El Gobierno cambió el protocolo para investigar ciberdelitos tras las amenazas en escuelas
La normativa actualiza las reglas para las tareas de prevención de delitos en el ciberespacio realizadas por las fuerzas federales y fija en qué casos podrán monitorear menores sin autorización judicial.
Fecha/Hora: 01/08/2026 09:21
Cód. 111685
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El Gobierno modificó el protocolo que regula las tareas de prevención de delitos en el ciberespacio realizadas por las fuerzas policiales y de seguridad federales tras la suba de las amenazas en escuelas.
La reforma, oficializada este miércoles mediante la Resolución 725/2026 publicada en el Boletín Oficial, busca actualizar las herramientas de investigación frente al crecimiento del cibercrimen y habilita nuevos supuestos de actuación ante amenazas de violencia masiva en escuelas difundidas a través de redes sociales.
La modificación mantiene como principio general que las fuerzas no pueden tratar datos sensibles ni publicaciones realizadas por niñas, niños y adolescentes sin autorización judicial. Sin embargo, establece una serie de excepciones para que el monitoreo preventivo no deba interrumpirse cuando exista un riesgo inminente para la vida o la integridad física de menores o de terceros.
En los considerandos de la resolución, el Ministerio de Seguridad sostuvo que los ciberdelitos constituyen "una manifestación delictiva en constante expansión que afecta cada día a más cantidad de personas humanas y jurídicas, economías, sistemas, servicios, infraestructuras críticas", por lo que consideró necesario fortalecer y actualizar los mecanismos de investigación de las fuerzas federales.
La cartera también justificó el cambio en el aumento de episodios vinculados con amenazas de ataques en escuelas difundidas mediante plataformas digitales y redes sociales. Según el texto oficial, esos casos dejaron en evidencia que la normativa vigente "resulta insuficiente para dar respuesta operativa eficaz ante situaciones de urgencia que, por su gravedad e inminencia, no admiten demora en la actuación preventiva".
Qué cambia con el nuevo protocolo para ciberdelitos
La resolución modifica uno de los incisos de la normativa aprobada en 2024 que fija las pautas para las tareas preventivas en sitios web y fuentes abiertas.
El personal policial deberá continuar ajustándose a la Ley de Protección de Datos Personales. La resolución establece que "queda expresamente prohibido el tratamiento sin autorización judicial de datos sensibles (...) y de las publicaciones efectuadas por niñas, niños y adolescentes".
En esa línea, dispone que cuando durante una tarea de prevención exista certeza o presunción de que el monitoreo involucra a un menor de edad, la actuación deberá suspenderse, dejarse asentada en el libro de registro y comunicarse a la autoridad responsable.
Sin embargo, la principal novedad de la resolución es que amplía los supuestos en los que las fuerzas federales podrán continuar con la tarea preventiva aun cuando el caso involucre a un menor.
Las excepciones previstas son:
Cuando exista riesgo para la vida del menor.
Si hay indicios de que se encuentra en situación de desamparo, desaparecido o sustraído de su entorno.
Ante indicios de conductas autolesivas o suicidas, sin necesidad de acreditar que el daño sea inminente.
Cuando el menor sea presunta víctima de un delito que se esté cometiendo en tiempo real en el ciberespacio y la suspensión del monitoreo impida prevenir el hecho o identificar al responsable.
Cuando existan indicios fundados de riesgo para la vida o la integridad física de otros menores, "incluyendo la amenaza, planificación o preparación de actos de violencia masiva en establecimientos educativos u otros espacios de concurrencia pública", independientemente de que el menor sea víctima o presunto autor.
En todos esos casos, la resolución establece que el personal deberá dejar constancia detallada de las razones que justificaron la continuidad del procedimiento y comunicar inmediatamente la situación a la autoridad responsable.
Los argumentos del Gobierno
La modificación se enmarca en la estrategia oficial para reforzar la prevención del cibercrimen y actualizar las herramientas de investigación frente a nuevas modalidades delictivas.
La resolución recuerda que el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027 ya había advertido sobre la necesidad de revisar el marco normativo y de incorporar herramientas especiales para la prevención e investigación de delitos complejos en entornos digitales.
Asimismo, menciona el funcionamiento del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen (FORCIC), creado para incrementar las capacidades de prevención, detección e investigación de incidentes cibernéticos.
