puede ser una señal de esa búsqueda.
La apertura económica que puede cambiar el equilibrio de poder
La apertura económica forma parte de esa misma ecuación. Cuba ya no puede sostener un modelo basado casi exclusivamente en la empresa estatal, pero tampoco busca construir una democracia liberal. Su estrategia se aproxima a la experiencia de China y Vietnam: introducir mercado, capital privado e inversión extranjera para preservar el control político. El riesgo es que el mercado produzca actores con mayor autonomía frente al Estado. El régimen necesita la apertura para sobrevivir, pero sabe que también puede modificar las relaciones de poder.
La crisis energética muestra ese proceso. Con el colapso de los suministros tradicionales de petróleo, algunas empresas privadas cubanas comenzaron a importar combustible desde Estados Unidos. Mientras el Estado enfrenta dificultades para garantizar electricidad y transporte, aparecen circuitos privados de abastecimiento. Es una liberalización nacida de la necesidad, no de una conversión ideológica.
La salida de las grandes hoteleras españolas expone otro frente. Meliá, que operaba en Cuba desde 1990, abandonó completamente la isla en julio. Iberostar y Barceló, también españolas y especializadas en turismo, terminaron sus operaciones. La salida de Meliá es especialmente significativa porque buena parte de los establecimientos que gestionaba estaban vinculados al entramado empresarial estatal y militar cubano.
La retirada supone para Cuba perder inversión, empleo y una fuente relevante de divisas en un momento crítico. La llegada de turistas internacionales cayó 55,8% durante los primeros cuatro meses del año. Para Washington, el efecto buscado no es solamente económico: cuanto menor sea la capacidad del Estado cubano para generar divisas, mayor será su dependencia de una negociación con Estados Unidos.
Pero el punto más delicado está en la sociedad cubana. ¿Por qué el enorme malestar social no consigue transformarse en una fuerza política capaz de disputar el poder?
La explicación no pasa por la resignación. Existen protestas y un creciente descontento popular, pero el régimen conserva desde hace décadas un sistema de vigilancia, censura y represión que dificulta la construcción de una oposición organizada. Las movilizaciones de julio de 2021 demostraron tanto la magnitud del hartazgo como la capacidad del Estado para contenerlo. En marzo, estudiantes de la Universidad de La Habana volvieron a protestar por los apagones y las condiciones de vida, mientras durante mayo y julio se registraron manifestaciones vecinales por la crisis energética.
El problema es que el descontento no encuentra una estructura política capaz de transformarlo en poder. A ello se suma la emigración, que funciona como una válvula de escape social. Más de un millón de cubanos abandonaron la isla desde 2021 y la población cayó a unos 9,4 millones. Una parte significativa de quienes se marchan está en edad laboral. La sociedad cubana pierde así trabajadores, profesionales y, sobre todo, parte de una generación que podría protagonizar una renovación económica y política. El descontento no desaparece. En muchos casos, simplemente se va del país.
Washington intenta precisamente alterar ese equilibrio. Pero también enfrenta límites: una Cuba completamente colapsada podría generar una crisis migratoria y humanitaria de enormes dimensiones frente a las costas estadounidenses. Por eso, aunque Trump mantiene una política de máxima presión, la estrategia de Rubio parece orientarse hacia una asfixia gradual combinada con negociación, antes que hacia una intervención militar directa.
El problema central ya no reside en determinar si Cuba cambiará, sino en quién tendrá capacidad para definir los términos de esa transformación. En esa disputa confluyen el Partido Comunista, una eventual nueva elite económica vinculada al aparato militar, Washington y una sociedad civil que todavía no ha logrado construir una capacidad organizada para disputar el poder. El futuro de la isla dependerá, en última instancia, de qué actor o coalición de actores consiga definir el rumbo y los términos de la transición.