“El derecho internacional avanza pero prevalece la impunidad”

La investigadora presenta el libro ilustrado “Plan Cóndor. Viejos secretos y nuevos hallazgos”, que busca abrir el tema a nuevos públicos. Su trabajo excedió la academia, la llevó a declarar como experta en los juicios de lesa humanidad y derivó en el hallazgo de un avión de la Armada usado para trasladar prisioneros de un país a otro.

Fecha/Hora: 16/11/2026 09:10 Cód. 112649 Tiempo de lectura: 12.45 minutos.
¿Cómo se cuenta el horror a las nuevas generaciones? ¿Cómo transformar legajos judiciales interminables, investigaciones académicas y archivos desclasificados en un relato capaz de interpelar a una generación que se informa por reels de menos de un minuto? Ese tipo de preguntas guiaron el derrotero reciente de Francesca Lessa, doctora en Relaciones Internacionales, docente e investigadora italiana que dedicó el último cuarto de siglo a desentrañar los mecanismos de la impunidad y la justicia en América del Sur.

Nacida en un pequeño pueblo de la región del Piamonte, con una educación marcada por las políticas públicas de memoria sobre la resistencia partisana y la persecución judía, Lessa llegó al Río de la Plata con una obsesión teórica: comprender la contradicción entre un andamiaje internacional de derechos humanos cada vez más robusto y la persistencia de la impunidad para los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Lo que comenzó en 2005 como una tesis doctoral comparativa entre los caminos divergentes de Argentina y Uruguay derivó en el seguimiento cuerpo a cuerpo del histórico juicio por el Plan Cóndor iniciado en Buenos Aires en 2013. Lessa terminó participando como investigadora experta en los procesos judiciales vinculados a los crímenes transnacionales que fueron su objeto de estudio.

En este diálogo con Página/12, Francesca Lessa reflexiona sobre los obstáculos que permanecen en la búsqueda de justicia, la singularidad de la experiencia argentina en un contexto que busca frenar este proceso y la urgencia de encontrar nuevos lenguajes para mantener viva la memoria, a medio siglo de la creación del Plan Cóndor.

—Sos italiana y te especializaste en el Plan Cóndor. ¿Cómo llegaste a este objeto de estudio?

—Ya para mi tesis de doctorado me había enfocado en las políticas de memoria, verdad y justicia de forma comparativa entre Argentina y Uruguay. Y en esa primera etapa de investigación doctoral me había topado de frente con el Plan Cóndor, lógicamente, pero no era el momento para profundizar en ello; todo lo otro que estaba analizando ya era demasiado abarcador y complejo. Fue a fines de 2012 que me escribió quien hoy es una querida amiga, una uruguaya sobreviviente del centro clandestino de detención Automotores Orletti. Me contaba que al año siguiente, en 2013, iba a comenzar un juicio penal muy importante acá, en Buenos Aires. Por primera vez en la historia, un proceso judicial iba a investigar específicamente los crímenes del Plan Cóndor como una asociación ilícita transnacional.

—Para ella representaba un hito histórico en lo personal...

—Absolutamente. Ella me avisó conmovida porque, por primera vez en su vida desde que había sido secuestrada, brutalmente torturada y finalmente liberada, su denuncia iba a ser formalmente investigada por la justicia. Era un momento bisagra en su biografía. Para mí, que en ese entonces vivía en Inglaterra, el panorama de qué juicios estaban por comenzar en el Cono Sur no era tan nítido. Me dio un aviso fundamental. Logré tramitar una postulación para un pequeño financiamiento en la universidad, y así pude viajar y escuchar algunas de las audiencias.

—¿Cómo fue tu primera experiencia en una sala de juicios de lesa humanidad en Argentina?

