ATE rechazó un proyecto que habilita la concesión de servicios públicos esenciales
El gremio manifestó su firme rechazo al dictamen de comisión que modifica la Ley de Concesiones provincial. Desde el gremio advierten que la reforma abre la puerta a la privatización de servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad, afectando funciones clave reservadas al Estado.
Fecha/Hora: 13/08/2026 09:34
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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos expresó su repudio al dictamen emitido por los diputados del bloque oficialista (Juntos por Entre Ríos) para modificar la recientemente sancionada Ley de Concesiones. Según advirtió el gremio, la iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo busca habilitar la transferencia a manos privadas o extranjeras de áreas clave como la salud, la educación, la seguridad pública y la administración de justicia.
La modificación propuesta contempla la posibilidad de otorgar concesiones a terceros —sean públicos o privados, nacionales o extranjeros— para la gestión de la enseñanza en todos sus niveles, servicios sanitarios esenciales, protección civil y el sistema penitenciario, entre otras atribuciones.
El comunicado del gremio
Frente al avance del dictamen en la comisión de la Cámara de Diputados provincial, desde ATE emitieron un comunicado de prensa donde expresaron su posición institucional:
"Los diputados de Juntos por Entre Ríos rubricaron el despacho de comisión que reforma la recientemente sancionada Ley de Concesiones. La modificación habilita a transferir a manos de terceros públicos o privados, nacionales o extranjeros, actividades y funciones irrenunciables del Estado.
Bajo la excusa de buscar ‘herramientas’ para el Poder Ejecutivo, pretenden entregar a la lógica del lucro mercantilista funciones que la propia Constitución reserva al Estado.
La iniciativa propone concesionar la educación pública en todos sus niveles, salud pública y servicios sanitarios esenciales, seguridad pública y protección civil, servicios vinculados a la administración de justicia y el sistema penitenciario.
El Gremio repudia las expresiones y la actitud de las y los legisladores oficialistas que pretenden naturalizar la entrega del patrimonio público, admitiendo sin tapujos que este proyecto responde a un pedido directo del Poder Ejecutivo y que abren el camino para que capitales privados —incluso extranjeros— pasen a gestionar servicios que deben ser públicos.
La experiencia histórica en nuestro país y en la provincia demuestra que las privatizaciones y concesiones de servicios públicos solo trajeron desempleo, vaciamiento, deterioro del servicio y pérdidas millonarias para el erario público.
ATE llama a la reflexión a la totalidad de las y los legisladores para que detengan este atropello inconstitucional antes de su tratamiento definitivo. Salud, Educación, Seguridad y Justicia no son mercancías, son derechos humanos que el Estado debe garantizar."
Ante la proximidad del tratamiento del proyecto en el recinto legislativo, las organizaciones sindicales continúan evaluando las acciones a seguir para frenar el avance de la reforma.
La modificación propuesta contempla la posibilidad de otorgar concesiones a terceros —sean públicos o privados, nacionales o extranjeros— para la gestión de la enseñanza en todos sus niveles, servicios sanitarios esenciales, protección civil y el sistema penitenciario, entre otras atribuciones.
El comunicado del gremio
Frente al avance del dictamen en la comisión de la Cámara de Diputados provincial, desde ATE emitieron un comunicado de prensa donde expresaron su posición institucional:
"Los diputados de Juntos por Entre Ríos rubricaron el despacho de comisión que reforma la recientemente sancionada Ley de Concesiones. La modificación habilita a transferir a manos de terceros públicos o privados, nacionales o extranjeros, actividades y funciones irrenunciables del Estado.
Bajo la excusa de buscar ‘herramientas’ para el Poder Ejecutivo, pretenden entregar a la lógica del lucro mercantilista funciones que la propia Constitución reserva al Estado.
La iniciativa propone concesionar la educación pública en todos sus niveles, salud pública y servicios sanitarios esenciales, seguridad pública y protección civil, servicios vinculados a la administración de justicia y el sistema penitenciario.
El Gremio repudia las expresiones y la actitud de las y los legisladores oficialistas que pretenden naturalizar la entrega del patrimonio público, admitiendo sin tapujos que este proyecto responde a un pedido directo del Poder Ejecutivo y que abren el camino para que capitales privados —incluso extranjeros— pasen a gestionar servicios que deben ser públicos.
La experiencia histórica en nuestro país y en la provincia demuestra que las privatizaciones y concesiones de servicios públicos solo trajeron desempleo, vaciamiento, deterioro del servicio y pérdidas millonarias para el erario público.
ATE llama a la reflexión a la totalidad de las y los legisladores para que detengan este atropello inconstitucional antes de su tratamiento definitivo. Salud, Educación, Seguridad y Justicia no son mercancías, son derechos humanos que el Estado debe garantizar."
Ante la proximidad del tratamiento del proyecto en el recinto legislativo, las organizaciones sindicales continúan evaluando las acciones a seguir para frenar el avance de la reforma.