Ley de Defensa de la Soberanía: El debate terminó de forma abrupta y se estira su tratamiento

En un debate caldeado, que terminó de manera abrupta, se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados la primera reunión informativa de comisiones sobre el proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, enviado por el Gobierno. El clima arrancó tenso desde temprano, no solo por las duras críticas de la oposición hacia la iniciativa, sino por el impacto que tuvo el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras, y la vinculación de ambas cuestiones con la Causa Malvinas.

Precisamente sobre la decisión del máximo tribunal en torno al artículo del DNU 70/23 que dispuso la derogación de la Ley de Tierras, desde Unión por la Patria anunciaron en el arranque del encuentro que pedirán una sesión para derogar definitivamente ese decreto.

Luego de un inicio que anticipaba una jornada intensa, se pasó a la exposición de los funcionarios enviados por el Gobierno: no fueron ni ministros de las áreas involucradas, ni sus segundos. A continuación, arrancaron entonces las intervenciones de diputados, para las que se habían anotado 35 oradores.

Mientras la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman realizaba su intervención, el diputado de UP Juan Grabois fue a increpar al libertario Jairo Guzmán, que interrumpía a la legisladora. La reunión se desmadró y casi se da por levantada por parte del presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata. A su lado estaban también Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, presidentas de las otras comisiones competentes: Legislación Penal y Relaciones Exteriores, respectivamente.

Rencauzada la situación, la reunión continuó con una extensa lista de opositores para preguntar y, sobre todo, cuestionar en duros términos el proyecto de ley enviado por el Gobierno.

Pero, tras respuestas de los funcionarios a las consultas, cuando arrancó la segunda tanda de preguntas y fue el turno de hablar de Grabois, la reunión terminó de explotar. En medio de nuevos insultos del líder del Frente Patria Grande, Zapata le pidió “respeto”. Pero, ante los reiterados dardos del opositor, el salteño le apagó el micrófono. “No me apagues el micrófono facho de mierda”, lanzó el diputado de UP y Zapata dio por terminada la reunión, que ya llevaba a esa altura más de cuatro horas.

Más allá del fallo de la Corte, que complicó la agenda parlamentaria del oficialismo, la aspiración de un trámite exprés para este tema se diluyó. Días atrás, la intención de LLA era tener una reunión informativa este miércoles y dictaminar en un plenario siguiente, el 6 de octubre. Sin embargo, el oficialismo recalculó y habrá dos reuniones informativas más, para recién a fines de octubre firmar el dictamen y eventualmente llevarlo al recinto.

No obstante, el debate arrancó con la defensa de los funcionarios, una gran cantidad de críticas de los opositores y un silencio de los aliados del Pro, UCR y otros bloques provinciales, que no hicieron preguntas ni sentaron todavía su posición.



La exposición de funcionarios
Paula Tadei, de la Secretaría Legal y Técnica, aseguró que el proyecto “procura dotar a la República Argentina de un marco normativo integral, permanente, coordinado y eficiente para la defensa de la soberanía, la protección de los intereses vitales, los recursos estratégicos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales frente a amenazas a nuestra soberanía”.

“El proyecto de ley es una materialización concreta del mandato constitucional” en su cláusula primera, resaltó, y señaló: “Como lo ha dicho nuestro Presidente, Malvinas no es la causa de un gobierno, es una causa nacional y se necesita de herramientas permanentes”.

En cuanto a la iniciativa, la funcionaria explicó que “se estructura en tres pilares; primero, castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; segundo, generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en esas conductas; y tercero, dotar al Estado nacional de herramientas indispensables para protegerse ante amenazas externas”. Además, sostuvo que “es superador” de la actual Ley 26.659.

A su turno, Juan Ignacio Strampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, ponderó que “se pasa de un régimen que estaba centrado específicamente en los hidrocarburos, mientras que este proyecto amplía su ámbito de aplicación material”, incluyendo la pesca o minería no autorizada, por ejemplo. También se amplía el universo de sujetos alcanzados y se reemplaza la inhabilitación administrativa por un régimen de varias sanciones, indicó.

Centradas ambas intervenciones en el capítulo referido al endurecimiento de las sanciones a empresas que realicen actividades ilegales en la Plataforma Continental Argentina, el funcionario subrayó que “la ley busca proteger los recursos y que las empresas que pretendan explotar estos recursos sin autorización del gobierno argentino, como lo están haciendo algunas en este momento, tengan presente que no solo no van a poder desarrollar ningún tipo de actividad en Argentina, sino que estarán sujetos a multas en algunos montos muy gravosos”.

“Nuestro país lo que pretende es estar en línea con lo que son las sanciones de este tipo a nivel internacional”, añadió e insistió que “la empresa, una vez inhabilitada, va a tener que cesar sus actividades” y además esto “va a implicar la prohibición de contratar no solo con el Estado nacional, las provincias, los municipios, sino con cualquier persona física o jurídica que desarrolle actividades en nuestro territorio”.

Invitado por el oficialismo, también expuso el General Jorge Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares, del Ministerio de Defensa.



La intervención de los diputados
En una intervención que se vio interrumpida por una fuerte pelea entre Juan Grabois y diputados libertarios, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó: “El proyecto me parecía grave, pero con todo lo que han dicho acá y cómo lo han justificado, mi preocupación crece”.

