Malvinas: el Gobierno pedirá medidas contra el Reino Unido ante un tribunal internacional
Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en la plataforma continental.
Fecha/Hora: 08/10/2026 09:17
Cód. 112235
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El Gobierno de Javier Milei pedirá medidas contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en el marco del arbitraje iniciado por la Argentina bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
La presentación buscará que el tribunal exija al Reino Unido el cese de las actividades vinculadas con la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental cuya soberanía reclama la Argentina. El planteo se vincula con el proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
El Gobierno había otorgado al Reino Unido un plazo de dos semanas para adoptar medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de esas actividades. Ese plazo vence el lunes.
El arbitraje por la explotación petrolera
La Argentina notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR, con el objetivo de cuestionar la explotación unilateral de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
"Es el inicio del proceso arbitral, que está dado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", había señalado el canciller Pablo Quirno.
El funcionario sostuvo además que se trata de la primera vez que la Argentina lleva ante un tribunal internacional los hechos vinculados con la explotación unilateral de recursos hidrocarburíferos en la zona en disputa.
La presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no busca resolver la cuestión de fondo sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El planteo argentino apunta a determinar si una de las partes puede explotar de manera unilateral recursos no renovables en una zona marítima cuya jurisdicción y soberanía se encuentran en disputa.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, interviene en cuestiones vinculadas con el Derecho del Mar y está integrado por 21 jueces.
Navitas y Rockhopper preparan la explotación de petróleo
El reclamo argentino se relaciona con los planes de Navitas Petroleum y Rockhopper, empresas israelí y británica que proyectan comenzar la explotación petrolera en la zona durante 2028.
Según la información publicada, las acciones impulsadas por el Gobierno argentino durante los últimos meses generaron dificultades financieras para ambas compañías. Sus cotizaciones registraron fuertes bajas y las empresas reclamaron asistencia al Foreign Office británico, al igual que la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas.
El canciller también mencionó durante la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) la decisión de algunos proveedores de retirarse de actividades vinculadas con la explotación petrolera.
Entre ellos aparece Halliburton, que anunció que no prestará servicios en las Islas Malvinas ante la posibilidad de sanciones argentinas vinculadas con el proyecto Sea Lion.
Quirno también hizo referencia a la evolución de las acciones de Navitas y Rockhopper y cuestionó las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.
El reclamo argentino ante el Tribunal del Mar
El Gobierno había anticipado que recurriría al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si el Reino Unido no cumplía con el requerimiento argentino.
La Presidencia informó en septiembre que Milei había instruido a los equipos jurídicos de la Cancillería para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en la CONVEMAR y solicitar medidas destinadas a impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
El procedimiento quedó bajo la órbita de la Consejería Legal de la Cancillería, con intervención del embajador Mario Oyarzábal.
La Argentina ya utilizó este mecanismo internacional en un caso de alto impacto durante el conflicto por la retención de la Fragata Libertad en Ghana. En 2012, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ordenó liberar el buque escuela de la Armada Argentina.
La tensión con el Reino Unido
El nuevo avance judicial se suma a las medidas adoptadas por el Gobierno contra empresas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en Malvinas.
La disputa también tuvo un capítulo diplomático después de que la Presidencia denunciara vuelos realizados por una empresa británica entre Punta Arenas, Chile, y las Islas Malvinas sin autorización de las autoridades argentinas.
El Gobierno identificó a Thales UK Limited, empresa vinculada con tecnología militar y comunicaciones, y ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.
La estrategia oficial busca así combinar acciones diplomáticas, administrativas y judiciales para cuestionar las actividades hidrocarburíferas que el Reino Unido impulsa de manera unilateral en la zona cuya soberanía reclama la Argentina.
La presentación buscará que el tribunal exija al Reino Unido el cese de las actividades vinculadas con la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental cuya soberanía reclama la Argentina. El planteo se vincula con el proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
El Gobierno había otorgado al Reino Unido un plazo de dos semanas para adoptar medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de esas actividades. Ese plazo vence el lunes.
El arbitraje por la explotación petrolera
La Argentina notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR, con el objetivo de cuestionar la explotación unilateral de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
"Es el inicio del proceso arbitral, que está dado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", había señalado el canciller Pablo Quirno.
El funcionario sostuvo además que se trata de la primera vez que la Argentina lleva ante un tribunal internacional los hechos vinculados con la explotación unilateral de recursos hidrocarburíferos en la zona en disputa.
La presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no busca resolver la cuestión de fondo sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El planteo argentino apunta a determinar si una de las partes puede explotar de manera unilateral recursos no renovables en una zona marítima cuya jurisdicción y soberanía se encuentran en disputa.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, interviene en cuestiones vinculadas con el Derecho del Mar y está integrado por 21 jueces.
Navitas y Rockhopper preparan la explotación de petróleo
El reclamo argentino se relaciona con los planes de Navitas Petroleum y Rockhopper, empresas israelí y británica que proyectan comenzar la explotación petrolera en la zona durante 2028.
Según la información publicada, las acciones impulsadas por el Gobierno argentino durante los últimos meses generaron dificultades financieras para ambas compañías. Sus cotizaciones registraron fuertes bajas y las empresas reclamaron asistencia al Foreign Office británico, al igual que la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas.
El canciller también mencionó durante la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) la decisión de algunos proveedores de retirarse de actividades vinculadas con la explotación petrolera.
Entre ellos aparece Halliburton, que anunció que no prestará servicios en las Islas Malvinas ante la posibilidad de sanciones argentinas vinculadas con el proyecto Sea Lion.
Quirno también hizo referencia a la evolución de las acciones de Navitas y Rockhopper y cuestionó las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.
El reclamo argentino ante el Tribunal del Mar
El Gobierno había anticipado que recurriría al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si el Reino Unido no cumplía con el requerimiento argentino.
La Presidencia informó en septiembre que Milei había instruido a los equipos jurídicos de la Cancillería para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en la CONVEMAR y solicitar medidas destinadas a impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
El procedimiento quedó bajo la órbita de la Consejería Legal de la Cancillería, con intervención del embajador Mario Oyarzábal.
La Argentina ya utilizó este mecanismo internacional en un caso de alto impacto durante el conflicto por la retención de la Fragata Libertad en Ghana. En 2012, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ordenó liberar el buque escuela de la Armada Argentina.
La tensión con el Reino Unido
El nuevo avance judicial se suma a las medidas adoptadas por el Gobierno contra empresas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en Malvinas.
La disputa también tuvo un capítulo diplomático después de que la Presidencia denunciara vuelos realizados por una empresa británica entre Punta Arenas, Chile, y las Islas Malvinas sin autorización de las autoridades argentinas.
El Gobierno identificó a Thales UK Limited, empresa vinculada con tecnología militar y comunicaciones, y ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.
La estrategia oficial busca así combinar acciones diplomáticas, administrativas y judiciales para cuestionar las actividades hidrocarburíferas que el Reino Unido impulsa de manera unilateral en la zona cuya soberanía reclama la Argentina.