El deterioro institucional en la era Milei, bajo la mirada de Human Rights Watch
En su último reporte anual, la ONG señaló que el Gobierno libertario “puso a prueba el Estado de Derecho en Argentina”. Alertó sobre “los obstáculos al ejercicio de la libertad de reunión” y apuntó especialmente a la represión del 12 de marzo del año pasado.
Fecha/Hora: 04/02/2026 08:55
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La organización Human Rights Watch (HRW) publicará este miércoles su Informe Mundial 2026, que incluye el capítulo sobre Argentina, entre otros países de la región. “Lo documentado muestra que, en 2025, el gobierno de Javier Milei puso a prueba el Estado de Derecho en Argentina”, informaron a Página12 sus voceros. El documento destacó que la protesta social fue reprimida con un “uso de la fuerza indiscriminado e imprudente”. En ocasiones, dijo HRW, Milei intentó evadir frenos y contrapesos constitucionales, una muestra de ello fue el intento de nombramiento por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema. También profundizó un tono confrontativo con la prensa, algo que para HRW enciende las alarmas. El documento será difundido en conferencias de prensa en Brasil, México y Washington, esta última con transmisión en vivo.
Según el capítulo Argentina del Informe Mundial de HRW, el segundo año de gobierno del presidente Javier Milei se caracterizó por recortes en el financiamiento de programas sociales, obstáculos al ejercicio de la libertad de reunión pacífica e intentos de socavar los controles constitucionales sobre el Poder Ejecutivo. La entidad da por válida la baja de la inflación sostenida por el gobierno, pero destaca que a la par aumentó la proporción de trabajadores informales.
Respecto de las instituciones democráticas, la organización señaló que durante años el Congreso no logró reunir la mayoría de dos tercios necesaria para nombrar al procurador general, al defensor del pueblo y a dos magistrados vacantes de la Corte Suprema de Justicia. En tal sentido, recordó que el 26 de febrero de 2025, el presidente Milei firmó un decreto para nombrar al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García Mansilla para cubrir las vacantes en la Corte Suprema. La decisión pasó por alto al Senado, órgano encargado de nombrar a los magistrados. En abril, el Senado rechazó el nombramiento de ambos magistrados, dejando sin efecto el decreto del presidente Milei y los puestos aún vacantes.
HRW apuntó que “al momento de redacción de este capítulo, el Senado se encontraba debatiendo propuestas para ampliar el número de magistrados de la Corte Suprema, una medida utilizada en el pasado para garantizar el control político sobre el máximo tribunal en Argentina. Otra propuesta en debate planteaba establecer una cuota de género para garantizar que las mujeres formen parte del tribunal. Actualmente, los tres jueces que componen la Corte Suprema son hombres”.
En septiembre, el Congreso inició el proceso para nombrar a un nuevo defensor del pueblo, cargo que ha permanecido vacante desde 2009, “lo que ha hecho que este organismo de protección de derechos humanos sea en gran medida disfuncional”. El Congreso también está debatiendo el nombramiento de un nuevo defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cargo vacante desde marzo de 2025. A julio, 330 cargos judiciales federales y nacionales —entre ellos jueces, fiscales y defensores públicos —seguían vacantes , lo que supone casi el 35% del total.
Derecho de reunión pacífica
HRW recordó que el 12 de marzo, cientos de jubilados y otros manifestantes se reunieron frente al Congreso Nacional en Buenos Aires para exigir mejoras en de las jubilaciones y en el acceso a medicamentos gratuitos. “Aunque algunos manifestantes cometieron actos violentos, las fuerzas de seguridad respondieron en ocasiones con un uso de la fuerza indiscriminado e imprudente. Al menos 20 personas resultaron heridas, entre ellas el fotoperiodista Pablo Grillo, que fue alcanzado por un cartucho y sufrió una grave lesión cerebral”.
La organización detalló que en mayo de 2025, varios expertos de la ONU expresaron su preocupación por el “deterioro del espacio cívico en Argentina desde diciembre de 2023″. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 114 personas durante la protesta, al tiempo que un juez de la ciudad de Buenos Aires ordenó la liberación de todas ellas lo que le valió que el Ministerio de Seguridad presentara una denuncia penal contra el juez.
A criterio de HRW, el protocolo “antipiquetes ”, adoptado en diciembre de 2023 “en la práctica criminaliza impedimentos al tránsito derivados de manifestaciones y permite a la policía utilizar la fuerza en una amplia gama de circunstancias”.
