Cómo desarmar la estrategia de impunidad de los represores
Hubo una audiencia en la Cámara Federal de Casación en la que quedó claro que la causa por la bomba en Coordinación Federal fue una respuesta a la reapertura de los juicios a los genocidas.
Fecha/Hora: 12/12/2025 06:58
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La Cámara Federal de Casación Penal llevó adelante una audiencia para analizar si debe abrirse una investigación por la bomba que explotó el 2 de julio de 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), sede de la inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) y donde funcionaba un campo de concentración. La causa –impulsada por defensores de acusados por crímenes de lesa humanidad y por un represor condenado a prisión perpetua– busca sentar en el banquillo a los militantes de los años ‘70. “Están buscando impunidad para los genocidas y beneficios para los ya condenados”, denunció la diputada nacional Myriam Bregman.
El 19 de diciembre del año pasado, la Cámara Federal porteña emitió un fallo en sintonía con los tiempos que corren: sostuvo que la bomba de “Coordinación Federal” debía investigarse como una grave violación a los derechos humanos y le ordenó a la jueza María Servini que llamara a Mario Firmenich, líder de Montoneros, a indagatoria. Para sostener tal cuestión, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia argumentaron que las familias de los muertos en la bomba de la SSF fueron privadas de una investigación judicial. Es cierto que entonces no actuó el Poder Judicial, pese a que nadie se lo impidió. Se privilegió la salida conocida por la dictadura: secuestrar, torturar, mutilar, asesinar y desaparecer.
La Sala B, de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py, era un hervidero desde las 9 de la mañana. Las primeras sillas fueron ocupadas por familiares de los policías. Margarita Cruz entró con su pechera de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y quiso tomar un lugar.
–Yo soy víctima de los Montoneros –la atajó una mujer.
–Yo soy víctima, torturada quizá por tu viejo –le retrucó Cruz.
A las 10.02, los tres integrantes de la Sala I ya estaban en sus puestos. La audiencia fue presidida por Diego Barroetaveña. A su derecha, se ubicó Alejandro Slokar y, a su izquierda, se acomodó Carlos Mahiques. El secretario leyó los nombres de los imputados. Se escucharon los nombres de algunos desaparecidos, que ahora son acusados.
Los primeros en exponer fueron quienes recurrieron el fallo de la Cámara Federal: la defensa particular –representada por Liliana Mazea y Bregman– y la defensa pública –representada por Santiago Martínez–.
Mazea protestó porque la Cámara Federal había tenido como “querellante” a Eduardo Kalinec, condenado a perpetua por crímenes en el circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO), sin que figurara en la lista que el propio tribunal había hecho de 112 personas lastimadas por la detonación y sin que el represor hubiera aportado una historia clínica que demostrara que sufrió algún tipo de herida.
El otro eje fue desmontar la calificación de grave violación a los derechos humanos que hizo la Cámara Federal. “Nos agravia que digan que los particulares pueden cometer delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos”, afirmó Mazea, quien también dijo que no se podía achacar la falta de investigación a los militantes de los ‘70.
“Quienes hoy aparecen con el dedo acusador, ¿qué eligieron hacer cuando tenían todo el poder del Estado?”, preguntó Bregman. Se contestó ella misma: “Sembrar cadáveres”. Para ello, fue a las estadísticas de la morgue judicial. Antes del 2 de julio, solían entrar uno o dos cuerpos por día. Desde el 3 al 7 de julio de 1976, el número trepó a 46. Entre las respuestas que dio la PFA a la bomba en la SSF estuvo la masacre de los palotinos, del 4 de julio de 1976, y la masacre de Fátima, de agosto de ese año.
Bregman dejó en claro que la denuncia por la bomba en la SSF era una respuesta al avance del proceso de juzgamiento que estaba tomando ímpetu desde 2001. Y que, por eso, los denunciantes habían escogido a los denunciados. Una de ellas es Patricia Walsh. “No solo es la única sobreviviente de la familia, sino que la eligieron por ser la autora de la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”, remarcó.
Por si faltaban pruebas, recordó que el 21 de agosto de 2003 el Senado votó la anulación y ese mismo día se radicó la denuncia. Otro de los imputados es Horacio Verbitsky, por entonces presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que logró la declaración de inconstitucionalidad de las normas que impedían el juzgamiento de los criminales de la dictadura.
Para la diputada, lo que hizo la Cámara Federal al ordenar que se abriera una investigación fue darle apoyo “explícito” al gobierno: desde 2009, Victoria Villarruel impulsa la apertura de este expediente. Y recordó que a fojas 150 vuelta estaba denunciada Patricia Bullrich, aunque los sectores pro-militares pretenden dejar esa acusación en el olvido. La sola mención de la exministra de Seguridad generó una trifulca en la sala.
