Fentanilo contaminado: presentaron un proyecto en Diputados para reparar a víctimas sobrevivientes y familiares
Eduardo Valdés, encargado de la propuesta, señaló que “el Estado tiene la obligación de asumir un compromiso social ante esta tragedia".
Fecha/Hora: 18/11/2025 08:26
Cód. 109115
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El diputado nacional por Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó un proyecto que busca reparar a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de fallecidos por la distribución de fentanilo contaminado, que dejó un saldo de alrededor de 100 muertos.
Según lo planteado en la iniciativa, la reparación "integral e igualitaria" sería por un monto equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles. Además del respaldo económico, también propone ofrecer "prestaciones de salud, asistencia social, reinserción educativa e inserción laboral".
A su vez, el proyecto también prevé una pensión vitalicia para hijos y cónyuges de las personas fallecidas, y beneficios para los sobrevivientes que hayan sufrido incapacidades a raíz de la intoxicación.
El texto aclara además que la subvención no es incompatible, ni se tendrá en cuenta, en el cobro de futuras indemnizaciones a ser percibidas por vía judicial o extrajudicial.
Eduardo Valdés remarcó que la ley busca dar "reparación y justicia social a quienes quedaron desamparados”
“El Estado tiene la obligación de asumir un compromiso social ante esta tragedia, brindando una respuesta integral a los familiares de las víctimas y a quienes sobrevivieron”, sostuvo Valdés, autor del proyecto que también lleva la firma de otros diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda.
El diputado opositor explicó que “la inoperancia estatal y la negligencia privada dejaron una herida abierta en la sociedad argentina". De esta manera, enfatizó la necesidad de encarar esta ley que ofrece "reparación y justicia social a quienes quedaron desamparados”.
La norma, que crea el "Programa de Reparación Integral a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado o Adulterado" encomienda al Ministerio de Capital Humano la implementación del programa y la coordinación con las provincias afectadas.
Además, crea un Consejo de Control y Seguimiento integrado por familiares de víctimas, ONG y organismos públicos, con el fin de garantizar la transparencia y efectividad en la aplicación de la ley.
“Muchas familias perdieron no solo a sus seres queridos, sino también su sustento económico. No podemos permitir que, además del dolor, carguen con el abandono del Estado”, concluyó Valdés.
Según lo planteado en la iniciativa, la reparación "integral e igualitaria" sería por un monto equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles. Además del respaldo económico, también propone ofrecer "prestaciones de salud, asistencia social, reinserción educativa e inserción laboral".
A su vez, el proyecto también prevé una pensión vitalicia para hijos y cónyuges de las personas fallecidas, y beneficios para los sobrevivientes que hayan sufrido incapacidades a raíz de la intoxicación.
El texto aclara además que la subvención no es incompatible, ni se tendrá en cuenta, en el cobro de futuras indemnizaciones a ser percibidas por vía judicial o extrajudicial.
Eduardo Valdés remarcó que la ley busca dar "reparación y justicia social a quienes quedaron desamparados”
“El Estado tiene la obligación de asumir un compromiso social ante esta tragedia, brindando una respuesta integral a los familiares de las víctimas y a quienes sobrevivieron”, sostuvo Valdés, autor del proyecto que también lleva la firma de otros diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda.
El diputado opositor explicó que “la inoperancia estatal y la negligencia privada dejaron una herida abierta en la sociedad argentina". De esta manera, enfatizó la necesidad de encarar esta ley que ofrece "reparación y justicia social a quienes quedaron desamparados”.
La norma, que crea el "Programa de Reparación Integral a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado o Adulterado" encomienda al Ministerio de Capital Humano la implementación del programa y la coordinación con las provincias afectadas.
Además, crea un Consejo de Control y Seguimiento integrado por familiares de víctimas, ONG y organismos públicos, con el fin de garantizar la transparencia y efectividad en la aplicación de la ley.
“Muchas familias perdieron no solo a sus seres queridos, sino también su sustento económico. No podemos permitir que, además del dolor, carguen con el abandono del Estado”, concluyó Valdés.