“El DNU de Milei deja a los migrantes en una situación mucho más vulnerable”
Penchaszadeh, investigadora del Conicet especialista en derechos migrantes, reflexionó sobre los peligros del decreto “chovinista” del presidente. “Si se lo aplicara a él mismo en Europa, por ejemplo, el propio Milei no podría ingresar o sería expulsado de esos mismos países”, le dijo a Página/12.
Fecha/Hora: 31/07/2026 07:48
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Ana Paula Penchaszadeh es, desde hace casi tres décadas, una referencia académica insoslayable en materia de migración en el país. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en Filosofía por la Université Paris, investigadora del Conicet y, también, activista. Su último trabajo está centrado en lo que caracterizó como el “giro restrictivo migratorio radical” en la era Milei, y fue publicado días antes de que se conociera el DNU 681/2026 con que el presidente incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a “todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio” contra el país, un fenómeno que se instaló sobre todo en las redes sociales post-mundial. “Suena delirante”, le dijo a Página/12 en esta entrevista. “Amplía la discrecionalidad de la autoridad y genera zozobra entre la comunidad migrante respecto de cuáles de sus expresiones pueden ser susceptibles de ser sancionadas”, sostuvo.
¿Cuáles son sus primeras reflexiones sobre el DNU?
Lo primero es que, si se toman como válidos los argumentos del decreto, se trata de una medida tardía y desmesurada respecto de la “campaña antiargentina” que vivimos durante el Mundial. En ese sentido, parece un juego de espejos invertidos: busca supuestamente defender a los argentinos de los ataques de odio, pero el propio presidente cerró el INADI poco después de haber asumido, y ha proferido él mismo una enorme cantidad de discursos de odio. Todo lo cual hace pensar que no está verdaderamente muy preocupado por los actos de xenofobia, racismo y discriminación. Este decreto parece más bien una herramienta ideológica para mostrarse duro con los “antiargentinos”, pero se trata de puro punitivismo simbólico. Esta nueva medida es una más dentro de una larga saga de decretos mediante los cuales se ha operado un giro restrictivo migratorio general, aporofóbico y antiinmigrante, que ha dejado a los migrantes en una situación mucho más vulnerable de la que ya estaban.
¿Lo considera peligroso?
Lo que me preocupa es que no queda claro qué significa una expresión de odio en este contexto, qué significa ultrajar los valores patrios y los símbolos. ¿Cómo diferenciarlos del derecho legítimo a la crítica, a la libre expresión o a la protesta, derechos que están absolutamente en cuestión en este gobierno? Por otro lado, ¿quién va a establecer esa diferencia? ¿Puede una autoridad migratoria realizar de manera proba esta tarea? Suena delirante. Amplía la discrecionalidad de la autoridad migratoria y genera zozobra en la comunidad migrante respecto de qué expresiones pueden ser sancionadas.
¿A qué llama “giro restrictivo migratorio”?
Básicamente, entre 2024 y 2025 se modificaron por decreto todas las leyes que regulan los derechos de la población migrante “de a pie” en el país. Se modificaron las leyes de migración, asilo, naturalización, educación superior y salud. Por eso también digo que la reforma es radical. Profundiza en lo que ya había iniciado Macri con el DNU 70, que aceleraba las expulsiones: el DNU 366/25 es el cénit de esa regresión, ya que habilita arancelar, para todos los migrantes que no tengan una radicación permanente, la salud y la educación superior.
En ese sentido, pareciera haber para el gobierno extranjeros de primera, a los que les abre las puertas para que compren tierras sin límites, mientras que al “de a pie”, como usted dice, se le restringen derechos.
Mi percepción es que hay una entrega de nuestra soberanía, de nuestras tierras y recursos naturales. Basta con combinar la ecuación del Super Rigi con la inviolabilidad de la ley privada y otros tantos proyectos similares en curso. Pero vuelvo al DNU 366, que es muy gráfico de esta idea: mientras restringe el acceso a la salud y la educación superior, reglamentó un régimen de ciudadanía por inversión que permite acceder a la nacionalidad mediante una “inversión relevante” sin cumplir el requisito ordinario de residencia ni el trámite regular de naturalización. Una medida para vender directamente el país al capital concentrado. Recientemente, la justicia lo frenó porque era contradictorio con el núcleo de constitucionalidad de la Argentina y, además, por tratarse de una materia delegada al Congreso de la Nación: pues cuando se toca la ciudadanía, se afectan la comunidad política y los derechos políticos. El decreto, además, transfirió, sin más trámite, la facultad de otorgar esta ciudadanía por inversión al Ministerio de Economía. ¿Qué debido proceso puede garantizar el Ministerio de Economía?
Volviendo a la campaña de odio… Santiago Caputo, el principal asesor del presidente en estos temas, responsabilizó al “wokismo” por supuestamente estar detrás de los ataques al país y a la selección. Como si la izquierda también fuera capaz de ser emisora de estas campañas, no solo las derechas.
