Referentes religiosos repudiaron la suspensión de la Emergencia en Discapacidad
Representantes de distintas iglesias coincidieron en que el Gobierno le quita derechos a los más vulnerables mientras que beneficia a los poderosos con la quita de retenciones.
Fecha/Hora: 24/09/2025 08:20
Cód. 108533
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Mientras en el Congreso distintos bloques avanzan en el pedido de la interpelación y promueven una moción de censura contra el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad --que fue ratificada por las dos cámaras--, distintos referentes religiosos consultados por Página/12 condenaron la decisión oficial y advirtieron sobre el riesgo que entraña la actitud del oficialismo. "Se hace fuerte con los débiles y es condescendiente con los poderosos", indicaron al compararlo con la baja de retenciones al agro.
Para Ignacio Blanco, cura en la Opción por las y los Pobres (COOP) de la diócesis católica de Quilmes, provincia de Buenos Aires, “amanecimos con la triste novedad de que el gobierno decide no implementar la ley mientras quita las retenciones al campo hasta fines de octubre”. Recuerda que “en la liturgia de estos últimos domingos el Evangelio nos confronta si servimos a Dios y a su proyecto; o idolatramos al dios Dinero. Si nos hacemos amigos de los pobres o preferimos seguir indiferentes al hambre, a la enfermedad, a la vejez de multitudes que siguen esperando las migajas de la mesa de los poderosos. Nunca tan oportuna la Palabra de Dios”, subraya.
Ante el viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos para, entre otros motivos, encontrarse con Donald Trump, el sacerdote señala que “la pregunta que flota en el aire es: ¿Qué nivel de soberanía se estará negociando para salvar las próximas elecciones o calmar ‘los mercados’?”. Sin perder de vista, agrega, que “mientras tanto se sigue maltratando nuestra democracia y la vida de nuestro pueblo trabajador, que se sigue empobreciendo y precarizando su esperanza”.
Respondiendo a la consulta de este diario Leonardo Schlinder aseguró que “como pastor y presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) no puedo dejar de expresar mi rechazo a la política y conducta ética del Poder Ejecutivo que, escudándose en la supuesta falta de recursos o en la imposibilidad de alterar el equilibrio fiscal, dilata la puesta en vigencia una ley que recupera derechos en favor de las personas con discapacidad y su entorno, mientras que al mismo tiempo elimina retenciones durante el período pre electoral favoreciendo la rentabilidad de las cerealeras y exportadores”.
El pastor Schindler sostiene que “la combinación de ambas medidas da cuenta del perfil ideológico, político y la condición moral del gobierno de Javier Milei. Se hace fuerte con los débiles y es condescendiente con los poderosos, incluido el gobierno de los Estados Unidos”.
Según el sacerdote católico Roberto “Tino” Ferrari (COPP) lo decidido por el Gobierno supone, por un lado, “un incumplimiento de la función de administrar el Estado según la ley” y, por otro, “la medida de bajar de retenciones parece una burla a los discapacitados. No solamente insultan a los discapacitados, los obligan a pasar por tortuosos procesos de verificación para comprobar si todavía siguen sufriendo la discapacidad, sino que además le dicen a los sectores del campo que tienen capacidad de retener los granos --es decir a los más grandes-- que ellos no deben pagar”.
Luis María Alman Bornes, co-presidente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MED) entiende que “el Gobierno elige conscientemente profundizar la exclusión, la desigualdad y el sufrimiento de un sector de la población que ya enfrenta grandes obstáculos para restituir sus derechos a la salud integral” y esta “es una decisión que convierte a las personas con discapacidad en víctimas colaterales de un terrible ajuste”. Para Alman Bornes, “el mensaje es crudo y claro: se opta por aliviar la carga tributaria de los sectores de mayor riqueza a costa de recortar derechos fundamentales de los más vulnerables. Es la materialización de una lógica donde el mercado y el superávit fiscal se erigen como fines supremos, por encima del bienestar de la ciudadanía”.
Para el sacerdote Marcelo Ciaramella, “la ley intenta ser un remedio a un abuso anterior de este gobierno que de manera arbitraria interrumpió la asistencia del Estado a las personas necesitadas de diversos tipos de ayudas para ejercer principalmente su derecho a la salud. Es obligación intransferible y constitucional del Estado garantizar ese derecho”.
En base a ello el también COPP agrega que “el gobierno de Milei ha violentado la lógica democrática de manera insólita, arbitraria y gravísima”, a tal punto que “la mentira del déficit fiscal como medida absoluta sirve como excusa para cometer esta arbitrariedad sin precedentes en la historia democrática del país”. Sostiene el cura que “un gobierno antidemocrático y corrupto nos está sometiendo a través de un régimen autoritario y amigo del poder” y, por ese motivo, “como Iglesia no podemos menos que repudiar esta actitud inédita de querer gobernar sin el Congreso y de advertir que la democracia está en peligro a manos de una persona absolutamente incapaz de ocupar un lugar que requiere sensatez, responsabilidad y respeto por la ley”.
Para Leonardo Schlinder, el gobierno “quita derechos a los más vulnerables y otorga beneficios a quienes más tienen o incluso busca mezquinamente su propio beneficio”, motivo por el cual “la ley debe ser cumplida ya, sin dilaciones ni excusas porque, evidentemente, recursos hay”. Alman Bornes agrega que “esta dualidad de decisiones no es técnica, es ideológica. Pone en evidencia una escala de valores que desde el MEDH repudiamos profundamente. Habla de un gobierno que, en su fanatismo por el ajuste, es capaz de sacrificar la dignidad humana en el altar del equilibrio macroeconómico. Es una visión que deshumaniza la política y desconoce el principio elemental de que el Estado existe”.