Respecto a la libertad de expresión, HRW apuntó que el presidente Milei y altos funcionarios del gobierno han utilizado una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas. Milei ha dicho en repetidas ocasiones que los argentinos “no odiamos lo suficiente a los periodistas ” y ha acusado a los periodistas , sin pruebas, de recibir sobornos. El diario La Nación informó en mayo que la agencia de inteligencia del país (SIDE) había aprobado un plan de inteligencia plurianual que incluía la vigilancia de personas que “socavaran la confianza pública en los funcionarios del gobierno o en la política económica ”. El gobierno de Milei lo desmintió .
Derechos económicos, sociales y culturales
Human Rights Watch mencionó que la inflación interanual al mes de agosto fue del 33,6% , por debajo del 236, 7% registrado en 2024. Sin embargo, los precios de los bienes y servicios esenciales como vivienda, agua y energía aumentaron un 55,4% para el mismo período. Las tasas de pobreza y pobreza extrema definidas a nivel nacional disminuyeron en 2025, aunque a un ritmo más lento que en 2024.
“El gobierno continuó con la reducción del gasto público, lo que impactó en servicios y programas sociales destinados al cumplimiento de derechos como la educación y la salud. Los recortes también afectaron a las jubilaciones y las pensiones para personas con discapacidad”, describió la organización. Sin embargo, destacó la ampliación del presupuesto de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Para HRW es relevante que el presidente Milei haya vetado leyes aprobadas por el Congreso para aumentar las jubilaciones y el financiamiento de universidades públicas. También vetó la ley que declara ba la emergencia en discapacidad. El Senado anuló los vetos.
En un apartado dedicado a los hechos de corrupción, HRW destacó que en junio, la Corte Suprema confirmó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por fraude vinculado a proyectos de infraestructura ejecutados durante su presidencia (2007 -2015). Fernández de Kirchner negó las acusaciones y acusó a los jueces de ser parte de una “mafia ” que busca impedirle volver a ocupar cargos.
En tanto, en abril, el Congreso creó una comisión para investigar si el presidente Milei cometió un delito al utilizar sus cuentas en redes sociales para promocionar una criptomoneda que fracasó rotundamente y costó a los invers ores unos US$ 250 millones. En noviembre, la comisión determinó que el presidente Milei desempeñó un “papel indispensable ” en un “plan fraudulento ”. “Al momento de redacción de este capítulo , el caso estaba siendo investigado por los tribunales federales”, dice el Informe.
En agosto, un medio de comunicación publicó unas grabaciones de audio en las que se señalaba que la hermana del presidente, Karina Milei, que ocupa un alto cargo en su gabinete, había recibido sobornos por la compra de medicamentos para personas con discapacidad por parte del gobierno. Por un pedido del Karina Milei, un juez prohibió la difusión de grabaciones de audio similares atribuidas a su persona, “una medida que viola la libertad de expresión”, según HRW. Karina Milei retiró la medida cautelar después de la presentación de apelaciones en contra de la decisión del juez.
Según el capítulo Argentina del Informe Mundial de HRW, el segundo año de gobierno del presidente Javier Milei se caracterizó por recortes en el financiamiento de programas sociales, obstáculos al ejercicio de la libertad de reunión pacífica e intentos de socavar los controles constitucionales sobre el Poder Ejecutivo. La entidad da por válida la baja de la inflación sostenida por el gobierno, pero destaca que a la par aumentó la proporción de trabajadores informales.
Respecto de las instituciones democráticas, la organización señaló que durante años el Congreso no logró reunir la mayoría de dos tercios necesaria para nombrar al procurador general, al defensor del pueblo y a dos magistrados vacantes de la Corte Suprema de Justicia. En tal sentido, recordó que el 26 de febrero de 2025, el presidente Milei firmó un decreto para nombrar al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García Mansilla para cubrir las vacantes en la Corte Suprema. La decisión pasó por alto al Senado, órgano encargado de nombrar a los magistrados. En abril, el Senado rechazó el nombramiento de ambos magistrados, dejando sin efecto el decreto del presidente Milei y los puestos aún vacantes.
HRW apuntó que “al momento de redacción de este capítulo, el Senado se encontraba debatiendo propuestas para ampliar el número de magistrados de la Corte Suprema, una medida utilizada en el pasado para garantizar el control político sobre el máximo tribunal en Argentina. Otra propuesta en debate planteaba establecer una cuota de género para garantizar que las mujeres formen parte del tribunal. Actualmente, los tres jueces que componen la Corte Suprema son hombres”.
