Se abrochó la venta de Aysa en medio de serios cuestionamientos
El Gobierno de Javier Milei encontró comprador para Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), pero la privatización quedó rodeada de cuestionamientos por el bajo precio ofrecido, la falta de transparencia y las consecuencias que podría tener sobre las tarifas y la calidad del servicio.
Fecha/Hora: 09/10/2026 10:19
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El Gobierno de Javier Milei encontró comprador para Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), pero la privatización quedó rodeada de cuestionamientos por el bajo precio ofrecido, la falta de transparencia y las consecuencias que podría tener sobre las tarifas y la calidad del servicio. El consorcio encabezado por Rowing S.A. presentó una oferta de 340,2 millones de dólares por el 90 por ciento de las acciones de la compañía que abastece de agua potable y cloacas a 14 millones de personas. La cifra quedó casi 110 millones de dólares por debajo de lo que esperaba el Ministerio de Economía, en una licitación que se realizó sin precio base y que enfrenta cuestionamientos políticos y judiciales.
La apertura de los sobres económicos confirmó que el consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX superó al grupo Roggio, que ofreció 285 millones de dólares. El Gobierno pretende transferir la administración de la compañía durante los próximos 30 años, pese a que todavía existen controversias sobre las condiciones de la operación. La oferta ganadora representa apenas el 75,6 por ciento de los 450 millones de dólares que calculaba el Palacio de Hacienda.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la privatización se realizó sin establecer un precio mínimo de referencia. La Resolución 704 de 2026 habilitó una licitación sin precio base, mientras que la valuación del patrimonio de AySA tampoco fue difundida públicamente. De esta manera, no existe información suficiente para determinar si los 340,2 millones de dólares ofrecidos reflejan el verdadero valor de una empresa que administra una infraestructura estratégica construida y ampliada durante décadas con recursos públicos.
Empresarios detrás de la privatización
El consorcio ganador está encabezado por Rowing, una compañía dedicada a ingeniería, construcción, logística e infraestructura, propiedad del empresario Walter Román. La firma tiene una extensa trayectoria como contratista del Estado y forma parte del holding Equo Capital, cuyos vínculos con el oficialismo también quedaron bajo cuestionamiento.
Según registros de la Cámara Nacional Electoral citados por Walter Martello, defensor del Pueblo Adjunto General bonaerense, Direct Group y Lógico, 2 empresas del mismo holding, aportaron 20 millones de pesos cada una a la campaña de La Libertad Avanza durante 2025. En total, las contribuciones alcanzaron los 40 millones de pesos. El funcionario provincial reclamó que se investigue si esos aportes cumplieron con la legislación vigente sobre financiamiento partidario.
La familia Román también aparece vinculada con otras contrataciones públicas. Urbano Express obtuvo durante 2025 una licitación del PAMI para distribuir pañales destinados a adultos mayores, una operación que terminó involucrada en denuncias por presunto direccionamiento y sobreprecios. Desde Rowing aclararon que los hermanos Román separaron sus negocios en 1996 y que desde entonces cada uno desarrolla sus actividades empresariales de manera independiente.
Otro de los protagonistas es Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, empresa que desde 2009 abastece a AySA de policloruro de aluminio, un insumo fundamental para potabilizar el agua. Filiberti también participa junto con José Luis Manzano y Daniel Vila en el control accionario de Edenor, distribuidora eléctrica que tiene a AySA entre sus principales consumidores. De esta manera, empresarios vinculados con proveedores estratégicos de la compañía pasarían a participar también de su administración.
La estructura se completa con Arcos, una empresa brasileña con experiencia en servicios de agua y saneamiento en Río de Janeiro, y PHX, un fondo de inversión radicado en Países Bajos.