“El fallo de la Corte Suprema les cae totalmente desubicado, como alfajor de pollo”, ironizó y observó que “el Gobierno planeaba, bajo un paraguas de un discurso soberanista sobre las Malvinas, meternos a todos a discutir cuestiones bastantes graves”, pero “nadie puede creer que les importa Malvinas si estás entregando el continente”, en referencia a la derogación de la Ley de Tierras, dispuesta en el DNU 70/23 y repuesta por el reciente fallo del máximo tribunal, publicó Parlamentario.

La legisladora también cuestionó que “en 133 artículos no se menciona la palabra Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra” cuando “estamos hablando de una ocupación colonial concreta”. Además, denunció que esto se trata de “un pedido fundamental de Marco Rubio (secretario de Estado de Estados Unidos) o ‘Narco’ Rubio, como yo le digo, para eliminar las barreras entre defensa y seguridad”.

“Este proyecto nada tiene que ver con Malvinas. Se borran las diferencias entre seguridad y defensa, porque lo que no quieren es defender la soberanía, lo que intentan es reforzar un Estado autoritario. Le dan supra poderes al Consejo de Seguridad, que pasa a estar por encima de los tres poderes del Estado”, advirtió.

Después, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro enfatizó que “estamos frente a una farsa, frente a una simulación. ¿Con qué cara vienen a decir que el objetivo es defender nuestra soberanía y nuestros recursos cuando ha quedado totalmente derogada la Ley de Tierras? Porque la soberanía, por supuesto es Malvinas como política de Estado, pero también la soberanía es más amplia, y no un nacionalismo tonto, peligroso y de mecha corta”.

Sobre la iniciativa, el porteño se preguntó: “¿A qué se debe la solicitud de facultades delegadas y excepcionales que están encubiertas dentro del texto en cuestiones sensibles de defensa, soberanía y seguridad nacional?”. “Se le quita al Parlamento la intervención de autorizaciones militares para las fuerzas armadas argentinas, y se pretende otorgar esta facultad solamente al Poder Ejecutivo de una manera totalmente discrecional y peligrosa”, denunció.

Al igual que otros diputados, Ferraro cuestionó la ausencia de los ministros. “¿A dónde está (Pablo) Quirno? ¿A dónde está el General (Carlos) Presti? ¿A dónde están los funcionarios responsables directos de la redacción de este proyecto?”.

Exministro de Defensa, Jorge Taiana expresó que “luego de casi tres años el presidente decidió descubrir que hay un tema en Argentina que se llama Malvinas”. Al igual que otros que observaron que el proyecto no menciona al Reino Unido, el diputado de UP remarcó la ausencia de las resoluciones de la ONU y del Comité de Descolonización en torno al tema.

En ese sentido, consideró que esto se debe al objetivo de “ir alejando el caso de Naciones Unidas y quizás apostar a esa mediación irrisoria que muchos creen que puede realizar el presidente (Donald) Trump, que tiene muchas similitudes con el presidente Milei, sobre todo en la estabilidad emocional y psíquica”.

El también excanciller señaló que la ley parece ser “muy dura” pero “es una farsa”; y apuntó que un solo capítulo está vinculado a Malvinas, mientras que el resto “se refiere a cumplir con lo solicitado por los Estados Unidos en la creación del Escudo de las Américas, eso es el sentido de todos los otros artículos; no tiene nada que ver con Malvinas” sino “la dilución de las diferencias entre defensa, seguridad e inteligencia”. “Es un proyecto que no debiéramos aceptar”, dijo.

Otro extitular de la cartera de Defensa, como Agustín Rossi, aseguró que la iniciativa tiene la “correcta calificación de ‘caballo de Troya’, porque detrás, debajo, dentro de la cuestión de Malvinas, aparecen una cantidad de modificaciones… Hasta modifican la Ley de Partidos Políticos. ¿Qué tendrá que ver la Ley de Partidos Políticos con Malvinas?”. “También es notable que hayan puesto como cabecera a la Comisión de Defensa, porque si queremos recuperar Malvinas será por la vía diplomática. La cabecera tenía que ser la Comisión de Relaciones Exteriores”, opinó.

“Es notable que todavía siga vigente el Acuerdo Mondino-Lammy, que todavía no lo derogaron, que retoma aspectos del Acuerdo Foradori-Duncan, que fue denunciado -más que derogado, denunciado- por nuestro país cuando nuestro compañero de bloque Santiago Cafiero era ministro de Relaciones Exteriores. Pero sigue absolutamente vigente, como siguen vigentes otras cosas”, cuestionó.

Sobre la creación del Consejo de Seguridad Nacional, el santafesino afirmó que “está tomado como referencia del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos”, pero “a diferencia de este, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos es un consejo asesor del Presidente. Este tiene funciones ejecutivas”. “Aquellos que venían a ‘achicar el Estado’ están generando una estructura burocrática que no sabemos bien cómo va a funcionar”, expresó Rossi.

Especialista en materia de defensa nacional dentro del bloque UP, Agustina Propato consideró que detrás de este proyecto de ley “hay una ley ómnibus”. En el plano legislativo exigió que el texto también tenga giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales y reaccionó a la exposición de Stampalija: “Fue muy pobre”.

“Estamos claramente en algo que contradice de plano a lo que el presidente anunció en cadena nacional, porque esta ley no está orientada a aseverar penas a petroleras que saquean Malvinas, este régimen echa por tierra todo lo dicho, es un señuelo para traer inversiones y es una estrategia para convocar a las petroleras”, cargó. También puso el foco en el Capítulo V que, según su análisis, “trae una amnistía a las petroleras que explotan la Cuenca Malvinas”.