El presidente de la FAIE agregó que "las personas no son números ni gastos; que no se puede oprimir al más débil porque es allí donde Dios se hace presente: en la debilidad de este mundo, en las cruces y personas crucificadas”.
Para Ignacio Blanco, cura en la Opción por las y los Pobres (COOP) de la diócesis católica de Quilmes, provincia de Buenos Aires, “amanecimos con la triste novedad de que el gobierno decide no implementar la ley mientras quita las retenciones al campo hasta fines de octubre”. Recuerda que “en la liturgia de estos últimos domingos el Evangelio nos confronta si servimos a Dios y a su proyecto; o idolatramos al dios Dinero. Si nos hacemos amigos de los pobres o preferimos seguir indiferentes al hambre, a la enfermedad, a la vejez de multitudes que siguen esperando las migajas de la mesa de los poderosos. Nunca tan oportuna la Palabra de Dios”, subraya.
Ante el viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos para, entre otros motivos, encontrarse con Donald Trump, el sacerdote señala que “la pregunta que flota en el aire es: ¿Qué nivel de soberanía se estará negociando para salvar las próximas elecciones o calmar ‘los mercados’?”. Sin perder de vista, agrega, que “mientras tanto se sigue maltratando nuestra democracia y la vida de nuestro pueblo trabajador, que se sigue empobreciendo y precarizando su esperanza”.
Respondiendo a la consulta de este diario Leonardo Schlinder aseguró que “como pastor y presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) no puedo dejar de expresar mi rechazo a la política y conducta ética del Poder Ejecutivo que, escudándose en la supuesta falta de recursos o en la imposibilidad de alterar el equilibrio fiscal, dilata la puesta en vigencia una ley que recupera derechos en favor de las personas con discapacidad y su entorno, mientras que al mismo tiempo elimina retenciones durante el período pre electoral favoreciendo la rentabilidad de las cerealeras y exportadores”.
El pastor Schindler sostiene que “la combinación de ambas medidas da cuenta del perfil ideológico, político y la condición moral del gobierno de Javier Milei. Se hace fuerte con los débiles y es condescendiente con los poderosos, incluido el gobierno de los Estados Unidos”.
Según el sacerdote católico Roberto “Tino” Ferrari (COPP) lo decidido por el Gobierno supone, por un lado, “un incumplimiento de la función de administrar el Estado según la ley” y, por otro, “la medida de bajar de retenciones parece una burla a los discapacitados. No solamente insultan a los discapacitados, los obligan a pasar por tortuosos procesos de verificación para comprobar si todavía siguen sufriendo la discapacidad, sino que además le dicen a los sectores del campo que tienen capacidad de retener los granos --es decir a los más grandes-- que ellos no deben pagar”.
Luis María Alman Bornes, co-presidente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MED) entiende que “el Gobierno elige conscientemente profundizar la exclusión, la desigualdad y el sufrimiento de un sector de la población que ya enfrenta grandes obstáculos para restituir sus derechos a la salud integral” y esta “es una decisión que convierte a las personas con discapacidad en víctimas colaterales de un terrible ajuste”. Para Alman Bornes, “el mensaje es crudo y claro: se opta por aliviar la carga tributaria de los sectores de mayor riqueza a costa de recortar derechos fundamentales de los más vulnerables. Es la materialización de una lógica donde el mercado y el superávit fiscal se erigen como fines supremos, por encima del bienestar de la ciudadanía”.
Para el sacerdote Marcelo Ciaramella, “la ley intenta ser un remedio a un abuso anterior de este gobierno que de manera arbitraria interrumpió la asistencia del Estado a las personas necesitadas de diversos tipos de ayudas para ejercer principalmente su derecho a la salud. Es obligación intransferible y constitucional del Estado garantizar ese derecho”.
En base a ello el también COPP agrega que “el gobierno de Milei ha violentado la lógica democrática de manera insólita, arbitraria y gravísima”, a tal punto que “la mentira del déficit fiscal como medida absoluta sirve como excusa para cometer esta arbitrariedad sin precedentes en la historia democrática del país”. Sostiene el cura que “un gobierno antidemocrático y corrupto nos está sometiendo a través de un régimen autoritario y amigo del poder” y, por ese motivo, “como Iglesia no podemos menos que repudiar esta actitud inédita de querer gobernar sin el Congreso y de advertir que la democracia está en peligro a manos de una persona absolutamente incapaz de ocupar un lugar que requiere sensatez, responsabilidad y respeto por la ley”.
Para Leonardo Schlinder, el gobierno “quita derechos a los más vulnerables y otorga beneficios a quienes más tienen o incluso busca mezquinamente su propio beneficio”, motivo por el cual “la ley debe ser cumplida ya, sin dilaciones ni excusas porque, evidentemente, recursos hay”. Alman Bornes agrega que “esta dualidad de decisiones no es técnica, es ideológica. Pone en evidencia una escala de valores que desde el MEDH repudiamos profundamente. Habla de un gobierno que, en su fanatismo por el ajuste, es capaz de sacrificar la dignidad humana en el altar del equilibrio macroeconómico. Es una visión que deshumaniza la política y desconoce el principio elemental de que el Estado existe”.
El presidente de la FAIE agregó que "las personas no son números ni gastos; que no se puede oprimir al más débil porque es allí donde Dios se hace presente: en la debilidad de este mundo, en las cruces y personas crucificadas”.