—Fue un impacto tremendo. Yo vengo de un pueblo piamontés superchico en Italia, donde el tribunal más cercano queda a unos 100 kilómetros. Nunca en mi vida había pisado un tribunal. En mi región, Piamonte, afortunadamente hay mucha política pública de memoria en las escuelas, sobre la resistencia partisana, la persecución al pueblo judío, una sensibilización social fuerte. Pero claro, una cosa es la memoria escolar y otra muy distinta es presenciar un juicio penal de esa escala. Cuando entré a la sala fue una experiencia conmovedora, disruptiva. Sentí de inmediato que era imposible hacer una investigación profunda sobre ese juicio permaneciendo en el Reino Unido. Había que estar acá, poner el cuerpo, ir a las audiencias que se celebraban dos o tres veces por semana. Así que se dieron varias circunstancias que me permitieron instalarme y trabajar desde Buenos Aires, llevando adelante la investigación académica en tiempo real, con el desarrollo de las audiencias.

—¿Qué inquietud teórica inicial te llevó a elegir el laberinto de la impunidad, en lugar de cualquier otro tema disponible en las Relaciones Internacionales?

—Lo que me desvelaba intelectualmente era entender por qué, a pesar de la existencia de tantos convenios internacionales, de tantos organismos, cortes, comités y declaraciones —es decir, toda la estructura jurídica sofisticada que se construyó a nivel global tras la Segunda Guerra Mundial para la promoción y protección de los derechos humanos—, lo más común y prevalente seguía siendo la impunidad. Había avances innegables, por supuesto, pero la brecha entre la norma y la realidad era enorme. Cuando empecé a hacer los primeros mapas de casos en 2005, la experiencia de América del Sur saltó de inmediato como un mapa insoslayable.

—¿Cómo trabajaste en una investigación que abarca varios países?

—En un momento de la investigación decidí mudarme de Buenos Aires a Montevideo para procesar el material uruguayo. Estando allí, en el año 2017, fui amenazada de muerte junto a otros militantes, abogados y autoridades vinculadas a los derechos humanos, un episodio muy oscuro. La Universidad de Oxford, donde yo trabajaba, determinó que no podía garantizar mi seguridad, por lo que me ordenaron regresar de inmediato a Buenos Aires. Esa amenaza nunca se aclaró en su momento, y lamentablemente sigue sin aclararse hoy. Debido a ese incidente y a la complejidad de la causa, terminé quedándome en Buenos Aires más de tres años. Jamás estuvo en el plan original, pero ese tiempo extra fue lo que me permitió completar la investigación de manera exhaustiva.

—¿Cómo se pasa de una investigación estrictamente académica a la creación de herramientas de divulgación?

—Entre 2021 y 2022 procesé todo el material. Primero publiqué un libro académico tradicional sobre el Plan Cóndor, que salió inicialmente en inglés y luego se tradujo al español. Paralelamente, empecé a conversar con compañeros de Uruguay, particularmente con Mariana Risso y Rodrigo Barbano, que gestionan una plataforma extraordinaria llamada sitiosdememoria.uy. Esa página recopila minuciosamente datos sobre la dictadura uruguaya, los centros de detención y los procesos judiciales. Pensamos que sería una gran idea crear una especie de “hermana menor” de esa web, pero enfocada exclusivamente en el Plan Cóndor, utilizando como insumo la gigantesca base de datos que yo había armado en mis años de investigación. Queríamos poner a disposición todo ese conocimiento acumulado. Tuvimos que hacer una selección rigurosa porque algunos documentos de archivo tienen restricciones legales de privacidad, pero todo lo que era pasible de ser liberado de forma gratuita y abierta, lo subimos. La web hoy cuenta con una base de datos interactiva de víctimas, de juicios, de sitios clandestinos de detención y documentos históricos.

—¿Y cómo surge un libro ilustrado como Plan Cóndor, que tiene más de artístico que de académico?

—Queríamos crear recursos pedagógicos disruptivos para que nuevos públicos, sobre todo los jóvenes, se acercaran a un tema que muchas veces se percibe como lejano o encapsulado en el lenguaje técnico de los abogados. Decidimos diseñar líneas de tiempo interactivas y piezas audiovisuales. Ahí es donde nos cruzamos con Sebastián Santana. Yo conocía su trabajo y me había impactado su audiovisual En esta casa. Era un corto breve que narraba la historia de la casona de Boulevard Artigas y Palmar, en Montevideo, que funcionó como sede del Servicio de Inteligencia Militar uruguayo. En su sótano operó un centro clandestino por donde pasaron muchos compatriotas secuestrados en Buenos Aires, en Orletti, y trasladados a Uruguay en los vuelos clandestinos.

