Impulsan ley para prohibir cortes de luz, gas y agua a sectores vulnerables y clubes de barrio

La diputada nacional de Unión por la Patria Florencia Carignano, junto a su compañera de bancada Alejandrina Borgatta, presentó un proyecto de ley para crear un régimen de protección del suministro de energía eléctrica, gas natural y agua potable destinado a usuarios en situación de vulnerabilidad social y a clubes de barrio que atraviesen problemas económicos.

La iniciativa, girada a las comisiones de Energía y Combustibles, Defensa del Consumidor, Deportes y Presupuesto y Hacienda, busca impedir que las empresas prestatarias suspendan esos servicios esenciales por falta de pago hasta el 31 de diciembre de 2027.

Según el texto, podrán acceder al beneficio hogares con ingresos inferiores o equivalentes a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo, beneficiarios de prestaciones sociales, jubilados y pensionados con ingresos limitados, personas con discapacidad y familias radicadas en barrios populares inscriptos en el Renabap. También alcanzará a clubes de barrio y entidades deportivas sin fines de lucro que acrediten dificultades económicas, precisó el portal de noticias legislativas parlamentario.com.

La propuesta establece que la protección no implicará la condonación de las deudas acumuladas. En cambio, contempla la obligación de garantizar la continuidad del suministro y la posibilidad de que los beneficiarios adhieran a planes de pago acordes a su capacidad económica.

Entre las medidas previstas figura la creación de planes de regularización de hasta 36 cuotas mensuales, con posibilidad de ampliar los plazos cuando la situación económica del usuario así lo requiera. Además, se suspenderían intereses punitorios, multas y otros cargos derivados exclusivamente de la mora.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la incorporación al régimen sería automática. La autoridad de aplicación debería realizar cruces de bases de datos con organismos públicos para identificar de oficio a los potenciales beneficiarios, sin necesidad de que éstos realicen trámites previos.

Asimismo, se dispone que, en caso de que el suministro ya hubiera sido cortado, las empresas estarán obligadas a restablecerlo dentro de las 48 horas una vez acreditados los requisitos para acceder al beneficio y sin cobrar costos de reconexión.

La iniciativa también prevé la suspensión de ejecuciones judiciales y acciones de cobro mientras los usuarios o instituciones mantengan vigentes los planes de regularización y cumplan con las cuotas pactadas.

En los fundamentos, las autoras sostienen que los servicios públicos esenciales constituyen "verdaderos bienes primarios y derechos humanos fundamentales" y argumentan que la privación del acceso al agua potable, la electricidad o el gas compromete derechos básicos vinculados a la salud, la alimentación y la vivienda digna.

Las legisladoras también ponen el foco en la situación de los jubilados y pensionados, al señalar que el peso de las tarifas sobre ingresos deteriorados por la inflación puede tornar imposible afrontar simultáneamente gastos de alimentación, medicamentos y servicios.

Respecto de los clubes de barrio, destacan que cumplen una función social clave como espacios de integración, contención y desarrollo comunitario, además de albergar frecuentemente actividades educativas, deportivas y asistenciales.

El proyecto contempla además un régimen de sanciones para las empresas que incumplan la normativa, incluyendo multas, indemnizaciones a favor de los usuarios afectados y penalidades agravadas cuando los cortes indebidos alcancen a personas con Certificado Único de Discapacidad.

De obtener dictamen favorable en las comisiones, la iniciativa deberá luego ser debatida por la Cámara de Diputados. (APFDigital)