Golpe institucional en Bolivia con ayuda de la DEA
El gobierno de Rodrigo Paz detuvo, sin causa judicial, al fiscal general que impulsó las investigaciones contra Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei. Agradecieron a la DEA y Marco Rubio dijo que “Estados Unidos apoya estas medidas audaces”.
Fecha/Hora: 02/10/2026 09:55
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El gobierno liberal boliviano de Rodrigo Paz concretó un verdadero golpe institucional. En la noche del miércoles, policías encapuchados detuvieron al fiscal general Roger Mariaca, a otros cuatro fiscales, policías y busca para apresar a un exministro, todo en base a supuestas acusaciones formuladas por la DEA norteamericana. Las aprehensiones (el término técnico que se usa en Bolivia) fueron hechas sin orden judicial alguna y el gobierno dice que designará otro fiscal general, algo inconstitucional, ya que esa tarea le corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Congreso de Bolivia. “Los hechos ratifican que en nuestro país gobierna Estados Unidos. Está claro que buscan salvar al exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, y también al presidente Paz y su familia”, denunció Evo Morales. Es que Mariaca fue clave a la hora de impulsar el encarcelamiento de Cerimedo por tentativa de femicidio, pero también por los casos de corrupción con combustibles, oro y drogas, en los que igualmente aparecen vínculos con la familia del mandatario boliviano. Para que no quedaran dudas, desde Washington, el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, salió a respaldar las decisiones de Rodrigo Paz y este mismo jueves le quitó la visa a otros 20 funcionarios bolivianos. En Washington afirman que son acciones del Escudo de las Américas, la alianza de Trump con los gobiernos de derecha del continente. Entre ellos, por supuesto, el de Javier Milei.
Una noche infernal
En la noche del miércoles, policías del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), un cuerpo de inteligencia de la policía, irrumpieron en el Ministerio Público Fiscal, emprendiéndola contra todo el personal que estaba trabajando. Mariaca y otros tres fiscales de alto rango fueron detenidos esa misma noche. No hubo una causa judicial ni un juez actuando ni pruebas que sustenten los apresamientos. En total, las personas detenidas fueron 14 y se busca al exjefe de Gabinete, ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Hace tres días, el Departamento de Estado de Estados Unidos notificó que se le sacaba la visa a Mariaca y a otros funcionarios bolivianos. Como ya adelantó Página/12, Washington acusó a Mariaca por “solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a personas involucradas en delitos violentos a evadir la justicia”. Supuestamente, las autoridades norteamericanas tienen una grabación del narco uruguayo Sebastián Marset diciendo que le pagaba coimas a Mariaca y a otros funcionarios para vivir en Bolivia sin que lo molesten.
Ese testimonio requiere de otras pruebas, en especial porque se trata de un acusado que trata de mejorar su situación. Hasta el momento, las autoridades norteamericanas no enviaron ninguna prueba ni elemento para sustentar la imputación. De hecho, no existe un expediente en Bolivia con semejantes acusaciones y lo que corresponde, en cualquier país, es que se formalice una causa, actúe un fiscal y un juez, que evalúen las evidencias. En este caso ocurre lo contrario: virtualmente secuestraron al fiscal y sólo actuó la policía.
El gobierno de Rodrigo Paz salió a la cancha diciendo que frenaron una ambulancia que salía del condominio donde vive Mariaca. En ese vehículo habrían encontrado unos 280.000 dólares. El problema es que, nuevamente, no actuó ningún fiscal ni juez: fue un operativo policial que nadie sabe si es cierto.
La marca del golpe institucional es nítida. El ministro de Gobierno de Paz, Marco Oviedo, le agradeció a la DEA porque estuvo detrás de las operativas y de inmediato se agregó la declaración de Marco Rubio: “La administración Trump se mantiene firmemente junto al presidente Rodrigo Paz mientras toma acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional de Bolivia”.
Rubio planteó, además, que las acciones se realizan en el marco del Escudo de las Américas: queda claro que es uno de los instrumentos para intervenir en los países, alegando que se lucha contra el narcoterrorismo.
¿Salvando a Cerimedo?