–Un segundo –la paró Barroetaveña.
–¿Dónde está Bullrich? –se escuchó desde el público.
“La verdad aparece ahora como un elemento de extorsión para tirar abajo la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, completó Bregman. En la sala estaba el abogado José Sacheri, que en 2006 pidió una “amnistía general” en Plaza San Martín.
En sintonía con Mazea y Bregman, expusieron el defensor oficial y el abogado de Firmenich, Gustavo Maradini Drago.
Por Zoom, se presentaron María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, integrantes de Justicia y Concordia que aparecían en los chats con los diputados oficialistas que fueron a visitar a Alfredo Astiz. Olea fue explícita al decir que la denuncia se impulsó en respuesta a la “persecución judicial de jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas” mientras pedía que se entendiera lo sucedido como parte de una “guerra sucia”.
La familia policial, mientras tanto, coreaba: “Crimen de lesa humanidad, crimen de lesa humanidad”. Un hombre, desde atrás, les contestaba: “Que la policía diga dónde están los cuerpos”. Los rostros de los jueces adquirían cada vez más turbación.
Saint Jean –hijo del gobernador bonaerense durante la dictadura– buscó instalar que Montoneros tenía el apoyo de otros países: de Chile y de Cuba –porque recibieron a los presos políticos que en 1972 lograron escapar de Rawson y que después perderían a sus compañeros o familiares en la masacre de Trelew– y del “Estado palestino”. La mención causó risas en la sala.
La ocasión le sirvió a Saint Jean para decir que no hubo terrorismo de Estado porque las Fuerzas Armadas realizaron “operaciones quirúrgicas” y que los juicios que tienen más de 1200 condenados fueron el “ideal de venganza kirchnerista”.
En el salón estaban referentes de derechos humanos. La Abuela Elsa Pavón, Victoria Montenegro, Alejandrina Barry, Luis Zamora, María Laura Bretal, Rufino Almeida, Carlos Loza, entre otros.
Se encontraba también la abogada Sol Hourcade, del CELS, que acababa de presentar un amicus curiae en la causa. En su presentación, el organismo denunció cómo la Cámara Federal porteña le hizo decir al sistema interamericano cosas que no dice. Ya desde 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió ante los reclamos de la dictadura acerca de por qué no investigaba al “terrorismo” que no le competía sustituir al Estado en la investigación y sanción de actos cometidos por particulares. “Es evidente que el tercer intento de reapertura del caso encontró jueces dispuestos a acomodar aparentes argumentos jurídicos ‘neutrales’ a objetivos políticos”, afirmaron los integrantes del CELS en su escrito.
La audiencia terminó tensa, tal como había comenzado. Al grito de “asesinos” de la familia policial, los organismos de derechos humanos respondieron como siempre. “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”.
El 19 de diciembre del año pasado, la Cámara Federal porteña emitió un fallo en sintonía con los tiempos que corren: sostuvo que la bomba de “Coordinación Federal” debía investigarse como una grave violación a los derechos humanos y le ordenó a la jueza María Servini que llamara a Mario Firmenich, líder de Montoneros, a indagatoria. Para sostener tal cuestión, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia argumentaron que las familias de los muertos en la bomba de la SSF fueron privadas de una investigación judicial. Es cierto que entonces no actuó el Poder Judicial, pese a que nadie se lo impidió. Se privilegió la salida conocida por la dictadura: secuestrar, torturar, mutilar, asesinar y desaparecer.
La Sala B, de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py, era un hervidero desde las 9 de la mañana. Las primeras sillas fueron ocupadas por familiares de los policías. Margarita Cruz entró con su pechera de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y quiso tomar un lugar.
–Yo soy víctima de los Montoneros –la atajó una mujer.
–Yo soy víctima, torturada quizá por tu viejo –le retrucó Cruz.
A las 10.02, los tres integrantes de la Sala I ya estaban en sus puestos. La audiencia fue presidida por Diego Barroetaveña. A su derecha, se ubicó Alejandro Slokar y, a su izquierda, se acomodó Carlos Mahiques. El secretario leyó los nombres de los imputados. Se escucharon los nombres de algunos desaparecidos, que ahora son acusados.
Los primeros en exponer fueron quienes recurrieron el fallo de la Cámara Federal: la defensa particular –representada por Liliana Mazea y Bregman– y la defensa pública –representada por Santiago Martínez–.
Mazea protestó porque la Cámara Federal había tenido como “querellante” a Eduardo Kalinec, condenado a perpetua por crímenes en el circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO), sin que figurara en la lista que el propio tribunal había hecho de 112 personas lastimadas por la detonación y sin que el represor hubiera aportado una historia clínica que demostrara que sufrió algún tipo de herida.