—En uno de esos videos rescatan historias muy sensibles sobre niños y niñas que fueron víctimas directas.

—Recuperamos tres casos emblemáticos de apropiación. Uno es el de los hermanos Anatole y Victoria Julien, secuestrados en Buenos Aires en 1976 junto a sus padres, trasladados clandestinamente a Montevideo y luego a Chile, donde fueron literalmente abandonados en una plaza pública en Valparaíso. En 1979 se convirtieron en los primeros niños recuperados por sus familias biológicas. El video también narraba el nacimiento en cautiverio y la apropiación de Macarena Gelman. Cuando nos planteamos con Mariana y Rodrigo cómo innovar en la comunicación, me acordé de la potencia de ese video.

—¿Cómo terminaron transformando esos videos en un libro ilustrado?

—Cuando terminamos la producción y lanzamos la plataforma web, nos sentamos con Sebastián a mirar el inventario de su trabajo. Tenía hechas casi 300 ilustraciones bellísimas y desgarradoras para los videos, pero solo habíamos usado unas 100. Nos miramos y dijimos: “¿Qué hacemos con las otras 200 ilustraciones? Es un patrimonio artístico inmenso, no podemos dejar que se quede arrumbado en un disco rígido. A los dos nos apasionan los libros, así que la idea decantó sola.

—¿Qué cambios hubo en este pasaje de formato?

—Primero, hicimos un procedimiento inverso al habitual: escribimos a partir de los dibujos. Y agregamos dos historias que considero metodológicamente cruciales. La primera es el caso de Jorge Fuentes Alarcón, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno, y Amílcar Santucho, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) argentino. Ambos fueron secuestrados en Asunción del Paraguay en mayo de 1975, meses antes de que Manuel Contreras convocara a la reunión fundacional de Cóndor en Santiago, en noviembre de ese año. El seguimiento de sus detenciones, el intercambio de información entre las inteligencias de Paraguay, Argentina y Chile, y el posterior traslado clandestino de Fuentes Alarcón a Villa Grimaldi demuestran que Cóndor no nació de la nada en una mesa; existió una “prueba piloto”, un plan operativo previo que aceitó los mecanismos criminales que luego se institucionalizaron. El otro caso que sumamos es de 1977 y aborda la represión coordinada en paralelo entre Buenos Aires y Santiago contra militantes de los Partidos Comunistas de ambos países. Es una historia alucinante, con ribetes casi cinematográficos por el nivel de osadía de los enlaces represivos, y que tiene un anclaje de estricta actualidad porque varias de las víctimas de ese operativo están siendo juzgadas ahora mismo en Buenos Aires, en el marco del juicio Orletti-Pomar. La memoria no es una foto fija del pasado, es un proceso vivo que se sigue escribiendo en los tribunales y en las aulas, todos los días.

—Después de investigar tanto sobre el Plan Cóndor, ¿qué le sigue impactando?

—Desde mi formación en Relaciones Internacionales, la paradoja de la soberanía. Siempre se dice que los Estados son sumamente celosos de su territorio y evitan cualquier interferencia externa, especialmente en el ámbito militar o de seguridad. Y aquí vemos a países con rivalidades históricas, como Argentina y Chile, que de repente deciden suspender sus fronteras por una supuesta “causa superior”. Permitieron que agentes de inteligencia y militares extranjeros operaran libremente en sus territorios durante años, fusionaron incluso sus estructuras y pedagogías militares. Esa armonía trasnacional nunca se replicó en el plano judicial, los Estados jamás tuvieron esa misma fluidez para cooperar ni intercambiar archivos o pruebas.

