Se empieza a recorrer en Italia el camino para juzgar al represor Carlos Malatto
Acusado por delitos de lesa humanidad en San Juan, está prófugo en Sicilia desde hace 15 años. Tras largas dilaciones, una corte de Roma inicia audiencias para llegar a un juicio.
Fecha/Hora: 10/08/2026 08:15
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Tras años de dilaciones, el proceso que se le sigue en Italia al represor Carlos Luis Malatto, acusado por ocho asesinatos cometidos en San Juan durante la última dictadura cívico militar comienza a ingresar en una etapa de definiciones que podrían desembocar en la realización de un juicio oral y público a este exefectivo del Ejército, que desde hace 15 años se encuentra prófugo en Europa. Allí evade una imputación por delitos de lesa humanidad formulada en los tribunales argentinos.
La jueza de Roma Marisa Mosetti convocó para el próximo 30 de septiembre a una audiencia en la que escucharán los fundamentos de la acusación contra Malatto por parte del fiscal Stefano Opilio.
Luego, el 4 de noviembre, será el turno de los abogados que representan a los familiares de las víctimas y las organizaciones políticas y sociales que querellan en esta causa.
“Luego, será el turno de las defensas y la jueza podría estar en condiciones de elevar la causa a una etapa de debate. Si todo sale bien, el juicio podría empezar el año que viene”, estimó en diálogo con Tiempo Argentino el abogado Jorge Ithurburu, que desde hace años reside en Italia e integra la Asociación 24 de Marzo, un colectivo que impulsa desde Europa causas por crímenes de lesa humanidad contra represores latinoamericanos.
Como oficial del Ejército, Malatto (que en la actualidad tiene 77 años) integró a la plana mayor del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), con asiento en San Juan y tenía bajo su órbita al Grupo Operativo el área 332, una fuerza de tareas que integraron otros represores como Jorge Olivera y Gustavo Ramón De Marchi, condenados por delitos de lesa humanidad.
Este grupo operaba los centros clandestinos de detención ilegal de La Marquesita y del Penal de Chimbas, donde se cometieron asesinatos, torturas y desapariciones forzadas.En 2010, Malatto fue procesado por delitos de lesa humanidad en el marco de una mega causa que se instruía en los tribunales federales de San Juan.
El represor recibió el beneficio del arresto domiciliario, pero cuando la investigación comenzó a progresar, y su detención era inminente, el militar decidió tramitar la ciudadanía italiana, que le fue concedida en función de sus antepasados peninsulares. Poco después, cruzó la frontera en auto hacia Chile y desde Santiago voló a la tierra de sus ancestros para instalarse en Portorosa, un exclusivo complejo turístico ubicado en cercanías de Messina, en la isla de Sicilia. En ese idílico terruño bañado por las aguas del Mar Mediterráneo, Malatto quedó en situación de prófugo de la Justicia argentina.
El Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a Olivera y De Marchi, y otros represores por delitos de lesa humanidad en 2013 y sentó las bases para iniciar una solicitud de extradición contra Malatto.
Un largo proceso en los tribunales italianos
Con estos antecedentes legales, la Asociación 24 de Marzo, que impulsó juicios en Europa por víctimas del Plan Cóndor, promovió un juicio en Roma para extraditar a Malatto a Argentina.
Entre los delitos que se le imputaban, el represor era acusado por torturas, una figura que tenía una tipificación distinta en Argentina e Italia. Por ese tecnicismo, los tribunales romanos rechazaron el pedido de extradición.
Por tratarse de un ciudadano italiano, la entidad defensora de los derechos humanos inició contra Malatto un juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en Argentina en perjuicio de ocho víctimas: Juan Carlos Cámpora, Jorge Alberto Bonil, Alberto Carvajal, Marie Anne Erize (de nacionalidad francesa), Daniel Russo, Florentino Arias, Juan Hilario Martínez y Marta Elida Saroff.
La causa lleva años en los tribunales de Italia, donde Malatto dispone de las garantías que les negó a sus víctimas, torturadas, asesinadas y desaparecidas.
El letrado que representa al represor en Roma es Augusto Sinagra, una figura relacionada con la ultraderecha peninsular que supo representar a Licio Gelli, maestro de la logia Propaganda Due (P-2), a la cual adherían los genocidas Eduardo Massera y Carlos Suárez Mason.
“Cada vez que puede, Sinagra cita a la vicepresidenta Victoria Villarruel como una de las fuentes argumentales de su defensa”, indicó Ithurburu.
El año pasado, el fiscal federal Dante Vega, presentó ante el TOF de San Juan un pedido para llevar a cabo un juicio en ausencia a Malatto, fundamentado en la ley 27.784. Un recurso que aún está pendiente de resolución.
“Pasaron 15 años y hay una posibilidad de que empiece el juicio para que Malatto pague de una buena vez”, sostuvo a este medio Víctor Carbajal, militante comunista y sanjuanino que querella en el juicio que se sigue en Italia por el asesinato de hermano Alberto, ocurrido en 1977 en el penal de Chimbas.