Para mí, lo interesante de esta “campaña antiargentina” es que muestra que la discriminación no necesita coherencia para expresarse. O sea, desde la izquierda internacional los ataques vinieron por el lado de que estamos alineados con Estados Unidos e Israel, confundiendo así “gobierno” y “país”, “Milei” y “argentinos”. La derecha nos acusó de insumisos por el triunfo sobre los ingleses, por Maradona, por la bandera de las Malvinas. Unos y otros, siguen pidiendo un castigo ejemplar para la Argentina y los argentinos. La pregunta es: ¿qué hizo el presidente de la Argentina para poner paños fríos y defender al país? Bueno, emitió este decreto mordaza para los migrantes… Como no hizo nada, apareció este último decreto. Es chovinismo. Y es curioso: si se lo aplicara a él mismo en países de Europa, por ejemplo, el propio Milei no podría ingresar o sería expulsado de esos mismos países.
Parte de la campaña tuvo que ver con el racismo argentino. ¿Cómo se posiciona frente a ese debate? Y en términos migratorios, ¿somos un país de brazos abiertos?
Para mí, el primer ejercicio consiste en distinguir entre un gobierno y un país. Luego, es evidente que existe una matriz neocolonial que sigue absolutamente vigente en Argentina, como en toda Latinoamérica. Eso explica en gran medida las jerarquías sociorraciales que siguen operando de manera muy clara en las formas de extranjerización - incluso de los propios nacionales - que no se ajustan al ideal blanco-europeo. Igual, creo que ese debate, tal como está planteado, es engañoso.
¿Por qué?
Argentina no es un país especialmente racista y xenófobo. No lo es, básicamente, porque durante dos décadas, casi de manera ininterrumpida, tuvo políticas muy activas de reparación, inclusión y garantismo universalista. Con la sanción de la ley 25.871 en 2004, la Argentina supo ostentar, junto con Uruguay, los niveles más altos de regularización y políticas inclusivas en materia de salud, educación y justicia. Lo interesante es que no se produjo un “efecto llamada”, la población migrante se mantuvo constante e incluso mostró una tendencia a la baja en el censo de 2022. Primero Macri y luego Milei, de manera muy radical, pusieron en jaque esta política de hospitalidad. En ese marco, parece injusto señalar a la Argentina como un caso saliente de racismo y xenofobia. Argentina hizo mucho, pero mucho, para generar condiciones de igualdad entre nacionales y extranjeros y achicar las brechas en materia de acceso a derechos. ¿Fue suficiente? No. ¿Marcó una diferencia? Creo que sí. Supimos sostener durante casi dos décadas leyes absolutamente pioneras y garantistas de migración y asilo, basadas en un paradigma de derechos humanos, hoy claramente horadadas y pervertidas por decretos del Ejecutivo. Es triste ver cómo hemos retrocedido en los últimos años mediante la invención de crisis, necesidades y urgencias.
¿Cuáles son sus primeras reflexiones sobre el DNU?
Lo primero es que, si se toman como válidos los argumentos del decreto, se trata de una medida tardía y desmesurada respecto de la “campaña antiargentina” que vivimos durante el Mundial. En ese sentido, parece un juego de espejos invertidos: busca supuestamente defender a los argentinos de los ataques de odio, pero el propio presidente cerró el INADI poco después de haber asumido, y ha proferido él mismo una enorme cantidad de discursos de odio. Todo lo cual hace pensar que no está verdaderamente muy preocupado por los actos de xenofobia, racismo y discriminación. Este decreto parece más bien una herramienta ideológica para mostrarse duro con los “antiargentinos”, pero se trata de puro punitivismo simbólico. Esta nueva medida es una más dentro de una larga saga de decretos mediante los cuales se ha operado un giro restrictivo migratorio general, aporofóbico y antiinmigrante, que ha dejado a los migrantes en una situación mucho más vulnerable de la que ya estaban.
¿Lo considera peligroso?
Lo que me preocupa es que no queda claro qué significa una expresión de odio en este contexto, qué significa ultrajar los valores patrios y los símbolos. ¿Cómo diferenciarlos del derecho legítimo a la crítica, a la libre expresión o a la protesta, derechos que están absolutamente en cuestión en este gobierno? Por otro lado, ¿quién va a establecer esa diferencia? ¿Puede una autoridad migratoria realizar de manera proba esta tarea? Suena delirante. Amplía la discrecionalidad de la autoridad migratoria y genera zozobra en la comunidad migrante respecto de qué expresiones pueden ser sancionadas.
¿A qué llama “giro restrictivo migratorio”?
