La oposición convocó a una sesión para derribar el DNU 70

Diversos sectores de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron un pedido formal ante el presidente del cuerpo, Martín Menem, para convocar a una sesión especial el próximo jueves 15 de octubre a las 14.

El objetivo central de la movida parlamentaria es darle el golpe de gracia al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que desreguló de manera amplia la economía y ya cosechó un rechazo en el Senado en marzo de 2024.

La oposición responde así tras el impacto político generado por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó la vigencia del artículo 154 y dejó sin efecto los límites a la venta de tierras a extranjeros.

La solicitud de sesión cuenta con las firmas de legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y los monobloques de Natalia de la Sota y Marcela Pagano.

Para alcanzar el quorum de 129 bancas y las mayorías necesarias, los convocantes apuestan a tejer acuerdos con diputados ligados a los gobernadores provinciales, muchos de los cuales se encuentran actualmente en Francia junto al presidente Javier Milei, en el Argentina Week.

La agenda social para sumar mayorías
Con la intención de consolidar la masa crítica en el recinto, la oposición incluyó en el temario dos ejes de alta sensibilidad social: la prórroga de la emergencia en discapacidad y la atención al sobreendeudamiento de las familias.

En materia de endeudamiento, el plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor expuso posturas encontradas.

El oficialismo, en alianza con el PRO y la UCR, logró imponer el dictamen de mayoría al proponer un esquema basado en la educación financiera, la transparencia en los costos y la portabilidad del crédito, que rechaza de forma explícita el establecimiento de topes a las tasas o quitas de capital por considerarlos distorsivos.

Por el contrario, la oposición se dividió en dos propuestas de intervención directa. El peronismo, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas firmaron un dictamen para declarar la emergencia por 180 días, que habilite una refinanciación para quienes destinen más del 30% de sus ingresos al pago de deudas de consumo (hasta tres canastas básicas) con cuotas topadas.

En tanto, el bloque Argentina Federal presentó una iniciativa propia para limitar los intereses a 1,5 veces la tasa de plazo fijo promedio calculada por el BCRA por el término de un año.

El conflicto por discapacidad
El tratamiento de la emergencia en discapacidad representa uno de los puntos de mayor desgaste político para el Poder Ejecutivo en el Congreso. La controversia se profundizó a partir de la formulación del Presupuesto 2027, cuyo Capítulo VI contemplaba la derogación del sistema de movilidad para las pensiones por discapacidad, al dejar la actualización de los montos a discreción del Poder Ejecutivo.

La iniciativa generó un fuerte rechazo social y legislativo que obligó al oficialismo a modificar su postura inicial. Ante el avance de la oposición, que logró emplazar a las comisiones para tratar el tema el pasado 9 de septiembre con 249 votos afirmativos, La Libertad Avanza debió ceder terreno para evitar una derrota contundente en el recinto.

En el plenario de comisiones, el bloque libertario impulsó un dictamen de mayoría que obtuvo 42 firmas -frente a las 36 del texto opositor de prórroga directa de la emergencia- en el que aceptó preservar la compatibilidad del trabajo formal con el cobro de la pensión no contributiva por invalidez, garantizar las partidas para el programa Incluir Salud y restablecer la indexación mensual de los aranceles destinados a los prestadores.

El repliegue legislativo del Gobierno se dio en simultáneo con la renuncia de Alejandro Vilches a la Secretaría de Discapacidad y la exigencia de la Casa Rosada hacia los gobernadores para que retiren su apoyo a estas iniciativas si aspiran a cerrar acuerdos electorales hacia 2027.

Repliegue, internas y las estrategias de la Casa Rosada
El armado de la sesión especial puso en marcha un plan de contención por parte de La Libertad Avanza.

Para evitar la derogación completa del DNU 70 y dar una alternativa de votación a los bloques dialoguistas y gobernadores aliados, el oficialismo analiza reintroducir alguna restricción a la compra de tierras extranjeras dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada -que aguarda su tratamiento tras recibir media sanción del Senado- o en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía impulsado recientemente por el Ejecutivo.

La maniobra legislativa refleja una seguidilla de repliegues del oficialismo en el Congreso, donde debió ceder terreno en las discusiones sobre la actualización de las pensiones por discapacidad, la crisis de morosidad y las modificaciones en materia de soberanía sobre Malvinas.

El escenario generó además cortocircuitos dentro del propio espacio libertario. La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que la insistencia en desregular la venta de tierras resultó una medida "apresurada" que expuso innecesariamente al DNU 70 en los tribunales y en el Parlamento; aunque hoy, en Mar del Plata, aclaró que "siempre que hay un resquicio alguno quiere echar todo para atrás".

Desde el Ejecutivo, mientras tanto, apuestan a usar el margen de dos semanas previo a la sesión para negociar con los gobernadores y desarmar el quorum en el recinto.