“Voy a seguir luchando y esperando que haya justicia. Esta es una lucha que no voy a abandonar, aunque sabemos que estamos librando una carrera contra el tiempo”, remarcó Eva Lerouc, hija de Marta Saroff, detenida desaparecida por el grupo de tareas que integraba Malatto.
La jueza de Roma Marisa Mosetti convocó para el próximo 30 de septiembre a una audiencia en la que escucharán los fundamentos de la acusación contra Malatto por parte del fiscal Stefano Opilio.
Luego, el 4 de noviembre, será el turno de los abogados que representan a los familiares de las víctimas y las organizaciones políticas y sociales que querellan en esta causa.
“Luego, será el turno de las defensas y la jueza podría estar en condiciones de elevar la causa a una etapa de debate. Si todo sale bien, el juicio podría empezar el año que viene”, estimó en diálogo con Tiempo Argentino el abogado Jorge Ithurburu, que desde hace años reside en Italia e integra la Asociación 24 de Marzo, un colectivo que impulsa desde Europa causas por crímenes de lesa humanidad contra represores latinoamericanos.
Como oficial del Ejército, Malatto (que en la actualidad tiene 77 años) integró a la plana mayor del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), con asiento en San Juan y tenía bajo su órbita al Grupo Operativo el área 332, una fuerza de tareas que integraron otros represores como Jorge Olivera y Gustavo Ramón De Marchi, condenados por delitos de lesa humanidad.
Este grupo operaba los centros clandestinos de detención ilegal de La Marquesita y del Penal de Chimbas, donde se cometieron asesinatos, torturas y desapariciones forzadas.En 2010, Malatto fue procesado por delitos de lesa humanidad en el marco de una mega causa que se instruía en los tribunales federales de San Juan.
El represor recibió el beneficio del arresto domiciliario, pero cuando la investigación comenzó a progresar, y su detención era inminente, el militar decidió tramitar la ciudadanía italiana, que le fue concedida en función de sus antepasados peninsulares. Poco después, cruzó la frontera en auto hacia Chile y desde Santiago voló a la tierra de sus ancestros para instalarse en Portorosa, un exclusivo complejo turístico ubicado en cercanías de Messina, en la isla de Sicilia. En ese idílico terruño bañado por las aguas del Mar Mediterráneo, Malatto quedó en situación de prófugo de la Justicia argentina.
El Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a Olivera y De Marchi, y otros represores por delitos de lesa humanidad en 2013 y sentó las bases para iniciar una solicitud de extradición contra Malatto.
Un largo proceso en los tribunales italianos
Con estos antecedentes legales, la Asociación 24 de Marzo, que impulsó juicios en Europa por víctimas del Plan Cóndor, promovió un juicio en Roma para extraditar a Malatto a Argentina.
Entre los delitos que se le imputaban, el represor era acusado por torturas, una figura que tenía una tipificación distinta en Argentina e Italia. Por ese tecnicismo, los tribunales romanos rechazaron el pedido de extradición.
Por tratarse de un ciudadano italiano, la entidad defensora de los derechos humanos inició contra Malatto un juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en Argentina en perjuicio de ocho víctimas: Juan Carlos Cámpora, Jorge Alberto Bonil, Alberto Carvajal, Marie Anne Erize (de nacionalidad francesa), Daniel Russo, Florentino Arias, Juan Hilario Martínez y Marta Elida Saroff.
La causa lleva años en los tribunales de Italia, donde Malatto dispone de las garantías que les negó a sus víctimas, torturadas, asesinadas y desaparecidas.
El letrado que representa al represor en Roma es Augusto Sinagra, una figura relacionada con la ultraderecha peninsular que supo representar a Licio Gelli, maestro de la logia Propaganda Due (P-2), a la cual adherían los genocidas Eduardo Massera y Carlos Suárez Mason.
“Cada vez que puede, Sinagra cita a la vicepresidenta Victoria Villarruel como una de las fuentes argumentales de su defensa”, indicó Ithurburu.
El año pasado, el fiscal federal Dante Vega, presentó ante el TOF de San Juan un pedido para llevar a cabo un juicio en ausencia a Malatto, fundamentado en la ley 27.784. Un recurso que aún está pendiente de resolución.
“Pasaron 15 años y hay una posibilidad de que empiece el juicio para que Malatto pague de una buena vez”, sostuvo a este medio Víctor Carbajal, militante comunista y sanjuanino que querella en el juicio que se sigue en Italia por el asesinato de hermano Alberto, ocurrido en 1977 en el penal de Chimbas.
“Voy a seguir luchando y esperando que haya justicia. Esta es una lucha que no voy a abandonar, aunque sabemos que estamos librando una carrera contra el tiempo”, remarcó Eva Lerouc, hija de Marta Saroff, detenida desaparecida por el grupo de tareas que integraba Malatto.