Básicamente, entre 2024 y 2025 se modificaron por decreto todas las leyes que regulan los derechos de la población migrante “de a pie” en el país. Se modificaron las leyes de migración, asilo, naturalización, educación superior y salud. Por eso también digo que la reforma es radical. Profundiza en lo que ya había iniciado Macri con el DNU 70, que aceleraba las expulsiones: el DNU 366/25 es el cénit de esa regresión, ya que habilita arancelar, para todos los migrantes que no tengan una radicación permanente, la salud y la educación superior.
En ese sentido, pareciera haber para el gobierno extranjeros de primera, a los que les abre las puertas para que compren tierras sin límites, mientras que al “de a pie”, como usted dice, se le restringen derechos.
Mi percepción es que hay una entrega de nuestra soberanía, de nuestras tierras y recursos naturales. Basta con combinar la ecuación del Super Rigi con la inviolabilidad de la ley privada y otros tantos proyectos similares en curso. Pero vuelvo al DNU 366, que es muy gráfico de esta idea: mientras restringe el acceso a la salud y la educación superior, reglamentó un régimen de ciudadanía por inversión que permite acceder a la nacionalidad mediante una “inversión relevante” sin cumplir el requisito ordinario de residencia ni el trámite regular de naturalización. Una medida para vender directamente el país al capital concentrado. Recientemente, la justicia lo frenó porque era contradictorio con el núcleo de constitucionalidad de la Argentina y, además, por tratarse de una materia delegada al Congreso de la Nación: pues cuando se toca la ciudadanía, se afectan la comunidad política y los derechos políticos. El decreto, además, transfirió, sin más trámite, la facultad de otorgar esta ciudadanía por inversión al Ministerio de Economía. ¿Qué debido proceso puede garantizar el Ministerio de Economía?
Volviendo a la campaña de odio… Santiago Caputo, el principal asesor del presidente en estos temas, responsabilizó al “wokismo” por supuestamente estar detrás de los ataques al país y a la selección. Como si la izquierda también fuera capaz de ser emisora de estas campañas, no solo las derechas.
Para mí, lo interesante de esta “campaña antiargentina” es que muestra que la discriminación no necesita coherencia para expresarse. O sea, desde la izquierda internacional los ataques vinieron por el lado de que estamos alineados con Estados Unidos e Israel, confundiendo así “gobierno” y “país”, “Milei” y “argentinos”. La derecha nos acusó de insumisos por el triunfo sobre los ingleses, por Maradona, por la bandera de las Malvinas. Unos y otros, siguen pidiendo un castigo ejemplar para la Argentina y los argentinos. La pregunta es: ¿qué hizo el presidente de la Argentina para poner paños fríos y defender al país? Bueno, emitió este decreto mordaza para los migrantes… Como no hizo nada, apareció este último decreto. Es chovinismo. Y es curioso: si se lo aplicara a él mismo en países de Europa, por ejemplo, el propio Milei no podría ingresar o sería expulsado de esos mismos países.
Parte de la campaña tuvo que ver con el racismo argentino. ¿Cómo se posiciona frente a ese debate? Y en términos migratorios, ¿somos un país de brazos abiertos?
Para mí, el primer ejercicio consiste en distinguir entre un gobierno y un país. Luego, es evidente que existe una matriz neocolonial que sigue absolutamente vigente en Argentina, como en toda Latinoamérica. Eso explica en gran medida las jerarquías sociorraciales que siguen operando de manera muy clara en las formas de extranjerización - incluso de los propios nacionales - que no se ajustan al ideal blanco-europeo. Igual, creo que ese debate, tal como está planteado, es engañoso.
¿Por qué?
Argentina no es un país especialmente racista y xenófobo. No lo es, básicamente, porque durante dos décadas, casi de manera ininterrumpida, tuvo políticas muy activas de reparación, inclusión y garantismo universalista. Con la sanción de la ley 25.871 en 2004, la Argentina supo ostentar, junto con Uruguay, los niveles más altos de regularización y políticas inclusivas en materia de salud, educación y justicia. Lo interesante es que no se produjo un “efecto llamada”, la población migrante se mantuvo constante e incluso mostró una tendencia a la baja en el censo de 2022. Primero Macri y luego Milei, de manera muy radical, pusieron en jaque esta política de hospitalidad. En ese marco, parece injusto señalar a la Argentina como un caso saliente de racismo y xenofobia. Argentina hizo mucho, pero mucho, para generar condiciones de igualdad entre nacionales y extranjeros y achicar las brechas en materia de acceso a derechos. ¿Fue suficiente? No. ¿Marcó una diferencia? Creo que sí. Supimos sostener durante casi dos décadas leyes absolutamente pioneras y garantistas de migración y asilo, basadas en un paradigma de derechos humanos, hoy claramente horadadas y pervertidas por decretos del Ejecutivo. Es triste ver cómo hemos retrocedido en los últimos años mediante la invención de crisis, necesidades y urgencias.