Tanto Nadia Beller -víctima de la tentativa de femicidio- como Evo Morales sostienen que el fondo de la maniobra puesta en marcha por los gobiernos boliviano y norteamericano es defender y hasta salvar a Fernando Cerimedo. Durante el fin de semana, el Washington Post publicó una nota sosteniendo que el consultor es el hombre de MAGA (Make America Great Again) en América Latina. El extenso artículo precisa que el exasesor de Javier Milei tiene una fluida relación con Brad Parscale, quien dirigió la campaña digital de Trump en 2016, y con otros funcionarios cercanos al presidente norteamericano. En febrero de 2026, Cerimedo recibió en la residencia de Trump, Mar-a-Lago, un premio como mejor consultor hispano, lo que prueba la estrecha relación. La nota del diario norteamericano no era para nada favorable a Cerimedo: el Post consultó a varias instituciones educativas del país del norte y concluyó que es falso casi todo el currículum que divulga Cerimedo: ni estudió en Harvard ni en el MIT ni en la Universidad de Phoenix ni trabajó en la administración Obama. Todo mentira. Y el matutino también mencionó que en Mar del Plata fue condenado a más de dos años de prisión en suspenso por la estafa a la familia del periodista Rodrigo Lussich.
Cerimedo enfrenta cuatro acusaciones en Bolivia. La primera, por la tentativa de femicidio de Nadia Beller. La segunda, por enriquecimiento ilícito. La tercera, por violencia de género: le pegó a Beller en junio y la abogada presentó como pruebas las fotos con las lesiones, además de chats en los que el consultor le rogaba perdón y le pedía que no hiciera nada público. La cuarta acusación es por coimas a vuelos de narcotraficantes en el departamento de Beni, lindero con Brasil. El vicepresidente Edmand Lara dio a conocer audios en los que se escucha a Cerimedo mencionando sobornos de 15.000 dólares por “carro”, que es como le dicen en el argot narco a los aviones que mueven droga.
El nuevo abogado de Cerimedo, el argentino Yamil Castro Bianchi, sostuvo hace una semana que el consultor recuperaría la libertad en noviembre y que “los que lo traicionaron tendrán que comprarse pañales”. Tal vez fue sólo una corazonada, pero justito encajó con la movida norteamericana.
Armando una nueva justicia
El Ministerio Público no sólo rechazó la operación contra Mariaca, negó que existiera cualquier vínculo con Marset, sino que el fiscal de mayor antigüedad, Luis Montaño, asumió el cargo de manera interina. El reemplazo está previsto así en la ley del Ministerio Público.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, o sea, el gobierno de Rodrigo Paz, adelantó que emitirá un decreto y será el ejecutivo el que digite el nombre del nuevo fiscal general. Es decir, que detuvo a Mariaca sin proceso judicial, y pretende reemplazarlo de manera inconstitucional. La facultad de designar a un fiscal general la tiene el Congreso, la Asamblea Plurinacional y, desde España, donde está de visita, el vicepresidente Edmand Lara, le advirtió al presidente Paz que “no puede designar discrecionalmente a miembros del Poder Judicial”.
Nada parece importar. El ministro Oviedo fue aún más lejos: no descartó que se extradite a Mariaca y algunos otros detenidos a Estados Unidos, lo que sería una especie de secuestro. Son más y más evidencias de que el auspiciante del golpe institucional es el gobierno de Donald Trump. Interviene en las elecciones de casi todos los países de América; marca funcionarios, quitándoles la visa, alardeó este jueves que se quedará con las reservas petroleras de Venezuela y trata de sacar, como sea, a su peón de ultraderecha, Cerimedo, del penal de Chonchocoro.
Una noche infernal
En la noche del miércoles, policías del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), un cuerpo de inteligencia de la policía, irrumpieron en el Ministerio Público Fiscal, emprendiéndola contra todo el personal que estaba trabajando. Mariaca y otros tres fiscales de alto rango fueron detenidos esa misma noche. No hubo una causa judicial ni un juez actuando ni pruebas que sustenten los apresamientos. En total, las personas detenidas fueron 14 y se busca al exjefe de Gabinete, ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Hace tres días, el Departamento de Estado de Estados Unidos notificó que se le sacaba la visa a Mariaca y a otros funcionarios bolivianos. Como ya adelantó Página/12, Washington acusó a Mariaca por “solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a personas involucradas en delitos violentos a evadir la justicia”. Supuestamente, las autoridades norteamericanas tienen una grabación del narco uruguayo Sebastián Marset diciendo que le pagaba coimas a Mariaca y a otros funcionarios para vivir en Bolivia sin que lo molesten.
Ese testimonio requiere de otras pruebas, en especial porque se trata de un acusado que trata de mejorar su situación. Hasta el momento, las autoridades norteamericanas no enviaron ninguna prueba ni elemento para sustentar la imputación. De hecho, no existe un expediente en Bolivia con semejantes acusaciones y lo que corresponde, en cualquier país, es que se formalice una causa, actúe un fiscal y un juez, que evalúen las evidencias. En este caso ocurre lo contrario: virtualmente secuestraron al fiscal y sólo actuó la policía.
