Nacionales: Régimen Penal Juvenil
Diputados fija fecha para la baja de imputabilidad y activa el debate en extraordinarias
La Cámara de Diputados sesionará el jueves 12 de febrero para tratar el Régimen Penal Juvenil, con baja de imputabilidad a 14 años y cambios acordados con bloques aliados.
Fecha/Hora: 05/02/2026 08:24
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La Cámara de Diputados avanzó en la agenda de las sesiones extraordinarias y puso fecha a uno de los debates más sensibles del temario oficialista. El próximo jueves 12 de febrero, el recinto tratará el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que propone la baja de la edad de imputabilidad y redefine el esquema de sanciones para menores.
La confirmación surgió tras una reunión encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, con jefes de bloque de oficialismo y oposición, en la que se acordó el cronograma parlamentario para llevar el proyecto al recinto.
El cronograma y el dictamen
Un día antes de la sesión, el miércoles, se realizará el plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Adolescencia y Presupuesto, con el objetivo de firmar dictamen. El despacho que el oficialismo había reunido el año pasado perdió estado parlamentario al no tratarse en el recinto, por lo que debe repetirse el trámite de comisión, aunque fuentes al tanto de las negociaciones señalaron que se respetarán los consensos alcanzados.
Menem confirmó además que el martes quedarán formalmente constituidas las comisiones de Familia, Niñez y Adolescencia y de Justicia, que se sumarán a Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, ya integradas.
El acuerdo político y el límite en 14 años
El proyecto original impulsado por el Gobierno proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Durante el debate previo, bloques aliados como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal presionaron para fijar el piso en 14 años. Esa postura se mantuvo y será la base del texto que llegará al recinto, tal como adelantaron el PRO y la UCR.
El oficialismo también aceptó reducir de 20 a 15 años la pena máxima para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Ese punto resultó clave para alcanzar un texto consensuado el año pasado, que finalmente no se debatió en el recinto.
El reclamo de las provincias y el punto presupuestario
Tras el encuentro con los jefes de bloque, uno de los aliados del Gobierno indicó que el "único agregado" que sufrirá el proyecto será un apartado presupuestario. Los gobernadores reclamaron que el gasto adicional que implique la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil no recaiga exclusivamente sobre las provincias.
Según fuentes parlamentarias, la Casa Rosada se comprometió a habilitar convenios entre Nación y las jurisdicciones para cubrir esa diferencia.
En ese marco, los bloques aliados descontaron que el oficialismo reunirá los votos necesarios para avanzar con la media sanción. "El año pasado sacaron el dictamen de mayoría cuando eran minoría; ahora que son la primera minoría todo indica que será más fácil", señalaron desde una bancada dialoguista.
Cómo será el nuevo Régimen Penal Juvenil
El nuevo régimen fijará en 14 años la edad mínima de punibilidad. La condena máxima será de 15 años y solo aplicará para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad quedará como último recurso y se priorizarán penas alternativas, entre ellas tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima y medidas de reparación del daño.
El proyecto prevé la creación de institutos especiales para menores condenados, con garantía de educación, atención médica y tratamientos por adicciones. El personal deberá contar con formación específica en infancia y adolescencia y quedará prohibida cualquier convivencia con detenidos mayores.
Entre las sanciones alternativas se incluyen la amonestación, los servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la reparación integral del daño y la prohibición de conducir vehículos. Estas opciones podrán reemplazar la prisión en delitos con penas de hasta tres años, o de hasta diez si no hubo muerte ni violencia grave, con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima.
Además, el texto incorpora programas educativos, de formación ciudadana y capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y controles a cargo de un supervisor especializado designado por el juez. También contempla intervenciones específicas ante problemas de salud mental, consumo problemático de sustancias o entornos familiares violentos, con intervención del juez civil cuando resulte necesaria una internación.
La confirmación surgió tras una reunión encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, con jefes de bloque de oficialismo y oposición, en la que se acordó el cronograma parlamentario para llevar el proyecto al recinto.
El cronograma y el dictamen
Un día antes de la sesión, el miércoles, se realizará el plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Adolescencia y Presupuesto, con el objetivo de firmar dictamen. El despacho que el oficialismo había reunido el año pasado perdió estado parlamentario al no tratarse en el recinto, por lo que debe repetirse el trámite de comisión, aunque fuentes al tanto de las negociaciones señalaron que se respetarán los consensos alcanzados.
Menem confirmó además que el martes quedarán formalmente constituidas las comisiones de Familia, Niñez y Adolescencia y de Justicia, que se sumarán a Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, ya integradas.
El acuerdo político y el límite en 14 años
El proyecto original impulsado por el Gobierno proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Durante el debate previo, bloques aliados como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal presionaron para fijar el piso en 14 años. Esa postura se mantuvo y será la base del texto que llegará al recinto, tal como adelantaron el PRO y la UCR.
El oficialismo también aceptó reducir de 20 a 15 años la pena máxima para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Ese punto resultó clave para alcanzar un texto consensuado el año pasado, que finalmente no se debatió en el recinto.
El reclamo de las provincias y el punto presupuestario
Tras el encuentro con los jefes de bloque, uno de los aliados del Gobierno indicó que el "único agregado" que sufrirá el proyecto será un apartado presupuestario. Los gobernadores reclamaron que el gasto adicional que implique la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil no recaiga exclusivamente sobre las provincias.
Según fuentes parlamentarias, la Casa Rosada se comprometió a habilitar convenios entre Nación y las jurisdicciones para cubrir esa diferencia.
En ese marco, los bloques aliados descontaron que el oficialismo reunirá los votos necesarios para avanzar con la media sanción. "El año pasado sacaron el dictamen de mayoría cuando eran minoría; ahora que son la primera minoría todo indica que será más fácil", señalaron desde una bancada dialoguista.
Cómo será el nuevo Régimen Penal Juvenil
El nuevo régimen fijará en 14 años la edad mínima de punibilidad. La condena máxima será de 15 años y solo aplicará para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad quedará como último recurso y se priorizarán penas alternativas, entre ellas tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima y medidas de reparación del daño.
El proyecto prevé la creación de institutos especiales para menores condenados, con garantía de educación, atención médica y tratamientos por adicciones. El personal deberá contar con formación específica en infancia y adolescencia y quedará prohibida cualquier convivencia con detenidos mayores.
Entre las sanciones alternativas se incluyen la amonestación, los servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la reparación integral del daño y la prohibición de conducir vehículos. Estas opciones podrán reemplazar la prisión en delitos con penas de hasta tres años, o de hasta diez si no hubo muerte ni violencia grave, con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima.
Además, el texto incorpora programas educativos, de formación ciudadana y capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y controles a cargo de un supervisor especializado designado por el juez. También contempla intervenciones específicas ante problemas de salud mental, consumo problemático de sustancias o entornos familiares violentos, con intervención del juez civil cuando resulte necesaria una internación.