La Asamblea Feminista reclamó que se aplique la perspectiva de género en el nuevo juicio contra Pavón
Este jueves comenzará en Gualeguay un nuevo debate contra Pavón, acusado de ser coautor del femicidio de Micaela García. La organización cuestionó el recorrido judicial del caso y exigió que se aplique la perspectiva de género. “Exigimos que en este juicio la Ley Micaela se aplique a rajatablas”, reclamó. Y remarcó: “Esa es una deuda institucional que la provincia todavía no saldó”.
Fecha/Hora: 27/10/2026 09:00
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La Asamblea Feminista de Mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries reclamó justicia por el femicidio de Micaela García ante el inicio de un nuevo juicio contra Néstor Roberto Pavón, acusado de ser coautor del crimen. El debate comenzará este jueves 29 de octubre en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, después de más de nueve años de reclamos, recursos y esperas por parte de la familia.
Micaela tenía 21 años y militaba en el Movimiento Evita. El 1 de abril de 2017 fue interceptada, abusada sexualmente y asesinada en Gualeguay. Sebastián Wagner cumple prisión perpetua por el crimen. Al momento del ataque, debía estar preso, pero en 2016 el juez de Ejecución Carlos Rossi le había otorgado la libertad condicional, pese a los informes que la desaconsejaban.
La Asamblea impulsó el jury contra Rossi, pero cuestionó que el proceso terminara con su absolución en 2018, luego de que la Procuración no formulara acusación. El magistrado regresó entonces a su juzgado.
En el primer juicio, Pavón fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento. El tribunal desestimó la postura de la Fiscalía y la querella, que sostenían que había participado del abuso y el homicidio. En 2019, la Cámara de Casación de Paraná anuló la sentencia y ordenó un nuevo debate. Sin embargo, en 2020 el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó esa decisión.
La intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación permitió reabrir el camino hacia un nuevo juicio. En diciembre de 2024, el máximo tribunal del país revocó el fallo entrerriano por sus falencias en el abordaje de la violencia de género y ordenó juzgar nuevamente a Pavón.
“Lo decimos sin vueltas. La justicia entrerriana protegió al juez que liberó a Wagner y después resolvió el caso de Micaela sin la perspectiva de género que exige la ley que lleva su nombre. Hizo falta la Corte Suprema para corregirlo. Esa es una deuda institucional que la provincia todavía no saldó”, sostuvo la Asamblea Feminista.
“Micaela se convirtió en bandera de la lucha por una vida sin violencias. Su nombre está en la Ley 27.499, que obliga a capacitarse en género y en violencia por motivos de género a todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Esa ley existe porque las instituciones que tenían que proteger a Micaela no lo hicieron. No queremos que sea una ley de papel”, expresó.
En ese marco, exigió que durante el nuevo debate se cumpla la Ley Micaela y se juzgue con perspectiva de género. Esto “significa valorar la prueba sin estereotipos, no revictimizar a Micaela ni a su familia y analizar la responsabilidad de cada acusado en el contexto de violencia sexual en que ocurrió el femicidio. Así lo ordenan la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que obligan al Estado argentino a actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Ese estándar no es opcional para ningún tribunal”, subrayó.
Por último, la organización destacó que la familia de Micaela sostuvo el reclamo durante casi una década, frente a las demoras y los reveses judiciales, y ratificó su acompañamiento a la familia y al equipo de querella. “Justicia es que no vuelva a pasar”, concluyó la Asamblea Feminista, con la consigna: “¡Micaela García presente!”.
Micaela tenía 21 años y militaba en el Movimiento Evita. El 1 de abril de 2017 fue interceptada, abusada sexualmente y asesinada en Gualeguay. Sebastián Wagner cumple prisión perpetua por el crimen. Al momento del ataque, debía estar preso, pero en 2016 el juez de Ejecución Carlos Rossi le había otorgado la libertad condicional, pese a los informes que la desaconsejaban.
La Asamblea impulsó el jury contra Rossi, pero cuestionó que el proceso terminara con su absolución en 2018, luego de que la Procuración no formulara acusación. El magistrado regresó entonces a su juzgado.
En el primer juicio, Pavón fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento. El tribunal desestimó la postura de la Fiscalía y la querella, que sostenían que había participado del abuso y el homicidio. En 2019, la Cámara de Casación de Paraná anuló la sentencia y ordenó un nuevo debate. Sin embargo, en 2020 el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó esa decisión.
La intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación permitió reabrir el camino hacia un nuevo juicio. En diciembre de 2024, el máximo tribunal del país revocó el fallo entrerriano por sus falencias en el abordaje de la violencia de género y ordenó juzgar nuevamente a Pavón.
“Lo decimos sin vueltas. La justicia entrerriana protegió al juez que liberó a Wagner y después resolvió el caso de Micaela sin la perspectiva de género que exige la ley que lleva su nombre. Hizo falta la Corte Suprema para corregirlo. Esa es una deuda institucional que la provincia todavía no saldó”, sostuvo la Asamblea Feminista.
“Micaela se convirtió en bandera de la lucha por una vida sin violencias. Su nombre está en la Ley 27.499, que obliga a capacitarse en género y en violencia por motivos de género a todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Esa ley existe porque las instituciones que tenían que proteger a Micaela no lo hicieron. No queremos que sea una ley de papel”, expresó.
En ese marco, exigió que durante el nuevo debate se cumpla la Ley Micaela y se juzgue con perspectiva de género. Esto “significa valorar la prueba sin estereotipos, no revictimizar a Micaela ni a su familia y analizar la responsabilidad de cada acusado en el contexto de violencia sexual en que ocurrió el femicidio. Así lo ordenan la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que obligan al Estado argentino a actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Ese estándar no es opcional para ningún tribunal”, subrayó.
Por último, la organización destacó que la familia de Micaela sostuvo el reclamo durante casi una década, frente a las demoras y los reveses judiciales, y ratificó su acompañamiento a la familia y al equipo de querella. “Justicia es que no vuelva a pasar”, concluyó la Asamblea Feminista, con la consigna: “¡Micaela García presente!”.