Nacionales: Qué establece

El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Discapacidad

El proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficacia Permanente del Sistema de Discapacidad obtuvo 71 votos a favor.

Fecha/Hora: 20/11/2026 08:23 Cód. 112695 Tiempo de lectura: 3.2 minutos.
El Senado aprobó esta tarde la Ley de Emergencia en Discapacidad por unanimidad. La iniciativa obtuvo 71 votos a favor y contó con el apoyo de todos los legisladores presentes.


La sanción llegó después de un extenso debate en la Cámara alta, con cuestionamientos de la oposición a la política de ajuste del Gobierno de Javier Milei y el respaldo del oficialismo, que defendió los mecanismos de control y el financiamiento de la nueva normativa.

El proyecto reemplaza el esquema de emergencia por un régimen permanente. Entre sus principales cambios, conserva la vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), establece la actualización mensual de las prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y permite que los beneficiarios de pensiones por discapacidad tengan un empleo registrado sin perder automáticamente ese ingreso.

La iniciativa también fija por ley las condiciones para acceder a las pensiones no contributivas y determina los recursos presupuestarios destinados a sostener el sistema.


Nueva Ley de Discapacidad: los cambios y cuánto costará
Uno de los puntos centrales de la norma es la continuidad de las prestaciones y la actualización de los aranceles del sistema de atención a personas con discapacidad.

El texto establece que los valores se actualizarán mensualmente de acuerdo con la evolución del IPC. Además, mantiene la vigencia del CUD y establece la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva y el desarrollo de una actividad laboral registrada.

En cuanto a los requisitos económicos, la ley fija que los beneficiarios no podrán tener ingresos individuales netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El oficialismo incorporó al proyecto un esquema de financiamiento con partidas presupuestarias específicas. Según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de la iniciativa alcanzará los $598.912 millones en 2027.

La definición de los recursos fue uno de los principales ejes de discusión durante el tratamiento. Desde La Libertad Avanza defendieron la necesidad de establecer reglas permanentes y mecanismos de auditoría para garantizar la transparencia del sistema.

El senador Agustín Monteverde, miembro informante del oficialismo, sostuvo que la propuesta busca terminar con la incertidumbre que genera la prórroga sucesiva de las emergencias. También aseguró que la iniciativa no implica recortes.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el proyecto y destacó el acuerdo alcanzado entre los distintos sectores políticos. "No estamos votando simplemente una ley, es un acuerdo social y político", afirmó durante su intervención.

La senadora sostuvo que la normativa busca dar previsibilidad a las familias y establecer reglas claras para el financiamiento. También destacó la compatibilidad entre el trabajo, el monotributo y las pensiones.

"Estamos saliendo de una emergencia y estamos planteando certeza para generar transparencia y previsibilidad", agregó Bullrich.

La oposición cuestionó el ajuste de Milei
Desde el peronismo, Juliana Di Tullio cuestionó la gestión del Gobierno y atribuyó la aprobación de la iniciativa a los reclamos de las personas con discapacidad y sus familias.

"Esta ley es resultado de la lucha popular y este Senado sólo hizo eco", sostuvo.

El senador Martín Soria también apuntó contra la Casa Rosada y consideró que la propuesta resulta insuficiente frente a las necesidades del sector.

"Es una ley pobre, insuficiente y dependiente de que el Ejecutivo la cumpla", afirmó.

Por su parte, Eduardo "Wado" de Pedro celebró la aprobación, aunque reclamó una política integral para el sector. "Una ley puede recuperar una prestación, puede garantizar una terapia, puede devolverle tranquilidad a una familia, pero hay un daño que no se puede reparar", señaló.

La senadora cordobesa Alejandra Vigo también acompañó el proyecto y reclamó que el Gobierno actualice los montos destinados a las prestaciones. Advirtió que los retrasos en los pagos y la falta de actualización de los aranceles afectan directamente a las familias y a los prestadores.