Y lo otro que me conmueve es la persistencia de las denuncias. Al mismo tiempo en que empezaba a funcionar esa maquinaria transnacional, los familiares y sobrevivientes ya la estaban denunciando ante la ONU, la Comisión Interamericana o Amnistía Internacional. En marzo de 1977, el periodista uruguayo Enrique Rodríguez Larreta ya estaba dando una conferencia de prensa en Londres junto a Amnistía Internacional, contando su secuestro en Buenos Aires y su traslado clandestino a Montevideo. Mientras los Estados se pasaban la pelota y nadie quería hacerse cargo de los desaparecidos extranjeros, fueron los familiares, sobrevivientes y abogados quienes tejieron una red de resistencia transnacional. Gracias a ese empuje incansable hoy existen más de 50 juicios sobre la coordinación represiva en toda la región, incluido el de Roma. Así como hubo redes para el horror, también existieron redes muy potentes para resistir y exigir justicia.

Cómo un ilustrador encontró un avión de la Armada

En julio de 2022, mientras Sebastián Santana buscaba documentarse para ilustrar las piezas audiovisuales de la plataforma plancondor.org (que luego serían parte del libro que hizo con Francesca Lessa), se topó de frente con una prueba material histórica insospechada.

Santana investigaba la iconografía de un avión birreactor de la Armada Argentina que, según constaba en los célebres “Archivos del Terror” descubiertos en Paraguay, había sido utilizado en mayo de 1977 para trasladar clandestinamente desde Asunción hacia Buenos Aires a los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde, y a los argentinos José Nell, Dora Landi y Alejandro Logoluso, quienes permanecen desaparecidos.

Buscando dibujar el avión con precisión obsesiva, Santana siguió los rastros de la matrícula militar del Hawker Siddeley HS-125 modelo 400 B que entre 1976 y 1978 también había operado como el transporte VIP de Emilio Eduardo Massera e hizo un rastreo de su derrotero por internet. Así localizó el avión abandonado en el Aeropuerto Internacional de Melilla, en las afueras de Montevideo, a solo 20 kilómetros de su propia casa.

En 2024 las pericias oficiales confirmaron que, efectivamente, la estructura oxidada de Melilla era el avión del circuito criminal. Ese avión es hoy evidencia material de la logística transnacional de Cóndor, parte de los recursos militares que las dictaduras compartían para el traslado de prisioneros políticos. Hace dos años y medio que el Estado argentino incumple la orden judicial de su repatriación.

* Plan Cóndor. Viejos secretos y nuevos hallazgos se presentará el próximo martes 1 de diciembre, a las 19, en Río Patio Cultural (Río de Janeiro 28). Conversarán con Francesca Lessa la socióloga Claudia Bacci; Adrián Grünberg, integrante del Tribunal Oral Federal 1; Nuria Piñol, de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal; la historiadora Melisa Slatman y el ilustrador Istvan Schritter (Istvansch).

Aquella experiencia en los tribunales federales transformó su perspectiva. Lo que iba a ser una estancia de seis meses se convirtió en un arraigo de más de tres años. Lessa siguió los juicios de lesa humanidad en Argentina y recorrió archivos en Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. En Montevideo, su investigación tocó fibras tan sensibles que en 2017 debió abandonar el país bajo amenazas de muerte. Tras publicar su trabajo académico, fue por más. Unió fuerzas con los realizadores de la plataforma uruguaya sitiosdememoria.uy para sistematizar y democratizar el acceso a los datos de las víctimas del terrorismo de Estado transnacional. Así surgió el sitio plancondor.org.

Con la idea de sumar una serie audiovisual sobre el Plan Cóndor, convocaron al ilustrador Sebastián Santana. Su trabajo derivó en un hallazgo impensado: buscando referencias para sus dibujos, Santana localizó en Montevideo un avión de la Armada Argentina usado en los vuelos clandestinos, hoy prueba clave en Comodoro Py. De esta iniciativa nació el libro álbum Plan Cóndor. Viejos secretos y nuevos hallazgos, que tras editarse en Uruguay llega a Argentina y Chile publicado por editorial LOM, enriquecido con casos emblemáticos como el de Amílcar Santucho y el chileno Jorge Fuentes Alarcón, cuyo secuestro en Paraguay es considerado el “plan piloto” de la red criminal trasnacional.