Torre de Periodistas de Neuquén: la lucha por reparación por los bienes apropiados durante la dictadura
Tras la intervención de la cooperativa de vivienda el 24 de marzo de 1976, militares y civiles se quedaron con departamentos, terrenos y hasta un centro cultural del sindicato de prensa local. Víctimas y familiares reclaman una reparación integral y la restitución de esas propiedades, que hasta hoy son usadas y explotadas económicamente.
Fecha/Hora: 04/11/2025 08:37
Cód. 108950
Tiempo de lectura: 4.8 minutos.
El 24 de marzo de 1976, mientras en todo el país comenzaba el terrorismo de Estado a gran escala, en la ciudad de Neuquén las Fuerzas Armadas coparon todas las instituciones de gobierno y sumaron entre sus prioridades a una cooperativa de vivienda que había construido el primer edificio de departamentos de la capital, la Torre de Periodistas I.
Ese día, casi 50 años atrás, comenzó un plan para apropiarse de los bienes de la Cooperativa de Viviendas de Periodistas, una organización creada a fines de los 60 ‘s junto al Sindicato de Prensa para solucionar la falta de casa propia en el sector. Ese día, inició una maniobra que se quedó con una veintena de departamentos que habían sido construidos para los afiliados, con terrenos, cocheras y hasta un centro cultural y que civiles y militares usaron para hacer negocios.
Los miembros originales de la cooperativa junto a familiares de sus compañeros y compañeras reclaman la restitución de esas propiedades y la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos. Para eso, días atrás presentaron un reclamo administrativo al gobierno de la provincia, el paso previo a iniciar una demanda civil. En paralelo, una causa penal investiga como crímenes de lesa humanidad la maniobra.
Víctor Reynoso, periodista ya jubilado, es uno de los miembros fundadores de la Cooperativa y del Sindicato. Aún hoy vive en la Torre de Periodistas I, ese espacio que soñó junto a sus compañeros y que tiene 14 pisos y 86 departamentos. Señala que aún hoy sigue siendo un “consorcio cívico-militar”. “Un interventor militar redactó y sancionó el reglamento de copropiedad, que es todo trucho porque ellos se adjudicaron como propietarios los departamentos que eran nuestros”, señala Víctor en diálogo con Tiempo y comienza a relatar lo vivido esos años.
“El 24 de marzo a las 0 horas los milicos tomaron la LU5 Radio Neuquén, donde yo trabajaba. Luego tomaron la Casa de Gobierno, la municipalidad, la Universidad y a las 9:15 ingresaron a la Torre del Periodista por el obrador del centro cultural. Vino un oficial con dos soldados con FAL, se metieron adentro y se llevaron toda la documentación de la cooperativa al Comando de la Sexta Brigada, acá a una cuadra. Ahí se instaló el despacho del interventor militar, Ulises Normando Baca Cau”, recuerda.
“Nos dijeron que la intervención había sido dispuesta por el gobernador de la provincia y ejecutada por el Comando de la Brigada porque varios de los socios y directivos de la cooperativa estaban siendo investigados, sospechados de vínculos con la guerrilla y la subversión. Jamás se probó nada de eso, pero nos intervinieron y se quedaron con nuestros bienes”, explica.
Y habla de bienes porque, además de los departamentos, la cooperativa había desarrollado el Centro Cultural Comunitario, tenía un terreno lindante donde se construirían cocheras y otro terreno donde se proyectaba construir la Torre de Periodistas II, destinada a los afiliados que no habían salido sorteados en la primera. Todo eso fue vendido y pasando de manos, incluso el centro cultural, ya que las autoridades militares, asustadas porque la palabra comunitario se parecía demasiado a comunista, y decidieron destinarlo a locales comerciales y cocheras.