Cuestionamientos
La falta de transparencia también motivó reclamos de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Martello advirtió que el Gobierno nunca hizo pública la tasación del paquete accionario ni el inventario de pasivos ambientales. La información quedó reservada a los oferentes privados, mientras los usuarios desconocen cuánto vale realmente la compañía. Ante la falta de respuestas a los pedidos realizados mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, se presentó un amparo colectivo ante la Justicia federal.
A estos cuestionamientos se sumó la diputada nacional Julia Strada, quien informó que legisladores de Unión por la Patria denunciaron ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas las privatizaciones impulsadas por Milei. La legisladora sostuvo que el Ejecutivo ocultó las tasaciones, desplazó del procedimiento al Tribunal de Tasaciones de la Nación y concentró funciones en una estructura creada especialmente dentro del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Strada también cuestionó que algunas privatizaciones se concretaran sin intervención de la Comisión Bicameral prevista en la Ley Bases. Si bien la denuncia abarca distintos procesos y no exclusivamente el caso de AySA, la diputada vinculó esos antecedentes con la venta de la compañía y advirtió que podrían comprometer la legalidad del procedimiento.
Tarifas más caras y posibilidad de cortes
La privatización llega acompañada de una nueva amenaza para los bolsillos de los usuarios. El Gobierno propuso un aumento de tarifas de hasta 22,6 por ciento para buena parte de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires, que se sumaría a los incrementos aplicados desde la llegada de Milei. La modificación será discutida en la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para el 26 de octubre.
Según información del organismo regulador citada por Martello, la nueva categorización de usuarios podría representar ingresos adicionales de 93 millones de dólares anuales para AySA. En apenas 4 años, esa recaudación extraordinaria alcanzaría los 372 millones de dólares, una cifra superior a los 340,2 millones ofrecidos por el consorcio ganador. Aunque se trata de ingresos y no de ganancias, la comparación permite dimensionar el negocio que representa la actualización tarifaria.
A esto se suma una modificación especialmente sensible. El Decreto 805 de 2025 reformó el marco regulatorio y habilitó la posibilidad de interrumpir el suministro de agua por falta de pago, bajo determinadas condiciones. Aunque existen mecanismos de notificación y excepciones para situaciones de vulnerabilidad, la medida incorpora la amenaza de cortes sobre un servicio indispensable para la salud y la vida cotidiana. En un contexto de deterioro del poder adquisitivo, la modificación podría afectar especialmente a las familias de menores ingresos.
Suez y recuperación
La Argentina ya atravesó una experiencia de privatización del agua durante la década de 1990. La concesión de Aguas Argentinas, encabezada por el grupo francés Suez, estuvo marcada por conflictos tarifarios, incumplimientos de inversiones y una expansión insuficiente de las redes hacia los sectores más postergados. La promesa de que la administración privada permitiría modernizar rápidamente el sistema y extender la cobertura no se cumplió en los términos comprometidos.
En 2006, el Estado recuperó el control del servicio y creó AySA. A partir de entonces se desarrolló un programa de inversiones públicas que permitió ampliar las redes de agua potable y cloacas. En el área original de concesión, la cobertura de agua pasó del 76 por ciento de la población en 2006 al 85 en 2022, mientras que la cobertura cloacal avanzó del 57 al 72,6 durante el mismo período.
Dudas sobre los controles
El proceso también se desarrolla en un contexto de debilitamiento de las capacidades públicas vinculadas con el agua y el saneamiento. En noviembre de 2024, Milei dispuso mediante el Decreto 1020/2024 la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo encargado de financiar y ejecutar obras de agua potable, redes cloacales y plantas de tratamiento en todo el país.
Posteriormente, mediante el Decreto 396/2025, el Gobierno modificó la estructura del Instituto Nacional del Agua (INA), que perdió su condición de organismo descentralizado y pasó a depender de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Aunque no fue cerrado, perdió autonomía institucional. Estas decisiones no demuestran por sí mismas una reducción de la potabilidad del agua, pero sí reflejan una reorganización de las capacidades estatales vinculadas con la planificación y supervisión del sector hídrico.
