Nacionales: Pedido ante el Tribunal del Mar
Argentina acudió a un tribunal internacional para frenar la explotación petrolera británica
El Gobierno de Javier Milei solicitó medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Busca proteger los derechos soberanos argentinos mientras avanza el arbitraje internacional.
Fecha/Hora: 13/10/2026 11:00
Cód. 112276
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El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
La Oficina del Presidente informó que la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas.
Según el comunicado oficial, la medida se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender la soberanía argentina y los recursos naturales.
El Ejecutivo indicó que la solicitud se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite pedir medidas provisionales mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, con el objetivo de preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino si la urgencia de la situación lo requiere.
La República Argentina reafirmó además sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y sostuvo: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.
Milei busca frenar el avance petrolero británico
La estrategia jurídica había sido anunciada por Milei el 28 de septiembre, cuando instruyó a la Cancillería y a los equipos legales del Estado a iniciar un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La gestión está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, con la intervención de la Consejería Legal Internacional y la Procuración del Tesoro. El pedido de medidas provisionales constituye una instancia distinta del arbitraje principal y busca una respuesta más rápida para evitar que el proyecto avance antes de una resolución definitiva.
Sea Lion es impulsado por la compañía Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Las empresas prevén iniciar las perforaciones de desarrollo en 2027 y comenzar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028. El Ejecutivo sostiene que la explotación unilateral de esos recursos contradice sus derechos soberanos y las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe la disputa.
El Tribunal deberá determinar si se cumplen las condiciones previstas por la CONVEMAR para ordenar medidas provisionales, entre ellas la existencia de una urgencia que justifique preservar los derechos en disputa. El planteo argentino no busca que ese organismo resuelva la soberanía territorial de las islas, sino que intervenga sobre las obligaciones marítimas que el Gobierno considera vulneradas. La decisión que adopten los jueces definirá si corresponde imponer restricciones al desarrollo de Sea Lion mientras continúa el procedimiento arbitral.
La Oficina del Presidente informó que la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas.
Según el comunicado oficial, la medida se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender la soberanía argentina y los recursos naturales.
El Ejecutivo indicó que la solicitud se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite pedir medidas provisionales mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, con el objetivo de preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino si la urgencia de la situación lo requiere.
La República Argentina reafirmó además sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y sostuvo: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.
Milei busca frenar el avance petrolero británico
La estrategia jurídica había sido anunciada por Milei el 28 de septiembre, cuando instruyó a la Cancillería y a los equipos legales del Estado a iniciar un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La gestión está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, con la intervención de la Consejería Legal Internacional y la Procuración del Tesoro. El pedido de medidas provisionales constituye una instancia distinta del arbitraje principal y busca una respuesta más rápida para evitar que el proyecto avance antes de una resolución definitiva.
Sea Lion es impulsado por la compañía Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Las empresas prevén iniciar las perforaciones de desarrollo en 2027 y comenzar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028. El Ejecutivo sostiene que la explotación unilateral de esos recursos contradice sus derechos soberanos y las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe la disputa.
El Tribunal deberá determinar si se cumplen las condiciones previstas por la CONVEMAR para ordenar medidas provisionales, entre ellas la existencia de una urgencia que justifique preservar los derechos en disputa. El planteo argentino no busca que ese organismo resuelva la soberanía territorial de las islas, sino que intervenga sobre las obligaciones marítimas que el Gobierno considera vulneradas. La decisión que adopten los jueces definirá si corresponde imponer restricciones al desarrollo de Sea Lion mientras continúa el procedimiento arbitral.