Cuando llegaron los militares, la construcción de la torre ya estaba completada e iba a ser inaugurada el día del periodista, el 7 de junio de 1976, pero la intervención lo demoró más de un año, tiempo en el que los grupos de tareas del Ejército usaron el edificio como lugar de residencia de algunos de sus integrantes, que salían a secuestrar, torturar y matar. También usaron ese tiempo para ejecutar el robo, que contó con el apoyo de autoridades del Banco Hipotecario, también intervenido militarmente. .
Con el argumento de que había sospechas de vínculos con la subversión, sacaron a 23 de las familias que tenían adjudicados departamentos y se los repartieron entre fuerzas armadas y de seguridad: 15 para el Ejército, 4 para la Gendarmería, 2 para la Marina y 2 para la Policía Federal.
Desde ese momento, esas fuerzas hacen uso de los departamentos y los distribuyen como un premio a sus integrantes, que viven allí sin pagar alquiler. Al menos dos de los departamentos fueron ocupados por miembros del Destacamento de Inteligencia 182 vinculados al terrorismo de Estado: Carlos Alberto Benavidez, condenado por su participación en secuestros y torturas, y Rodolfo Adolfo Giménez, sobreseido por esos delitos.
Vivir en ese edificio durante la dictadura fue “una experiencia terrible”, ya que, más allá del robo de las propiedades, los miembros del sindicato fueron amenazados y perseguidos, entre ellos el presidente de la cooperativa, Enrique Oliva, quien debió exiliarse para salvar su vida, pero su hija y su yerno, también periodista, fueron secuestrados y torturados. Las personas que vivían en el edificio debían registrarse para entrar y salir, y los trámites, como el pago de las expensas, debían hacerlo en el Comando de la Sexta Brigada.
Con la vuelta de la democracia, los reclamos por la restitución de los bienes no fueron escuchados y Reynoso sostiene que hubo una complicidad continuada entre civiles y militares para hacer negocios con esas propiedades. “No solamente los usan, los disfrutan, sino que lo explotan económicamente hasta hoy sin control alguno. Fueron pasando de mano en mano y a través de testaferros que recaudan por la explotación de nuestros bienes”, asegura.
El reclamo administrativo presentado días atrás fue posible por el avance de la causa penal. A partir del pedido del fiscal Miguel Palazzani, en 2024 fueron llamados a indagatoria dos ex miembros de la inteligencia del Ejército por crímenes de lesa humanidad en la apropiación de los bienes de la Cooperativa, generando también la imprescriptibilidad del reclamo civil por esos hechos.
Ese día, casi 50 años atrás, comenzó un plan para apropiarse de los bienes de la Cooperativa de Viviendas de Periodistas, una organización creada a fines de los 60 ‘s junto al Sindicato de Prensa para solucionar la falta de casa propia en el sector. Ese día, inició una maniobra que se quedó con una veintena de departamentos que habían sido construidos para los afiliados, con terrenos, cocheras y hasta un centro cultural y que civiles y militares usaron para hacer negocios.
Los miembros originales de la cooperativa junto a familiares de sus compañeros y compañeras reclaman la restitución de esas propiedades y la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos. Para eso, días atrás presentaron un reclamo administrativo al gobierno de la provincia, el paso previo a iniciar una demanda civil. En paralelo, una causa penal investiga como crímenes de lesa humanidad la maniobra.
Víctor Reynoso, periodista ya jubilado, es uno de los miembros fundadores de la Cooperativa y del Sindicato. Aún hoy vive en la Torre de Periodistas I, ese espacio que soñó junto a sus compañeros y que tiene 14 pisos y 86 departamentos. Señala que aún hoy sigue siendo un “consorcio cívico-militar”. “Un interventor militar redactó y sancionó el reglamento de copropiedad, que es todo trucho porque ellos se adjudicaron como propietarios los departamentos que eran nuestros”, señala Víctor en diálogo con Tiempo y comienza a relatar lo vivido esos años.
