El Gobierno estudia llevar a Irán ante la Corte de La Haya por la AMIA
Mahiques se reunió con las autoridades de la AMIA para analizar acciones internacionales, tres semanas después de que el juez Rafecas procesara a ocho iraníes y libaneses.
Fecha/Hora: 09/10/2026 10:21
Cód. 112259
Tiempo de lectura: 3.71 minutos.
El Gobierno estudia denunciar a la República Islámica de Irán ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en el barrio porteño de Once.
La Casa Rosada puso a funcionarios de distintos ministerios a trabajar en una demanda que podría alcanzar no solo a los acusados por la voladura de la mutual judía, sino también al propio Estado iraní.
La estrategia llega después de años en los que las autoridades de Irán se negaron a permitir que la Justicia argentina indague a los acusados.
La reunión de Mahiques con la AMIA
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hizo pública una reunión con las autoridades de la AMIA. "Nos reunimos con autoridades de la AMIA para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994", escribió en X.
Y agregó: "Desde el Ministerio de Justicia de la Nación mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes".
El anuncio deja en claro que el Gobierno trabaja en una vía para llevar al régimen iraní ante el máximo nivel de la Justicia internacional, aunque hasta ahora no se informó si la demanda ya fue presentada ni en qué plazo podría hacerlo.
El procesamiento de Rafecas: ocho acusados y un juicio en ausencia
Hace tres semanas, el juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho iraníes y libaneses señalados como responsables del atentado, a quienes se les realizará un juicio en ausencia. Se trata de exfuncionarios del gobierno iraní y miembros de Hezbollah acusados de planificar y ejecutar el ataque.
El magistrado les atribuyó los delitos de homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo capaz de causar un peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios. También calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad y recurrió a la figura de genocidio en los términos del derecho internacional. Les impuso, además, un embargo de 500 millones de dólares a cada uno.
Para avanzar pese a que los acusados están prófugos, Rafecas recordó que la Argentina cuenta con una ley de juicio en ausencia, la 27.784, un "mecanismo procesal" que garantiza el derecho de los imputados a contar con un defensor y mantiene "todas las demás garantías del debido proceso".
Quiénes son los procesados
El juez procesó a cuatro altos funcionarios iraníes de la época, de quienes dijo que "desde los cargos que ocupaban dentro del régimen iraní y sus estructuras" decidieron y participaron en la organización del atentado, "haciendo posible que quienes luego actuaron sobre el terreno, consumaran el atentado":
Ali Fallahijan, entonces ministro de Inteligencia de Irán
Alí Velayati, entonces ministro de Relaciones Exteriores
Mohsen Rezai, entonces comandante de la Guardia Revolucionaria
Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds, de la Guardia Revolucionaria
El procesamiento alcanzó también a Hadi Soleimanpour, quien fuera embajador de Irán en la Argentina; a Mohsen Rabbani, consejero cultural de la embajada iraní; y a Ahmad Asghari, agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. El octavo procesado es Salman Raouf Salman (o Samuel El Reda), agente libanés de Hezbollah, a quien el juez responsabilizó de "haber coordinado la etapa final del atentado".
Rafecas dictó la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. No trató la situación del líder supremo iraní Alí Khamenei ni de los jefes de Hezbollah Imad Mughniyeh y Alí Hussein Abdallah, por haber fallecido en 2026, 2008 y 2020, respectivamente.
La imputación original: "un patrón de violencia sistemática"
Cuando el fiscal de la UFI-AMIA, Sebastián Basso, imputó a los responsables, sostuvo que se trató de "un crimen que ha causado efectos devastadores en el territorio nacional, ocasionado mediante un método tipificado internacionalmente como atentado terrorista y por el uso de coche-bomba, que responde a un patrón de violencia sistemática y organizada contra una población civil identificable, en este caso, la comunidad judía argentina".
Los procesados deberán responder como autores o partícipes de homicidio calificado por odio racial o religioso, cometido mediante un medio idóneo para causar peligro común, en perjuicio de 85 víctimas fatales y de al menos 151 víctimas con lesiones leves, graves y gravísimas, además de daños.
La Casa Rosada puso a funcionarios de distintos ministerios a trabajar en una demanda que podría alcanzar no solo a los acusados por la voladura de la mutual judía, sino también al propio Estado iraní.
La estrategia llega después de años en los que las autoridades de Irán se negaron a permitir que la Justicia argentina indague a los acusados.
La reunión de Mahiques con la AMIA
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hizo pública una reunión con las autoridades de la AMIA. "Nos reunimos con autoridades de la AMIA para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994", escribió en X.
Y agregó: "Desde el Ministerio de Justicia de la Nación mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes".
El anuncio deja en claro que el Gobierno trabaja en una vía para llevar al régimen iraní ante el máximo nivel de la Justicia internacional, aunque hasta ahora no se informó si la demanda ya fue presentada ni en qué plazo podría hacerlo.
El procesamiento de Rafecas: ocho acusados y un juicio en ausencia
Hace tres semanas, el juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho iraníes y libaneses señalados como responsables del atentado, a quienes se les realizará un juicio en ausencia. Se trata de exfuncionarios del gobierno iraní y miembros de Hezbollah acusados de planificar y ejecutar el ataque.
El magistrado les atribuyó los delitos de homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo capaz de causar un peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios. También calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad y recurrió a la figura de genocidio en los términos del derecho internacional. Les impuso, además, un embargo de 500 millones de dólares a cada uno.
Para avanzar pese a que los acusados están prófugos, Rafecas recordó que la Argentina cuenta con una ley de juicio en ausencia, la 27.784, un "mecanismo procesal" que garantiza el derecho de los imputados a contar con un defensor y mantiene "todas las demás garantías del debido proceso".
Quiénes son los procesados
El juez procesó a cuatro altos funcionarios iraníes de la época, de quienes dijo que "desde los cargos que ocupaban dentro del régimen iraní y sus estructuras" decidieron y participaron en la organización del atentado, "haciendo posible que quienes luego actuaron sobre el terreno, consumaran el atentado":
Ali Fallahijan, entonces ministro de Inteligencia de Irán
Alí Velayati, entonces ministro de Relaciones Exteriores
Mohsen Rezai, entonces comandante de la Guardia Revolucionaria
Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds, de la Guardia Revolucionaria
El procesamiento alcanzó también a Hadi Soleimanpour, quien fuera embajador de Irán en la Argentina; a Mohsen Rabbani, consejero cultural de la embajada iraní; y a Ahmad Asghari, agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. El octavo procesado es Salman Raouf Salman (o Samuel El Reda), agente libanés de Hezbollah, a quien el juez responsabilizó de "haber coordinado la etapa final del atentado".
Rafecas dictó la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. No trató la situación del líder supremo iraní Alí Khamenei ni de los jefes de Hezbollah Imad Mughniyeh y Alí Hussein Abdallah, por haber fallecido en 2026, 2008 y 2020, respectivamente.
La imputación original: "un patrón de violencia sistemática"
Cuando el fiscal de la UFI-AMIA, Sebastián Basso, imputó a los responsables, sostuvo que se trató de "un crimen que ha causado efectos devastadores en el territorio nacional, ocasionado mediante un método tipificado internacionalmente como atentado terrorista y por el uso de coche-bomba, que responde a un patrón de violencia sistemática y organizada contra una población civil identificable, en este caso, la comunidad judía argentina".
Los procesados deberán responder como autores o partícipes de homicidio calificado por odio racial o religioso, cometido mediante un medio idóneo para causar peligro común, en perjuicio de 85 víctimas fatales y de al menos 151 víctimas con lesiones leves, graves y gravísimas, además de daños.