La Justicia pone límites
El proceso también enfrenta un conflicto judicial. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo bonaerense que impide a AySA modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano.
Después de confirmar la cautelar, el tribunal remitió el expediente a la Justicia federal. La decisión no anula automáticamente la licitación ni suspende expresamente la venta de las acciones, pero establece límites sobre las obligaciones de prestación que deberán respetarse durante el proceso. La resolución adquiere especial relevancia frente a los cambios regulatorios que permiten interrumpir el suministro por falta de pago.
La apertura de los sobres económicos confirmó que el consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX superó al grupo Roggio, que ofreció 285 millones de dólares. El Gobierno pretende transferir la administración de la compañía durante los próximos 30 años, pese a que todavía existen controversias sobre las condiciones de la operación. La oferta ganadora representa apenas el 75,6 por ciento de los 450 millones de dólares que calculaba el Palacio de Hacienda.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la privatización se realizó sin establecer un precio mínimo de referencia. La Resolución 704 de 2026 habilitó una licitación sin precio base, mientras que la valuación del patrimonio de AySA tampoco fue difundida públicamente. De esta manera, no existe información suficiente para determinar si los 340,2 millones de dólares ofrecidos reflejan el verdadero valor de una empresa que administra una infraestructura estratégica construida y ampliada durante décadas con recursos públicos.
Empresarios detrás de la privatización
El consorcio ganador está encabezado por Rowing, una compañía dedicada a ingeniería, construcción, logística e infraestructura, propiedad del empresario Walter Román. La firma tiene una extensa trayectoria como contratista del Estado y forma parte del holding Equo Capital, cuyos vínculos con el oficialismo también quedaron bajo cuestionamiento.
Según registros de la Cámara Nacional Electoral citados por Walter Martello, defensor del Pueblo Adjunto General bonaerense, Direct Group y Lógico, 2 empresas del mismo holding, aportaron 20 millones de pesos cada una a la campaña de La Libertad Avanza durante 2025. En total, las contribuciones alcanzaron los 40 millones de pesos. El funcionario provincial reclamó que se investigue si esos aportes cumplieron con la legislación vigente sobre financiamiento partidario.
La familia Román también aparece vinculada con otras contrataciones públicas. Urbano Express obtuvo durante 2025 una licitación del PAMI para distribuir pañales destinados a adultos mayores, una operación que terminó involucrada en denuncias por presunto direccionamiento y sobreprecios. Desde Rowing aclararon que los hermanos Román separaron sus negocios en 1996 y que desde entonces cada uno desarrolla sus actividades empresariales de manera independiente.
Otro de los protagonistas es Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, empresa que desde 2009 abastece a AySA de policloruro de aluminio, un insumo fundamental para potabilizar el agua. Filiberti también participa junto con José Luis Manzano y Daniel Vila en el control accionario de Edenor, distribuidora eléctrica que tiene a AySA entre sus principales consumidores. De esta manera, empresarios vinculados con proveedores estratégicos de la compañía pasarían a participar también de su administración.
La estructura se completa con Arcos, una empresa brasileña con experiencia en servicios de agua y saneamiento en Río de Janeiro, y PHX, un fondo de inversión radicado en Países Bajos.
Cuestionamientos
La falta de transparencia también motivó reclamos de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Martello advirtió que el Gobierno nunca hizo pública la tasación del paquete accionario ni el inventario de pasivos ambientales. La información quedó reservada a los oferentes privados, mientras los usuarios desconocen cuánto vale realmente la compañía. Ante la falta de respuestas a los pedidos realizados mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, se presentó un amparo colectivo ante la Justicia federal.