El otro eje fue desmontar la calificación de grave violación a los derechos humanos que hizo la Cámara Federal. “Nos agravia que digan que los particulares pueden cometer delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos”, afirmó Mazea, quien también dijo que no se podía achacar la falta de investigación a los militantes de los ‘70.
“Quienes hoy aparecen con el dedo acusador, ¿qué eligieron hacer cuando tenían todo el poder del Estado?”, preguntó Bregman. Se contestó ella misma: “Sembrar cadáveres”. Para ello, fue a las estadísticas de la morgue judicial. Antes del 2 de julio, solían entrar uno o dos cuerpos por día. Desde el 3 al 7 de julio de 1976, el número trepó a 46. Entre las respuestas que dio la PFA a la bomba en la SSF estuvo la masacre de los palotinos, del 4 de julio de 1976, y la masacre de Fátima, de agosto de ese año.
Bregman dejó en claro que la denuncia por la bomba en la SSF era una respuesta al avance del proceso de juzgamiento que estaba tomando ímpetu desde 2001. Y que, por eso, los denunciantes habían escogido a los denunciados. Una de ellas es Patricia Walsh. “No solo es la única sobreviviente de la familia, sino que la eligieron por ser la autora de la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”, remarcó.
Por si faltaban pruebas, recordó que el 21 de agosto de 2003 el Senado votó la anulación y ese mismo día se radicó la denuncia. Otro de los imputados es Horacio Verbitsky, por entonces presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que logró la declaración de inconstitucionalidad de las normas que impedían el juzgamiento de los criminales de la dictadura.
Para la diputada, lo que hizo la Cámara Federal al ordenar que se abriera una investigación fue darle apoyo “explícito” al gobierno: desde 2009, Victoria Villarruel impulsa la apertura de este expediente. Y recordó que a fojas 150 vuelta estaba denunciada Patricia Bullrich, aunque los sectores pro-militares pretenden dejar esa acusación en el olvido. La sola mención de la exministra de Seguridad generó una trifulca en la sala.
–Un segundo –la paró Barroetaveña.
–¿Dónde está Bullrich? –se escuchó desde el público.
“La verdad aparece ahora como un elemento de extorsión para tirar abajo la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, completó Bregman. En la sala estaba el abogado José Sacheri, que en 2006 pidió una “amnistía general” en Plaza San Martín.
En sintonía con Mazea y Bregman, expusieron el defensor oficial y el abogado de Firmenich, Gustavo Maradini Drago.
Por Zoom, se presentaron María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, integrantes de Justicia y Concordia que aparecían en los chats con los diputados oficialistas que fueron a visitar a Alfredo Astiz. Olea fue explícita al decir que la denuncia se impulsó en respuesta a la “persecución judicial de jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas” mientras pedía que se entendiera lo sucedido como parte de una “guerra sucia”.
La familia policial, mientras tanto, coreaba: “Crimen de lesa humanidad, crimen de lesa humanidad”. Un hombre, desde atrás, les contestaba: “Que la policía diga dónde están los cuerpos”. Los rostros de los jueces adquirían cada vez más turbación.
Saint Jean –hijo del gobernador bonaerense durante la dictadura– buscó instalar que Montoneros tenía el apoyo de otros países: de Chile y de Cuba –porque recibieron a los presos políticos que en 1972 lograron escapar de Rawson y que después perderían a sus compañeros o familiares en la masacre de Trelew– y del “Estado palestino”. La mención causó risas en la sala.
La ocasión le sirvió a Saint Jean para decir que no hubo terrorismo de Estado porque las Fuerzas Armadas realizaron “operaciones quirúrgicas” y que los juicios que tienen más de 1200 condenados fueron el “ideal de venganza kirchnerista”.
En el salón estaban referentes de derechos humanos. La Abuela Elsa Pavón, Victoria Montenegro, Alejandrina Barry, Luis Zamora, María Laura Bretal, Rufino Almeida, Carlos Loza, entre otros.
Se encontraba también la abogada Sol Hourcade, del CELS, que acababa de presentar un amicus curiae en la causa. En su presentación, el organismo denunció cómo la Cámara Federal porteña le hizo decir al sistema interamericano cosas que no dice. Ya desde 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió ante los reclamos de la dictadura acerca de por qué no investigaba al “terrorismo” que no le competía sustituir al Estado en la investigación y sanción de actos cometidos por particulares. “Es evidente que el tercer intento de reapertura del caso encontró jueces dispuestos a acomodar aparentes argumentos jurídicos ‘neutrales’ a objetivos políticos”, afirmaron los integrantes del CELS en su escrito.
La audiencia terminó tensa, tal como había comenzado. Al grito de “asesinos” de la familia policial, los organismos de derechos humanos respondieron como siempre. “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”.