Dictadura: Desde Concordia celebraron la confirmación de imprescriptibilidad de las torturas y violaciones en el Escuadrón 6
La Multisectorial de Derechos Humanos de Concordia celebró la resolución de la Cámara de Apelaciones de Paraná que rechazó los recursos de apelación de cuatro ex militares imputados por las graves violaciones de los Derechos Humanos de una mujer uruguaya y su hermano, que habrían ocurrido en el Escuadrón 6 de Concordia durante la dictadura cívico-militar que arrasó el país entre 1976-1983.
Fecha/Hora: 04/11/2026 09:27
Cód. 112523
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La Cámara de Apelaciones de Paraná, integrada por Mateo Busaniche y Cintia Gómez, resolvió el viernes 30 de octubre, “rechazar parcialmente los recursos de apelación interpuestos por la defensas de los imputados” Juan Ignacio Alemán, Jorge Enrique Echeverría, Miguel Ángel Galeano y Horacio Goris, y confirmó la resolución del Juzgado Federal Nº1 de Concepción del Uruguay, que el 31 de agosto de 2026 declaró, para el caso, que “el hecho imputado es un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible…”.
La Resolución también comprendió la confirmación del “auto de procesamiento de Alemán y Echeverría por considerarlos coautores de los delitos de asociación ilícita, en concurso real con los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de las víctimas de nacionalidad uruguaya, abuso deshonesto agravado por el concurso de dos o más personas y encubrimiento del homicidio de JP; el procesamiento de Miguel Ángel Galeano por considerarlo coautor del delito de asociación ilícita en concurso real con el delito de encubrimiento de homicidio de JP; y el procesamiento de Horacio Goris por considerarlo coautor del delito de asociación ilícita en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de J P y encubrimiento de homicidio del nombrado; y revocar el embargo dispuesto a los fines de que se dicte un nuevo pronunciamiento, en virtud de las consideraciones expuestas(artículo 455 del CPPN)”.
Conformidad
La Multisectorial de Derechos Humanos de Concordia manifestó “su conformidad con la resolución emanada de la Cámara de apelaciones de Paraná que, rechazando los recursos de apelación interpuestos por cuatro ex integrantes del Ejército, confirma que el hecho imputado de asociación ilícita, tormento contra ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad uruguaya en el marco del plan Cóndor y el encubrimiento del homicidio de Jorge Papetti, constituyen delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible”.
Desde el organismo se señaló que “este fallo vuelve a poner de relieve la importancia de la imposición del cartel que señaliza al Regimiento como Centro Clandestino de Detención y Tortura durante la última dictadura cívico-militar, como sitio de la Memoria que asegure la transmisión de los hechos históricos a las nuevas generaciones y revele la verdad del genocidio, aquella verdad objetivamente probada por el Poder Judicial que garantiza la Justicia y un pacto básico de convivencia al condenar aquellos delitos que ofenden a todos los seres humanos”.
Asimismo, la Multisectorial destacó que “posibilita volver a repudiar declaraciones negacionistas de representantes del pueblo, en boca de un concejal y no cuestionadas por referentes del oficialismo que, desde la mayor ignorancia y falta de pruebas ha puesto en cuestión la Verdad histórica de los delitos aberrantes, inadmisibles que aún reivindican”. Así, se apeló a que “solo con Memoria Verdad y Justicia es posible construir una sociedad democrática y un futuro de paz y esperanza”.
Rechazo a la modificación de la normativa vigente
Por otro lado, se manifestó “preocupación” y se rechazó “de modo decidido cualquier modificación de la normativa vigente- además a todas luces legalmente cuestionable- que habilite el uso coercitivo y represivo contra los vecinos de nuestra ciudad de Concordia, de armas letales o menos letales ( pero que ponen en riesgo la vida o funciones vitales) por parte de la Guardia de seguridad urbana municipal, oportunamente creada con fines de prevención, persuasión y auxilio de la autoridad policial provincial”.
Asimismo, se indicó que se aspira a que “los concejales y el Intendente municipal desalienten estas medidas represivas y concentren sus esfuerzos y su creatividad en generar políticas que efectivamente garanticen los derechos humanos y sociales de todas las personas, especialmente en este momento histórico, social y político crítico, donde esos derechos fundamentales están siendo particular y profundamente vulnerados”.
