Empezó el paro universitario de 48 horas que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, a 300 días de su sanción
"¿Por qué Milei le teme tanto a la universidad pública?", se preguntó la CONADU. El sector denuncia una deuda salarial del 34% y que las becas estudiantiles están congeladas en $35.000
Fecha/Hora: 27/08/2026 13:22
Cód. 111925
Tiempo de lectura: 2.02 minutos.
La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó a un paro nacional para este jueves y viernes, en reclamo de la Ley de Financiamiento, que garantiza el sostenimiento presupuestario de las universidades públicas nacionales y recomponer los salarios del personal docente y no docente.
La ley se sancionó en 2025, pero Milei vetó la norma por completo. Ambas Cámaras del Congreso alcanzaron la mayoría calificada de dos tercios para insistir con el texto original, dejó sin efecto el veto presidencial y la ley ratificada, pero el Gobierno suspendió la ejecución práctica mediante decretos y omisiones presupuestarias. El Ejecutivo argumentó que la aplicación de la ley pone en riesgo la pauta del "déficit cero".
El recorrido del reclamo universitario abarca varios paros nacionales. En esta ocasión, CONADU recordó que el Gobierno lleva "300 días fuera de la ley". "Desde hace casi tres años el Gobierno nacional desfinancia las universidades y destruye nuestro salario", dijo la entidad en sus redes sociales, al tiempo que preguntó: "¿Por qué Milei le teme tanto a la universidad pública?". "Nos dice terroristas, pero el único que atenta con la ley es el Gobierno nacional", agregó, en referencia a cuando Milei dijo que "son terroristas disfrazados de profesores".
El decreto que congeló la norma y la reacción judicial
Luego de que el Congreso ratificara la ley, el Gobierno promulgó la norma, pero la acompañó con un decreto reglamentario que, en la práctica, suspendió su aplicación.
El Decreto 759/2025, publicado el 21 de octubre de 2025, dispuso que la ejecución de la ley quedaría congelada hasta tanto el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas presupuestarias correspondientes.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales presentaron una acción de amparo para pedir la inconstitucionalidad del decreto y exigir el cumplimiento de la ley.
El 23 de diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 dictó una medida cautelar innovativa y ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la ley, al declarar inaplicable el decreto del Ejecutivo en ese punto.
El Estado apeló, pero el 31 de marzo de 2026 la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala III, confirmó el fallo y sostuvo que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución cerró el proceso de sanción y que el Ejecutivo no puede bloquear la aplicación de la norma.
La ley se sancionó en 2025, pero Milei vetó la norma por completo. Ambas Cámaras del Congreso alcanzaron la mayoría calificada de dos tercios para insistir con el texto original, dejó sin efecto el veto presidencial y la ley ratificada, pero el Gobierno suspendió la ejecución práctica mediante decretos y omisiones presupuestarias. El Ejecutivo argumentó que la aplicación de la ley pone en riesgo la pauta del "déficit cero".
El recorrido del reclamo universitario abarca varios paros nacionales. En esta ocasión, CONADU recordó que el Gobierno lleva "300 días fuera de la ley". "Desde hace casi tres años el Gobierno nacional desfinancia las universidades y destruye nuestro salario", dijo la entidad en sus redes sociales, al tiempo que preguntó: "¿Por qué Milei le teme tanto a la universidad pública?". "Nos dice terroristas, pero el único que atenta con la ley es el Gobierno nacional", agregó, en referencia a cuando Milei dijo que "son terroristas disfrazados de profesores".
El decreto que congeló la norma y la reacción judicial
Luego de que el Congreso ratificara la ley, el Gobierno promulgó la norma, pero la acompañó con un decreto reglamentario que, en la práctica, suspendió su aplicación.
El Decreto 759/2025, publicado el 21 de octubre de 2025, dispuso que la ejecución de la ley quedaría congelada hasta tanto el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas presupuestarias correspondientes.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales presentaron una acción de amparo para pedir la inconstitucionalidad del decreto y exigir el cumplimiento de la ley.
El 23 de diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 dictó una medida cautelar innovativa y ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la ley, al declarar inaplicable el decreto del Ejecutivo en ese punto.
El Estado apeló, pero el 31 de marzo de 2026 la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala III, confirmó el fallo y sostuvo que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución cerró el proceso de sanción y que el Ejecutivo no puede bloquear la aplicación de la norma.