El gobierno de Rodrigo Paz salió a la cancha diciendo que frenaron una ambulancia que salía del condominio donde vive Mariaca. En ese vehículo habrían encontrado unos 280.000 dólares. El problema es que, nuevamente, no actuó ningún fiscal ni juez: fue un operativo policial que nadie sabe si es cierto.
La marca del golpe institucional es nítida. El ministro de Gobierno de Paz, Marco Oviedo, le agradeció a la DEA porque estuvo detrás de las operativas y de inmediato se agregó la declaración de Marco Rubio: “La administración Trump se mantiene firmemente junto al presidente Rodrigo Paz mientras toma acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional de Bolivia”.
Rubio planteó, además, que las acciones se realizan en el marco del Escudo de las Américas: queda claro que es uno de los instrumentos para intervenir en los países, alegando que se lucha contra el narcoterrorismo.
¿Salvando a Cerimedo?
Tanto Nadia Beller -víctima de la tentativa de femicidio- como Evo Morales sostienen que el fondo de la maniobra puesta en marcha por los gobiernos boliviano y norteamericano es defender y hasta salvar a Fernando Cerimedo. Durante el fin de semana, el Washington Post publicó una nota sosteniendo que el consultor es el hombre de MAGA (Make America Great Again) en América Latina. El extenso artículo precisa que el exasesor de Javier Milei tiene una fluida relación con Brad Parscale, quien dirigió la campaña digital de Trump en 2016, y con otros funcionarios cercanos al presidente norteamericano. En febrero de 2026, Cerimedo recibió en la residencia de Trump, Mar-a-Lago, un premio como mejor consultor hispano, lo que prueba la estrecha relación. La nota del diario norteamericano no era para nada favorable a Cerimedo: el Post consultó a varias instituciones educativas del país del norte y concluyó que es falso casi todo el currículum que divulga Cerimedo: ni estudió en Harvard ni en el MIT ni en la Universidad de Phoenix ni trabajó en la administración Obama. Todo mentira. Y el matutino también mencionó que en Mar del Plata fue condenado a más de dos años de prisión en suspenso por la estafa a la familia del periodista Rodrigo Lussich.
Cerimedo enfrenta cuatro acusaciones en Bolivia. La primera, por la tentativa de femicidio de Nadia Beller. La segunda, por enriquecimiento ilícito. La tercera, por violencia de género: le pegó a Beller en junio y la abogada presentó como pruebas las fotos con las lesiones, además de chats en los que el consultor le rogaba perdón y le pedía que no hiciera nada público. La cuarta acusación es por coimas a vuelos de narcotraficantes en el departamento de Beni, lindero con Brasil. El vicepresidente Edmand Lara dio a conocer audios en los que se escucha a Cerimedo mencionando sobornos de 15.000 dólares por “carro”, que es como le dicen en el argot narco a los aviones que mueven droga.
El nuevo abogado de Cerimedo, el argentino Yamil Castro Bianchi, sostuvo hace una semana que el consultor recuperaría la libertad en noviembre y que “los que lo traicionaron tendrán que comprarse pañales”. Tal vez fue sólo una corazonada, pero justito encajó con la movida norteamericana.
Armando una nueva justicia
El Ministerio Público no sólo rechazó la operación contra Mariaca, negó que existiera cualquier vínculo con Marset, sino que el fiscal de mayor antigüedad, Luis Montaño, asumió el cargo de manera interina. El reemplazo está previsto así en la ley del Ministerio Público.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, o sea, el gobierno de Rodrigo Paz, adelantó que emitirá un decreto y será el ejecutivo el que digite el nombre del nuevo fiscal general. Es decir, que detuvo a Mariaca sin proceso judicial, y pretende reemplazarlo de manera inconstitucional. La facultad de designar a un fiscal general la tiene el Congreso, la Asamblea Plurinacional y, desde España, donde está de visita, el vicepresidente Edmand Lara, le advirtió al presidente Paz que “no puede designar discrecionalmente a miembros del Poder Judicial”.
Nada parece importar. El ministro Oviedo fue aún más lejos: no descartó que se extradite a Mariaca y algunos otros detenidos a Estados Unidos, lo que sería una especie de secuestro. Son más y más evidencias de que el auspiciante del golpe institucional es el gobierno de Donald Trump. Interviene en las elecciones de casi todos los países de América; marca funcionarios, quitándoles la visa, alardeó este jueves que se quedará con las reservas petroleras de Venezuela y trata de sacar, como sea, a su peón de ultraderecha, Cerimedo, del penal de Chonchocoro.