A estos cuestionamientos se sumó la diputada nacional Julia Strada, quien informó que legisladores de Unión por la Patria denunciaron ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas las privatizaciones impulsadas por Milei. La legisladora sostuvo que el Ejecutivo ocultó las tasaciones, desplazó del procedimiento al Tribunal de Tasaciones de la Nación y concentró funciones en una estructura creada especialmente dentro del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Strada también cuestionó que algunas privatizaciones se concretaran sin intervención de la Comisión Bicameral prevista en la Ley Bases. Si bien la denuncia abarca distintos procesos y no exclusivamente el caso de AySA, la diputada vinculó esos antecedentes con la venta de la compañía y advirtió que podrían comprometer la legalidad del procedimiento.
Tarifas más caras y posibilidad de cortes
La privatización llega acompañada de una nueva amenaza para los bolsillos de los usuarios. El Gobierno propuso un aumento de tarifas de hasta 22,6 por ciento para buena parte de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires, que se sumaría a los incrementos aplicados desde la llegada de Milei. La modificación será discutida en la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para el 26 de octubre.
Según información del organismo regulador citada por Martello, la nueva categorización de usuarios podría representar ingresos adicionales de 93 millones de dólares anuales para AySA. En apenas 4 años, esa recaudación extraordinaria alcanzaría los 372 millones de dólares, una cifra superior a los 340,2 millones ofrecidos por el consorcio ganador. Aunque se trata de ingresos y no de ganancias, la comparación permite dimensionar el negocio que representa la actualización tarifaria.
A esto se suma una modificación especialmente sensible. El Decreto 805 de 2025 reformó el marco regulatorio y habilitó la posibilidad de interrumpir el suministro de agua por falta de pago, bajo determinadas condiciones. Aunque existen mecanismos de notificación y excepciones para situaciones de vulnerabilidad, la medida incorpora la amenaza de cortes sobre un servicio indispensable para la salud y la vida cotidiana. En un contexto de deterioro del poder adquisitivo, la modificación podría afectar especialmente a las familias de menores ingresos.
Suez y recuperación
La Argentina ya atravesó una experiencia de privatización del agua durante la década de 1990. La concesión de Aguas Argentinas, encabezada por el grupo francés Suez, estuvo marcada por conflictos tarifarios, incumplimientos de inversiones y una expansión insuficiente de las redes hacia los sectores más postergados. La promesa de que la administración privada permitiría modernizar rápidamente el sistema y extender la cobertura no se cumplió en los términos comprometidos.
En 2006, el Estado recuperó el control del servicio y creó AySA. A partir de entonces se desarrolló un programa de inversiones públicas que permitió ampliar las redes de agua potable y cloacas. En el área original de concesión, la cobertura de agua pasó del 76 por ciento de la población en 2006 al 85 en 2022, mientras que la cobertura cloacal avanzó del 57 al 72,6 durante el mismo período.
Dudas sobre los controles
El proceso también se desarrolla en un contexto de debilitamiento de las capacidades públicas vinculadas con el agua y el saneamiento. En noviembre de 2024, Milei dispuso mediante el Decreto 1020/2024 la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo encargado de financiar y ejecutar obras de agua potable, redes cloacales y plantas de tratamiento en todo el país.
Posteriormente, mediante el Decreto 396/2025, el Gobierno modificó la estructura del Instituto Nacional del Agua (INA), que perdió su condición de organismo descentralizado y pasó a depender de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Aunque no fue cerrado, perdió autonomía institucional. Estas decisiones no demuestran por sí mismas una reducción de la potabilidad del agua, pero sí reflejan una reorganización de las capacidades estatales vinculadas con la planificación y supervisión del sector hídrico.
La Justicia pone límites
El proceso también enfrenta un conflicto judicial. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo bonaerense que impide a AySA modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano.
Después de confirmar la cautelar, el tribunal remitió el expediente a la Justicia federal. La decisión no anula automáticamente la licitación ni suspende expresamente la venta de las acciones, pero establece límites sobre las obligaciones de prestación que deberán respetarse durante el proceso. La resolución adquiere especial relevancia frente a los cambios regulatorios que permiten interrumpir el suministro por falta de pago.