El caso
Las actuaciones el 14 de abril de 2021 a partir de la denuncia recibida a la casilla de correos del Ministerio Público Fiscal (MPF), remitida por Mariana Larobina, responsable del Área de Investigación y Educación del Registro Único de la Verdad de Paraná, informando que “una persona identificada como MJS (de nacionalidad uruguaya), refirió -por la misma vía- que fue detenida el 3 de julio de 1977 -en el marco de la última dictadura cívico militar-, secuestrada junto con su hermano JSS, EERG y LU, torturada y violada”. (APFDigital)
La Resolución también comprendió la confirmación del “auto de procesamiento de Alemán y Echeverría por considerarlos coautores de los delitos de asociación ilícita, en concurso real con los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de las víctimas de nacionalidad uruguaya, abuso deshonesto agravado por el concurso de dos o más personas y encubrimiento del homicidio de JP; el procesamiento de Miguel Ángel Galeano por considerarlo coautor del delito de asociación ilícita en concurso real con el delito de encubrimiento de homicidio de JP; y el procesamiento de Horacio Goris por considerarlo coautor del delito de asociación ilícita en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de J P y encubrimiento de homicidio del nombrado; y revocar el embargo dispuesto a los fines de que se dicte un nuevo pronunciamiento, en virtud de las consideraciones expuestas(artículo 455 del CPPN)”.
Conformidad
La Multisectorial de Derechos Humanos de Concordia manifestó “su conformidad con la resolución emanada de la Cámara de apelaciones de Paraná que, rechazando los recursos de apelación interpuestos por cuatro ex integrantes del Ejército, confirma que el hecho imputado de asociación ilícita, tormento contra ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad uruguaya en el marco del plan Cóndor y el encubrimiento del homicidio de Jorge Papetti, constituyen delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible”.
Desde el organismo se señaló que “este fallo vuelve a poner de relieve la importancia de la imposición del cartel que señaliza al Regimiento como Centro Clandestino de Detención y Tortura durante la última dictadura cívico-militar, como sitio de la Memoria que asegure la transmisión de los hechos históricos a las nuevas generaciones y revele la verdad del genocidio, aquella verdad objetivamente probada por el Poder Judicial que garantiza la Justicia y un pacto básico de convivencia al condenar aquellos delitos que ofenden a todos los seres humanos”.
Asimismo, la Multisectorial destacó que “posibilita volver a repudiar declaraciones negacionistas de representantes del pueblo, en boca de un concejal y no cuestionadas por referentes del oficialismo que, desde la mayor ignorancia y falta de pruebas ha puesto en cuestión la Verdad histórica de los delitos aberrantes, inadmisibles que aún reivindican”. Así, se apeló a que “solo con Memoria Verdad y Justicia es posible construir una sociedad democrática y un futuro de paz y esperanza”.
Rechazo a la modificación de la normativa vigente
Por otro lado, se manifestó “preocupación” y se rechazó “de modo decidido cualquier modificación de la normativa vigente- además a todas luces legalmente cuestionable- que habilite el uso coercitivo y represivo contra los vecinos de nuestra ciudad de Concordia, de armas letales o menos letales ( pero que ponen en riesgo la vida o funciones vitales) por parte de la Guardia de seguridad urbana municipal, oportunamente creada con fines de prevención, persuasión y auxilio de la autoridad policial provincial”.
Asimismo, se indicó que se aspira a que “los concejales y el Intendente municipal desalienten estas medidas represivas y concentren sus esfuerzos y su creatividad en generar políticas que efectivamente garanticen los derechos humanos y sociales de todas las personas, especialmente en este momento histórico, social y político crítico, donde esos derechos fundamentales están siendo particular y profundamente vulnerados”.
El caso
Las actuaciones el 14 de abril de 2021 a partir de la denuncia recibida a la casilla de correos del Ministerio Público Fiscal (MPF), remitida por Mariana Larobina, responsable del Área de Investigación y Educación del Registro Único de la Verdad de Paraná, informando que “una persona identificada como MJS (de nacionalidad uruguaya), refirió -por la misma vía- que fue detenida el 3 de julio de 1977 -en el marco de la última dictadura cívico militar-, secuestrada junto con su hermano JSS, EERG y LU, torturada y violada”. (APFDigital)