"Resulta necesario ampliar el catálogo de supuestos excepcionales a fin de dotar a las fuerzas de herramientas operativas adecuadas para actuar eficazmente ante situaciones de riesgo inminente, sin mengua de las garantías establecidas en el marco regulatorio actual", concluye la resolución.
La reforma, oficializada este miércoles mediante la Resolución 725/2026 publicada en el Boletín Oficial, busca actualizar las herramientas de investigación frente al crecimiento del cibercrimen y habilita nuevos supuestos de actuación ante amenazas de violencia masiva en escuelas difundidas a través de redes sociales.
La modificación mantiene como principio general que las fuerzas no pueden tratar datos sensibles ni publicaciones realizadas por niñas, niños y adolescentes sin autorización judicial. Sin embargo, establece una serie de excepciones para que el monitoreo preventivo no deba interrumpirse cuando exista un riesgo inminente para la vida o la integridad física de menores o de terceros.
En los considerandos de la resolución, el Ministerio de Seguridad sostuvo que los ciberdelitos constituyen "una manifestación delictiva en constante expansión que afecta cada día a más cantidad de personas humanas y jurídicas, economías, sistemas, servicios, infraestructuras críticas", por lo que consideró necesario fortalecer y actualizar los mecanismos de investigación de las fuerzas federales.
La cartera también justificó el cambio en el aumento de episodios vinculados con amenazas de ataques en escuelas difundidas mediante plataformas digitales y redes sociales. Según el texto oficial, esos casos dejaron en evidencia que la normativa vigente "resulta insuficiente para dar respuesta operativa eficaz ante situaciones de urgencia que, por su gravedad e inminencia, no admiten demora en la actuación preventiva".
Qué cambia con el nuevo protocolo para ciberdelitos
La resolución modifica uno de los incisos de la normativa aprobada en 2024 que fija las pautas para las tareas preventivas en sitios web y fuentes abiertas.
El personal policial deberá continuar ajustándose a la Ley de Protección de Datos Personales. La resolución establece que "queda expresamente prohibido el tratamiento sin autorización judicial de datos sensibles (...) y de las publicaciones efectuadas por niñas, niños y adolescentes".
En esa línea, dispone que cuando durante una tarea de prevención exista certeza o presunción de que el monitoreo involucra a un menor de edad, la actuación deberá suspenderse, dejarse asentada en el libro de registro y comunicarse a la autoridad responsable.
Sin embargo, la principal novedad de la resolución es que amplía los supuestos en los que las fuerzas federales podrán continuar con la tarea preventiva aun cuando el caso involucre a un menor.
Las excepciones previstas son:
Cuando exista riesgo para la vida del menor.
Si hay indicios de que se encuentra en situación de desamparo, desaparecido o sustraído de su entorno.
Ante indicios de conductas autolesivas o suicidas, sin necesidad de acreditar que el daño sea inminente.
Cuando el menor sea presunta víctima de un delito que se esté cometiendo en tiempo real en el ciberespacio y la suspensión del monitoreo impida prevenir el hecho o identificar al responsable.
Cuando existan indicios fundados de riesgo para la vida o la integridad física de otros menores, "incluyendo la amenaza, planificación o preparación de actos de violencia masiva en establecimientos educativos u otros espacios de concurrencia pública", independientemente de que el menor sea víctima o presunto autor.
En todos esos casos, la resolución establece que el personal deberá dejar constancia detallada de las razones que justificaron la continuidad del procedimiento y comunicar inmediatamente la situación a la autoridad responsable.
Los argumentos del Gobierno
La modificación se enmarca en la estrategia oficial para reforzar la prevención del cibercrimen y actualizar las herramientas de investigación frente a nuevas modalidades delictivas.
La resolución recuerda que el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027 ya había advertido sobre la necesidad de revisar el marco normativo y de incorporar herramientas especiales para la prevención e investigación de delitos complejos en entornos digitales.
Asimismo, menciona el funcionamiento del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen (FORCIC), creado para incrementar las capacidades de prevención, detección e investigación de incidentes cibernéticos.
"Resulta necesario ampliar el catálogo de supuestos excepcionales a fin de dotar a las fuerzas de herramientas operativas adecuadas para actuar eficazmente ante situaciones de riesgo inminente, sin mengua de las garantías establecidas en el marco regulatorio actual", concluye la resolución.