“El 24 de marzo a las 0 horas los milicos tomaron la LU5 Radio Neuquén, donde yo trabajaba. Luego tomaron la Casa de Gobierno, la municipalidad, la Universidad y a las 9:15 ingresaron a la Torre del Periodista por el obrador del centro cultural. Vino un oficial con dos soldados con FAL, se metieron adentro y se llevaron toda la documentación de la cooperativa al Comando de la Sexta Brigada, acá a una cuadra. Ahí se instaló el despacho del interventor militar, Ulises Normando Baca Cau”, recuerda.
“Nos dijeron que la intervención había sido dispuesta por el gobernador de la provincia y ejecutada por el Comando de la Brigada porque varios de los socios y directivos de la cooperativa estaban siendo investigados, sospechados de vínculos con la guerrilla y la subversión. Jamás se probó nada de eso, pero nos intervinieron y se quedaron con nuestros bienes”, explica.
Y habla de bienes porque, además de los departamentos, la cooperativa había desarrollado el Centro Cultural Comunitario, tenía un terreno lindante donde se construirían cocheras y otro terreno donde se proyectaba construir la Torre de Periodistas II, destinada a los afiliados que no habían salido sorteados en la primera. Todo eso fue vendido y pasando de manos, incluso el centro cultural, ya que las autoridades militares, asustadas porque la palabra comunitario se parecía demasiado a comunista, y decidieron destinarlo a locales comerciales y cocheras.
Cuando llegaron los militares, la construcción de la torre ya estaba completada e iba a ser inaugurada el día del periodista, el 7 de junio de 1976, pero la intervención lo demoró más de un año, tiempo en el que los grupos de tareas del Ejército usaron el edificio como lugar de residencia de algunos de sus integrantes, que salían a secuestrar, torturar y matar. También usaron ese tiempo para ejecutar el robo, que contó con el apoyo de autoridades del Banco Hipotecario, también intervenido militarmente. .
Con el argumento de que había sospechas de vínculos con la subversión, sacaron a 23 de las familias que tenían adjudicados departamentos y se los repartieron entre fuerzas armadas y de seguridad: 15 para el Ejército, 4 para la Gendarmería, 2 para la Marina y 2 para la Policía Federal.
Desde ese momento, esas fuerzas hacen uso de los departamentos y los distribuyen como un premio a sus integrantes, que viven allí sin pagar alquiler. Al menos dos de los departamentos fueron ocupados por miembros del Destacamento de Inteligencia 182 vinculados al terrorismo de Estado: Carlos Alberto Benavidez, condenado por su participación en secuestros y torturas, y Rodolfo Adolfo Giménez, sobreseido por esos delitos.
Vivir en ese edificio durante la dictadura fue “una experiencia terrible”, ya que, más allá del robo de las propiedades, los miembros del sindicato fueron amenazados y perseguidos, entre ellos el presidente de la cooperativa, Enrique Oliva, quien debió exiliarse para salvar su vida, pero su hija y su yerno, también periodista, fueron secuestrados y torturados. Las personas que vivían en el edificio debían registrarse para entrar y salir, y los trámites, como el pago de las expensas, debían hacerlo en el Comando de la Sexta Brigada.
Con la vuelta de la democracia, los reclamos por la restitución de los bienes no fueron escuchados y Reynoso sostiene que hubo una complicidad continuada entre civiles y militares para hacer negocios con esas propiedades. “No solamente los usan, los disfrutan, sino que lo explotan económicamente hasta hoy sin control alguno. Fueron pasando de mano en mano y a través de testaferros que recaudan por la explotación de nuestros bienes”, asegura.
El reclamo administrativo presentado días atrás fue posible por el avance de la causa penal. A partir del pedido del fiscal Miguel Palazzani, en 2024 fueron llamados a indagatoria dos ex miembros de la inteligencia del Ejército por crímenes de lesa humanidad en la apropiación de los bienes de la Cooperativa, generando también la imprescriptibilidad del reclamo civil por esos hechos.