En septiembre, el Congreso inició el proceso para nombrar a un nuevo defensor del pueblo, cargo que ha permanecido vacante desde 2009, “lo que ha hecho que este organismo de protección de derechos humanos sea en gran medida disfuncional”. El Congreso también está debatiendo el nombramiento de un nuevo defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cargo vacante desde marzo de 2025. A julio, 330 cargos judiciales federales y nacionales —entre ellos jueces, fiscales y defensores públicos —seguían vacantes , lo que supone casi el 35% del total.
Derecho de reunión pacífica
HRW recordó que el 12 de marzo, cientos de jubilados y otros manifestantes se reunieron frente al Congreso Nacional en Buenos Aires para exigir mejoras en de las jubilaciones y en el acceso a medicamentos gratuitos. “Aunque algunos manifestantes cometieron actos violentos, las fuerzas de seguridad respondieron en ocasiones con un uso de la fuerza indiscriminado e imprudente. Al menos 20 personas resultaron heridas, entre ellas el fotoperiodista Pablo Grillo, que fue alcanzado por un cartucho y sufrió una grave lesión cerebral”.
La organización detalló que en mayo de 2025, varios expertos de la ONU expresaron su preocupación por el “deterioro del espacio cívico en Argentina desde diciembre de 2023″. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 114 personas durante la protesta, al tiempo que un juez de la ciudad de Buenos Aires ordenó la liberación de todas ellas lo que le valió que el Ministerio de Seguridad presentara una denuncia penal contra el juez.
A criterio de HRW, el protocolo “antipiquetes ”, adoptado en diciembre de 2023 “en la práctica criminaliza impedimentos al tránsito derivados de manifestaciones y permite a la policía utilizar la fuerza en una amplia gama de circunstancias”.
Respecto a la libertad de expresión, HRW apuntó que el presidente Milei y altos funcionarios del gobierno han utilizado una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas. Milei ha dicho en repetidas ocasiones que los argentinos “no odiamos lo suficiente a los periodistas ” y ha acusado a los periodistas , sin pruebas, de recibir sobornos. El diario La Nación informó en mayo que la agencia de inteligencia del país (SIDE) había aprobado un plan de inteligencia plurianual que incluía la vigilancia de personas que “socavaran la confianza pública en los funcionarios del gobierno o en la política económica ”. El gobierno de Milei lo desmintió .
Derechos económicos, sociales y culturales
Human Rights Watch mencionó que la inflación interanual al mes de agosto fue del 33,6% , por debajo del 236, 7% registrado en 2024. Sin embargo, los precios de los bienes y servicios esenciales como vivienda, agua y energía aumentaron un 55,4% para el mismo período. Las tasas de pobreza y pobreza extrema definidas a nivel nacional disminuyeron en 2025, aunque a un ritmo más lento que en 2024.
“El gobierno continuó con la reducción del gasto público, lo que impactó en servicios y programas sociales destinados al cumplimiento de derechos como la educación y la salud. Los recortes también afectaron a las jubilaciones y las pensiones para personas con discapacidad”, describió la organización. Sin embargo, destacó la ampliación del presupuesto de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Para HRW es relevante que el presidente Milei haya vetado leyes aprobadas por el Congreso para aumentar las jubilaciones y el financiamiento de universidades públicas. También vetó la ley que declara ba la emergencia en discapacidad. El Senado anuló los vetos.
En un apartado dedicado a los hechos de corrupción, HRW destacó que en junio, la Corte Suprema confirmó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por fraude vinculado a proyectos de infraestructura ejecutados durante su presidencia (2007 -2015). Fernández de Kirchner negó las acusaciones y acusó a los jueces de ser parte de una “mafia ” que busca impedirle volver a ocupar cargos.
En tanto, en abril, el Congreso creó una comisión para investigar si el presidente Milei cometió un delito al utilizar sus cuentas en redes sociales para promocionar una criptomoneda que fracasó rotundamente y costó a los invers ores unos US$ 250 millones. En noviembre, la comisión determinó que el presidente Milei desempeñó un “papel indispensable ” en un “plan fraudulento ”. “Al momento de redacción de este capítulo , el caso estaba siendo investigado por los tribunales federales”, dice el Informe.
En agosto, un medio de comunicación publicó unas grabaciones de audio en las que se señalaba que la hermana del presidente, Karina Milei, que ocupa un alto cargo en su gabinete, había recibido sobornos por la compra de medicamentos para personas con discapacidad por parte del gobierno. Por un pedido del Karina Milei, un juez prohibió la difusión de grabaciones de audio similares atribuidas a su persona, “una medida que viola la libertad de expresión”, según HRW. Karina Milei retiró la medida cautelar después de la presentación de apelaciones en contra de la decisión del juez.